Opinión
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TLCAN, dos décadas
El maíz mexicano, 20 años después
Ana de Ita
E

l campo mexicano ha cambiado sustancialmente durante los pasados 20 años y el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) ha sido pieza clave. Uno de los efectos más evidentes es la concentración e integración regional de la producción y los mercados en favor de firmas trasnacionales. El gobierno mexicano eliminó las empresas estatales de regulación que operaban en el sector agropecuario. El vacío que dejó el Estado fue aprovechado por trasnacionales subsidiarias de firmas estadunidenses, muchas de las cuales se vincularon a partir de fusiones o compra de acciones con las empresas mexicanas más fuertes. Sin regulaciones estatales ni protección, muchos de los pequeños productores comerciales y de las unidades campesinas de producción sucumbieron frente a la competencia con las exportaciones que inundaron el mercado doméstico. Los grandes productores empresariales, mejor dotados de tierra, riego, insumos, crédito, e incluso beneficiarios del grueso de los subsidios, aprovecharon las ventajas de la apertura para absorber una mayor porción del mercado interno.

Para México, la producción de maíz fue la piedra de toque en la negociación del tratado. El maíz es el cultivo más importante en cuanto volumen de producción, superficie sembrada y número de productores, además de ser el alimento básico de toda la población, pero no tiene ventajas comparativas frente a la producción de Estados Unidos y Canadá. En 1991 existían 3.1 millones de productores de maíz y, desde el enfoque de los diseñadores de las políticas, la actividad de 85 por ciento de ellos, con predios menores a cinco hectáreas, no sería competitiva; 4.7 millones de hectáreas deberían ser reconvertidas a otro cultivo y se dejarían de producir 7.1 millones de toneladas de maíz en esa superficie. La pequeña producción campesina de maíz debía desaparecer, a pesar de que aportaba más de la mitad de la producción nacional, aunque destinaba la mitad de ella para autoconsumo.

Sin el consenso de la sociedad civil, el gobierno mexicano acordó la liberalización del maíz en el tratado y argumentó haber conseguido una protección extraordinaria por 15 años con aranceles altos y cuotas de importación reducidas. Pero a partir de 1996, el gobierno mexicano realizó dumping contra los productores nacionales de maíz al eliminar unilateralmente la protección acordada, para favorecer a las comercializadoras trasnacionales como Cargill, Archer Daniels Midland, Corn Products International, Arancia, Maseca, Minsa, quienes controlan actualmente el mercado mexicano de maíz. La reducción unilateral de los aranceles también fue una concesión a los productores de ganado vacuno, porcino y pollo –crecientemente integrados con sus contrapartes de Estados Unidos– que utilizan el maíz como insumo para la fabricación de alimentos balanceados y piensos.

A pesar de las intenciones gubernamentales, la producción de maíz no sólo se ha mantenido, sino se ha duplicado entre 1989 y 2012 a partir del aumento de los rendimientos, al sobrepasar los 22 millones de toneladas, en una superficie sembrada relativamente constante de más de 7 millones de hectáreas. Sin embargo, sí ha ocurrido una mayor polarización de los productores maiceros. Los productores de riego, que producen con un paquete tecnológico similar al de Estados Unidos, con semillas comerciales, fertilizantes y plaguicidas químicos, y maquinaria agrícola para el cultivo de grandes extensiones, aportan actualmente más de 42 por ciento de la producción de maíz, cuando a finales de los 80 únicamente aportaban 25 por ciento. El volumen de producción de maíz en riego ha aumentado dos y media veces, aunque se concentra en sólo 40 mil unidades de producción. En contraste, la gran mayoría de unidades de producción de temporal, alrededor de 2.6 millones, han perdido importancia a pesar de que aportan todavía 57 por ciento de la producción y aumentaron su volumen en 50 por ciento, durante estos más de 20 años.

Las importaciones de maíz crecieron exponencialmente, alentadas por el gobierno mexicano desde 1996 y actualmente absorben 30 por ciento del consumo nacional de maíz. El grueso de las importaciones son de maíz amarillo destinado a la alimentación de ganado. En 1995 la crisis económica en la ganadería mexicana provocó la destrucción de gran número de explotaciones y la concentración del sector en grandes productores modernizados, integrados horizontal y verticalmente, y vinculados a las principales corporaciones productoras en Estados Unidos. El gobierno mexicano eliminó unilateralmente los aranceles que protegían a los productores nacionales de maíz para dotar al sector pecuario de maíz amarillo importado y barato para que pudiera competir con las importaciones de carne. Las importaciones de maíz sin arancel causaron la caída de los precios del maíz en el mercado interno y llevaron a la ruina a miles de productores. Mientras, las corporaciones pecuarias instaladas en el país, como Smithfield –líder mundial en la producción de puercos y responsable de la fiebre porcina H1N1–, Tyson, Pilgrims Pride y Cargill –en la de pollos–, así como IBP y Tyson –en la de res– aprovechan las ventajas de la falta de regulaciones ambientales y establecen explotaciones intensivas en el país para lanzarse a los mercados asiáticos, además de absorber el crecimiento del consumo interno.

Los maiceros mexicanos, primer eslabón de la cadena, son los perdedores netos del TLCAN, pero también la única posibilidad de soberanía alimentaria.

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