Los incentivos fiscales y facilidades en el pago de los impuestos, decretados por el Ejecutivo Federal, complacieron a dirigentes empresariales y generaron críticas entre analistas que consideraron que sólo benefician a unos cuantos sectores, lo que hace pensar que el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto reculó o cedió a sus presiones.

Publicado el jueves pasado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el decreto presidencial compila una larga lista de beneficios fiscales y medidas de simplificación administrativa para el pago del impuesto al valor agregado (IVA), impuesto sobre la renta (ISR) y el impuesto especial de producción y servicios (IEPS) para diversos sectores, entre los que destacan el minero, aéreo, turístico, fabricantes de comida chatarra y bebidas azucaradas, importadores de turbosina y hasta de chicles y jugos, que recibirán estímulos fiscales de hasta de ciento por ciento en alguno de los gravámenes o la facilidad de que los cubran en abonos.

Gerardo Gutiérrez Candiani y Juan Pablo Castañón, dirigentes del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), entrevistados por La Jornada, rechazaron que los cambios rasuren o suavicen la reforma hacendaria aprobada en noviembre por el Congreso de la Unión.

Son modificaciones que responden a un diálogo entre autoridades y empresarios para poder adecuar el espíritu de la ley a la realidad económica del país, aseveró Castañón, en una primera y muy general opinión sobre el tema ya que el decreto sorprendió a los dirigentes empresariales enmedio de las vacaciones de fin de año.

Categórico dijo que no se trata de matizar la reforma, y aseveró que ha habido mesas de diálogo donde se le ha explicado a la autoridad cuál es la realidad de cada industria y la autoridad ha comprendido que se necesitan contemplar los ciclos económicos.

De igual manera, Gutiérrez Candiani sostuvo que son correcciones para beneficio del país, no nada más para unos sectores, sino para proteger la planta productiva nacional, la inversión y el empleo... Lo que hemos dicho es que lo que se tenga que corregir, se tendrá que corregir, siempre con la visión de no proteger intereses particulares ni de grupo, sino en beneficio de la productividad y la competitividad. Una reforma fiscal tiene que ser promotora de todo ello.

Incluso advirtió que el CCE, el organismo cúpula del sector privado que aglutina a una docena de confederaciones, cámaras y asociaciones empresariales de los sectores industrial, comercio, agropecuario, bancario y asegurador, entre otros, presentará un análisis muy puntual sobre los efectos que tendrá la reforma, independientemente de los recientes cambios.

Ambos dirigentes elogiaron que se difiera el pago de impuestos, como el IEPS, porque las empresas que vendieron a crédito en la parte final de 2013, cobrarán hasta los primeros meses de 2014 y que se apoye al turismo de reuniones para visitantes extranjeros con la aplicación de la tasa cero del IVA.

Sobre este último punto por el que pugnaron tanto los empresarios turísticos, Jorge Hernández Delgado, nuevo presidente de la Confederación Turística de México y América Latina, indicó que es una buena noticia pues recordó que de no haberse dado marcha atrás en el gravamen Cancún y la Riviera Maya habrían perdido un millón de turistas al año, quienes en promedio gastan entre 800 y 900 dólares.

También se congratuló de que se otorgue a los importadores de turbosina un estímulo fiscal equivalente al 100 por ciento del IEPS, pues dijo que este combustible se vende 30 por ciento más caro en México respecto a otras naciones, lo que resta competitividad al país y al sector ya que aumentan las tarifas aéreas.

Discrecionalidad en beneficios y más modificaciones: instituto

En contraste con la visión empresarial, el economista José Luis de la Cruz Gallegos, director del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico (IDIC), aseguró que el decreto presidencial demuestra que la reforma hacendaria aprobada no fue la más adecuada en términos jurídicos y fiscales porque ahora se hacen concesiones que buscan atemperar los problemas que suscitó.

Manifestó que no queda claro cuál es el criterio del Ejecutivo federal para otorgar incentivos y facilidades fiscales y por qué se beneficia a determinados sectores y no a todos, por lo que se puede incurrir en la discrecionalidad. Tampoco se explica cuál será el impacto que tendrán estos cambios tanto en la recaudación como en el crecimiento y desarrollo económicos.

Al final de cuentas el gobierno sí cedió, reculó al menos en una parte de la reforma tal y como se aprobó. Busca aflojar un poco para tratar de que se vea mermada lo menor posible la inversión, la generación de empleos. Si ahora toma en cuenta criterios y observaciones empresariales lo que cabe cuestionarse es por qué no las contempló desde el principio del proceso y no a unos cuantos días de que la reforma entre en vigor. Así, el gobierno hace parecer que cedió a presiones y abre la puerta para que en los siguientes meses se hagan más ajustes, advirtió el especialista quien también fue fundador y director durante varios años del Centro de Investigación en Economía y Negocios (CIEN) del Tecnológico de Monterrey.

A su vez, Flavia Rodríguez y Maritza Rosales, subdirectora técnica y directora de desarrollo regional y competitividad de la consultoría Aregional, especializada en finanzas públicas, destacaron que aunque el decreto amplía plazos para el pago de IVA e ISR a diversos sectores no se trata de exenciones, sino sólo de facilidades de pago.

Del controvertido impuesto que se autorizó para gravar las regalías del sector minero –de 7.5 por ciento como derecho especial y de 0.5 por ciento como derecho extraordinario sobre la explotación de oro, plata y platino–, el Ejecutivo determinó que podrá pagarse de manera trimestral en lugar de un solo desembolso anual.

Las mineras no pagaban nada por la explotación de minerales, así que el que ahora paguen, aunque sea a plazos trimestrales, está bien, sostuvo Flavia Rodríguez y dijo que si se tratara de imponer nuevamente regímenes especiales, entonces no pagarían nada.

Si bien Maritza Rosales consideró que no hay una gran diferencia entre pagar anualmente o trimestralmente, acotó que las empresas mineras no tienen problemas de liquidez ni de capacidad de pago por las elevadas ganancias que obtienen. Previó que la facilidad que se les da para pagar los nuevos impuestos puede relacionarse con la creación del fondo regional sustentable, a fin de que estados y municipios afectados por la minería reciban paulatinamente los recursos y no cada año.

Rodríguez también justificó el pago a plazos del ISR hasta en tres años con el argumento de que las empresas venden a crédito y recordó que tan sólo en la campaña comercial El Buen Fin la mayoría de las ventas se hicieron con tarjeta de crédito hasta por 36 meses así que, dijo, es justo que paguen impuestos en la medida que les paguen sus productos.