Un tribunal federal ordenó la reinstalación inmediata y el pago de salarios caídos a un soldado raso que fue dado de baja del Ejército mexicano y contra quien se libró una orden de aprehensión por presunta deserción del servicio militar, tras considerar que las autoridades castrenses violaron los derechos humanos del quejoso e incurrieron en imputaciones falsas.

El séptimo tribunal colegiado en materia penal de la ciudad de México, al resolver el juicio 793/2009, ordenó la inmediata reinstalación del soldado de artillería Marino Gutiérrez, quien después de un accidente que sufrió en 2009 fue acusado de deserción y dado de baja de las fuerzas armadas.

Tras cuatro año de defenderse en tribunales mexicanos el soldado demostró que, después de sufrir una caída en las instalaciones del Ejército Mexicano (que le provocaron problemas neurológicos y convulsiones repentinas), fue señalado por sus superiores jerárquicos como elemento problemático.

Según consta en la sentencia, a la que tuvo acceso La Jornada, se otorgó el amparo y protección de la justicia federal al militar luego de quedar claro que se ausentó en diversas ocasiones de sus deberes como soldado de artillería debido a problemas médicos, y las autoridades castrenses, lejos de respetarle su derecho humano a la salud, lo presionaron para que ya no continuara dentro de la institución.

De las constancias se aprecia violación flagrante al derecho a la salud y una presión que perjudicó el libre desarrollo laboral del quejoso, concluyó el tribunal colegiado al amparar a Gutiérrez.

Los problemas para el soldado Gutiérrez comenzaron en 2009, cuando acudió por la mañana a los baños del regimiento militar en el que estaba adscrito y por un mal paso sufrió una caída que le hizo perder el conocimiento de manera inmediata.

Por el accidente faltó en diversas ocasiones durante 2009 y sin apoyos fue acusado de deserción injustificada.