El uso de vallas metálicas para aislar las cámaras de senadores y diputados de las protestas contra la reforma energética no sólo implicaron una violación al derecho de las personas al libre tránsito y a la manifestación, sino también un símbolo represivo que coartó de facto cualquier posibilidad de diálogo con los inconformes, como parte de la estrategia de criminalización del descontento, señaló Adrián Ramírez, coordinador de la Liga Mexicana en Defensa de los Derechos Humanos (Limeddh).

Desde las manifestaciones del 1º de diciembre de 2012 contra la asunción de Enrique Peña Nieto, pasando por otras movilizaciones, como las del 10 de junio y 2 de octubre pasados, las vallas se han convertido en un elemento más de la persecución de los colectivos sociales, cuyos integrantes han sido sometidos cada vez con mayor fuerza a detenciones arbitrarias y procesos jurídicos amañados, lamentó el activista.

Estamos ante un hecho muy grave, que es la utilización de diversas actividades para limitar los derechos civiles y políticos de los mexicanos que se manifiestan de manera pacífica contra el cheque en blanco que significan las reformas promovidas en el Pacto por México, agregó.