Política
Ver día anteriorLunes 16 de diciembre de 2013Ver día siguienteEdiciones anteriores
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Energía y cambio climático en la UE
Iván Restrepo
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egún la mayoría de los ministros del Medio Ambiente de los 28 países que conforman la Unión Europea (UE), urge reorientar la política energética de ese bloque político-económico, si desean ser líderes de la batalla contra el cambio climático. Sostienen que es posible obtener la sostenibilidad, el crecimiento, sin dejar de competir a escala mundial frente a China y Estados Unidos y sin aplazar las medidas para contrarrestar los efectos del aumento de temperatura en el planeta.

Para lograrlo se necesita reducir muchísimo más, y lo más pronto posible, las emisiones de contaminantes. Abogan, entre otras cosas, por el crecimiento verde basado en las energías renovables capaces de estimular un boom de las exportaciones de nuevos productos y tecnologías a un mercado que necesita de ellas.

Se trata de lograr que la industria europea compita internacionalmente mediante procesos de ahorro de energía a la vez que reduce la dependencia cada vez mayor del petróleo y el gas procedentes de regiones inestables, como Medio Oriente y algunos estados que formaron parte de la Unión Soviética.

El impulso a las energías renovables exigiría inversiones millonarias, pero el sector privado cuenta con dinero suficiente para ello, si se le garantiza seguridad y esquemas tecnológicos viables. De todas formas, lo que se invierta en tecnologías limpias resulta muchísimo más favorable que dejar que prosigan los efectos nocivos del cambio climático.

Lo más provechoso desde cualquier punto de vista es, aseguran los ministros, fomentar las inversiones y reducir las emisiones al menor costo posible. Esta sería la plataforma con la que la Unión Europea desea presentarse en la Cumbre del Clima de París en 2015 y donde, después de tantos fracasos, se espera obtener el primer auténtico acuerdo global del clima.

Mientras tanto, reportes recientes sobre los problemas derivados de un ambiente nada sano muestran, por ejemplo, que las ciudades europeas padecen altos niveles de contaminación atmosférica, muy por arriba de lo que la Organización Mundial de la Salud considera perjudiciales para la salud pública. Lo anterior, pese a los avances logrados los últimos años en controlar las emisiones provenientes especialmente del parque vehicular y de las industrias más contaminantes.

Eso es lo que sostiene la Agencia Europea del Medio Ambiente. Calcula que 90 por ciento de la población urbana del continente respira concentraciones contaminantes que perjudican su salud. Destaca el caso de las partículas y el ozono, que siguen provocando asma, problemas en el aparato respiratorio, enfermedades cardiovasculares y reduciendo la esperanza de vida. Considera que esos problemas son mucho peores de lo que se creía según muestran las investigaciones médicas recientes.

Los reportes de los centros especializados denuncian, por ejemplo, los graves daños que ocasionan las partículas finas, PM2.5.

Éstas se originan especialmente en los motores de los vehículos de todo tipo que circulan por las ciudades. Las investigaciones médicas señalan sus efectos en los sitios más conflictivos de tránsito. Por ello, la necesidad de medidas más estrictas. Europa permite una media anual de 25 microgramos por metro cúbico; la OMS dice que deben estar por debajo de 10. Y en cuanto al ozono, las medidas deben ir en el mismo sentido para evitar que cada año la contaminación mate a 400 mil personas, 10 veces más que por accidentes de tránsito.

En México esas partículas, el ozono y el dióxido de azufre forman una mezcla contaminante que afecta a millones en las principales ciudades. Las estadísticas epidemiológicas no muestran lo que en verdad ocurre y son muy pocos los estudios para medir los daños que sufre la población. Las promesas de ofrecer hidrocarburos más limpios no se cumplen, las normas sobre contaminantes están obsoletas; cada vez más crece el consumo de hidrocarburos y las energías alternas van a paso de tortuga. La prioridad gubernamental y de los legisladores no es, como presumen, proteger la salud pública o lograr la sostenibilidad. Es entregar el petróleo a las trasnacionales y sus socios locales.

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