Economía
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México SA

EPN: decreto suavizador

Fisco al servicio del capital

Salaverna: historia de terror

Carlos Fernández-Vega
E

n el cuento de nunca acabar, la poderosa reforma fiscal que haría pagar más a quienes ganan más (Videgaray dixit) registró el tradicional giro de última hora –cortesía del inquilino de Los Pinos en turno– para beneficiar más, como siempre, a quienes pagan menos impuestos o de plano no los pagan. ¿Y quiénes son los que apapacha el decreto presidencial que suaviza el reformón aprobado por el Congreso? Pues los que cada año reporta la Auditoría Superior de la Federación como los favorecidos por, primero, el otorgamiento de créditos fiscales y, enseguida, la cancelación de los mismos, es decir, los grandes corporativos que consolidan fiscalmente y hoy reciben nuevos estímulos.

Resulta que una semana antes de entrar en vigor (primero de enero de 2014) los cambios fiscales propuestos por el inquilino de Los Pinos y aprobados por el Congreso, “el presidente Enrique Peña Nieto rasuró la reforma hacendaria con la que se pretendía aumentar la recaudación fiscal y eliminar los regímenes especiales, a través de un decreto fechado el pasado 23 de diciembre y publicado ayer en el Diario Oficial de la Federación. Empresas de los sectores minero, aéreo, turístico, que fabrican la llamada comida chatarra y bebidas azucaradas, importadores de turbosina y hasta de chicles y jugos, así como asociaciones donatarias que manejan fideicomisos, serán beneficiadas con estímulos fiscales de hasta de ciento por ciento del impuesto causado y facilidades administrativas que les permitirá cubrir sus obligaciones en abonos. Todo, con la justificación de atenuar el impacto de los nuevos gravámenes y atendiendo las insistentes demandas de los empresarios” (La Jornada, Susana González, Juan Antonio Zúñiga y Julio Reyna).

De ese tamaño: el gobierno entrante armo el show para que todos creyeran que domaría a los poderosos hombres de negocios que controlan México, para que al final de cuentas éstos resulten más beneficiados de lo que ya estaban. ¿Quién fue el brillante estadista que definió a la democracia mexicana como aquella que está al servicio de, para y por los empresarios? ¿Fue Vicente Fox o Enrique Peña Nieto? Qué más da, si para el efecto es exactamente lo mismo. ¿Y dónde quedó Luis Videgaray, quien aseguraba que la Secretaría de Hacienda está preparada para enfrentar los amparos que la iniciativa privada interpondrá contra la reforma fiscal, que es justa y progresiva? Pues en el discurso, porque en los hechos, como siempre, se doblan a la primera.

Allá por marzo de 2007, la Auditoría Superior de la Federación documentó y denunció que los créditos fiscales (producto del incumplimiento de los contribuyentes) sumaban alrededor de 500 mil millones de pesos (en su mayoría impuesto sobre la renta), de los que prácticamente nada se recuperaría (el monto rescatado representó menos de una décima de punto porcentual del total). Con Fox en Los Pinos, el saldo se duplicó, y se concentraba en unos cuantos consorcios (bancos, constructoras, mineras, ingenios azucareros, transportistas, empresas de entretenimiento y comunicaciones, de alimentos, cuatro clubes de futbol, una compañía editorial, dos cadenas de televisión, y hasta un partido político). Por ley, la ASF no puede revelar los nombres de los beneficiarios, pero en este país aficionado a la concentración del poder y la riqueza no es difícil saber quiénes son. Por si fuera poco, todos ellos obtuvieron devoluciones de impuestos.

Destapada la cloaca, el gobierno calderonista de inmediato arregló la situación: en abril de ese mismo año la Secretaría de Hacienda publicó un acuerdo (JG-SAT-IE-3-2007) en el Diario Oficial de la Federación, por medio del cual autorizó la condonación total o parcial de los créditos fiscales consistentes en contribuciones federales cuya administración corresponda al Servicio de Administración Tributaria, cuotas compensatorias, actualizaciones y accesorios de ambas, así como las multas por incumplimiento de las obligaciones fiscales federales distintas a las obligaciones de pago, a que se refiere el artículo séptimo transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007.

Para el cierre de 2011, dicho saldo se aproximó a 685 mil millones de pesos, y año tras año, sin importar a qué partido político pertenezca el inquilino de Los Pinos en turno, se repite el ejercicio: se cancelan los créditos fiscales a los grandes corporativos, y la fiesta sigue adelante para los selectos invitados. Eso sí, la autoridad fiscal se niega a informar detalladamente sobre los beneficiarios, porque, dice, sería ilegal.

Pasa el tiempo, reformas van reformas vienen, y lejos de corregirse la afectación al erario, el numerito goza de cabal salud. Así, a escasas semanas de su aprobación, la reforma fiscal que haría pagar más a quienes ganan más es rasurada, suavizada, o como se le quiera llamar para que los consorcios de siempre sean beneficiados con estímulos fiscales de hasta de ciento por ciento del impuesto causado y facilidades administrativas que les permitirá cubrir sus obligaciones en abonos. Todo, con la justificación de atenuar el impacto de los nuevos gravámenes y atendiendo las insistentes demandas de los empresarios. Eso sí, para los causantes de a pie ni la más mínima consideración. Por el contrario: para ellos, todo el peso del Estado.

Y sobre esto último desde Zacatecas llega la terrorífica noticia (Alfredo Valadez Rodríguez): la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales autorizó a la empresa Minera Tayahua, filial de Grupo Frisco, de Carlos Slim Helú, explotar a tajo abierto la mina de cobre subterránea que se encuentra en la comunidad de Salaverna, municipio de Mazapil. El proyecto empezará a operar en 2014 e implica la expulsión de 20 familias que durante dos años rehusaron dejar su comunidad. El área de explotación abarca 300 hectáreas e incluye la apertura de un tajo de más de 40 hectáreas y 230 metros de profundidad. La nueva mina de Carlos Slim produciría diariamente 42 toneladas métricas de cobre catódico con pureza de 99.99 por ciento, de alto valor industrial. El 15 de enero de 2013, Minera Tayahua presentó para evaluación de la Semarnat el manifiesto de impacto ambiental de su proyecto. El 3 de octubre siguiente, la dependencia federal autorizó la nueva mina en Mazapil, ubicada a 15 kilómetros de la mina de oro Peñasquito, de la canadiense Goldcorp, también a tajo abierto.

Así de fácil: en esta República concesionada con la mano en la cintura se expulsa a los 320 habitantes de Salaverna, porque sólo importan los negocios.

Las rebanadas del pastel

Un fuerte abrazo para Marianita en su 12 aniversario.

Twitter: @cafevega

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