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Guerrero y la nueva guerra sucia
Luis Hernández Navarro
L

a tarde del sábado 16 de noviembre, los campesinos Juan Lucena Ríos y José Luis Sotelo Martínez llegaron en una camioneta Estaquitas Nissan blanca a una reunión en Atoyac, estado de Guerrero. Un hombre los esperaba. Nada más reconocerlos les disparó, con una pistola calibre 9 milímetros, cuatro certeros balazos a cada uno. Los dos murieron. El pistolero se dio a la fuga.

Juan y José Luis eran representantes de la comunidad de El Paraíso, en la que viven unas 6 mil personas. Enclavada en el corazón de la región caficultora de la Costa Grande, muchos de sus habitantes se dedican al cultivo del aromático. Cerca de allí se siembra amapola. La producción de mariguana se abandonó, porque ya no es negocio. La Familia y Nueva Generación disputan el territorio.

Los líderes de El Paraíso fueron asesinados un día antes de anunciar la formación de una policía comunitaria. Querían enfrentar con sus propias manos, como han hecho tantas otras comunidades, al crimen organizado. Apenas hacía poco más de un mes, la hija de 27 años de Sotelo Martínez fue secuestrada por un grupo lumpen, al que llaman Los Rojos, presuntamente asociado con el cártel de los Beltrán Leyva. Cerca de 300 vecinos tomaron las armas y la rescataron. Concluyeron que no tenían de otra más que defenderse a sí mismos.

Las lluvias causadas por la tormenta Manuel y el huracán Ingrid dañaron los cafetales y causaron graves destrozos en El Paraíso. Juan y José Luis eran los dirigentes del poblado. Además de promover la autoprotección, luchaban por conseguir apoyos para compensar las pérdidas de los cafetos, y en contra de la pretensión del gobierno estatal de reubicar el poblado en otros terrenos, distantes de su asentamiento actual.

Juan y José Luis no son los únicos líderes sociales asesinados durante el gobierno del perredista Ángel Aguirre Rivero. Hasta el momento van 17 representantes populares liquidados. En este registro se encuentran, entre otros, Rocío Mesino, líder de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS), ultimada el pasado 19 de octubre, después de anunciar la formación de una policía comunitaria en Atoyac. También Ana Lilia Gatica y su compañero Luis Olivares, dirigentes de la Organización Popular de Productores de la Costa Grande (OPPCG), ejecutados extrajudicialmente el 10 de noviembre. En la inmensa mayoría de los casos no se ha procesado a los responsables de los crímenes.

La saga de sangre del gobernador Aguirre comenzó con el violento desalojo de jóvenes normalistas de Ayotzinapa, el 12 de diciembre de 2011. En esa operación murieron, a consecuencia de disparos de la policía, los estudiantes Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús.

Estos crímenes, presumiblemente cometidos por los grupos de poder local, no son hechos aislados. Las regiones del estado con mayor tradición de autorganización popular se han semimilitarizado. Con el pretexto de la cruzada contra el hambre, las fuerzas armadas han abierto en la Montaña comedores populares, y sometido a la población civil a rigurosos controles.

Simultáneamente región productora, consumidora y de tránsito de estupefacientes, en Guerrero se ha fortalecido el crimen organizado, al tiempo que, como en el caso de El Paraíso, disputa rutas, mercados y territorios. Irónicamente, mientras el Ejército y la policía concentran sus operaciones en la entidad en tareas de contrainsurgencia, los cárteles de la droga crecen y actúan con mayor la impunidad.

La represión gubernamental se ha cebado contra las policías comunitaria y ciudadana. El pasado 21 de agosto comenzó una ofensiva policiaca y militar que ha llevado a la cárcel a más de 40 integrantes de la policía comunitaria. Actualmente permanecen presos la defensora comunitaria Nestora Salgado, comandanta de la policía comunitaria en Olinalá, y 12 defensores de la justicia comunitaria e integrantes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC). Once de ellos pertenecen al pueblo Na savi, y dos son mestizos. A algunos se les ha acusado de ser secuestradores y terroristas. A varios se les ha enviado a penales fuera del estado.

Las policías comunitarias y ciudadanas en la entidad son una creación de los pueblos indios de Guerrero ante la creciente inseguridad en sus regiones, que les ha permitido defenderse. Ellos han puesto al descubierto la relación que existe en varios municipios entre funcionarios públicos, fuerzas del orden y crimen organizado.

Hasta hace poco, la autorganización de las comunidades para su defensa tenía en la Ley 701 un asidero jurídico. La norma reconocía el sistema de seguridad y justicia comunitaria. Sin embargo, recientemente el Congreso estatal recibió línea del gobierno federal para aprobar una nueva legislación que atenta contra los derechos de los pueblos indígenas y crea cuerpos policiacos absolutamente obsoletos, que desnaturalizan la experiencia de los policías comunitarios y ciudadanos.

Esta ofensiva contra las policías comunitarias ha sido justificada diciendo que son organismos fachadas de las guerrillas. El almirante retirado y ex comandante de la octava Zona Naval con sede en Acapulco y ahora secretario de Seguridad Pública del estado, Sergio Lara Montellanos, dijo a Proceso que las organizaciones político-armadas están aprovechando el contexto de inseguridad y violencia para organizar procesos de índole política e ideológica con el propósito de generar inestabilidad social en la entidad.

En Guerrero se está regresando a los años de la guerra sucia que se vivió entre fines de los setenta y comienzos de los ochenta, en la que se involucró al Ejército en actos contrarios al honor, la ética y la justicia. Y este retorno se está haciendo bajo un gobierno encabezado formalmente por el PRD. El país todo vive aún las con­secuencias de ese vergonzoso episodio de nuestra historia. Más nos valdría no repetirlo.

Twitter: @lhan55

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