Acapulco, Gro., 4 de enero.

Con la asistencia de 2 mil representantes este sábado se inició el foro de autoevaluación de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (Upoeg) en la unidad deportiva del municipio de Ayutla de los Libres, en la región de Costa Chica.

La Upoeg acordó no dar ni un paso atrás para mantener su lucha contra la delincuencia organizada, que pretende tener de rodillas al pueblo, ante la negligencia mostrada por el gobierno para combatirla.

Así se conmemoró un año de la puesta en marcha del Sistema de Seguridad y Justicia Ciudadana (SSJC) como medida para contrarrestar los altos índices delictivos en municipios de la Costa Chica, Tecopana y Ayutla, Montaña Baja y Xaltianguis, municipio de Acapulco y Juan R. Escudero.

Los asistentes se dividieron en mesas de trabajo para discutir, entre otros, los temas de impartición de justicia, seguridad y cuarto orden de gobierno.

Este domingo concluirá el acto con las propuestas para mejorar el funcionamiento de la organización, cuyos objetivos, subrayaron los organizadores, van más allá de la seguridad y cuestiones policiacas de las comunidades, pues la Upoeg persigue la reconstrucción del tejido social, la recuperación de valores, el cobro de tarifas justas de energía eléctrica y la reconciliación de los pueblos.

En el acto participan líderes de organizaciones sociales, autoridades ejidales, comunales y de ayuntamientos, delegados, organizaciones campesinas y ganaderos de más de 20 municipios donde tiene presencia la Upoeg, y se espera que este domingo arriben más representantes de la región de la Montaña.

Bruno Plácido Valerio, dirigente de la Upoeg, señaló que el ejercicio servirá para corregir errores y mejorar el desempeño de coordinadores y comandantes del SSJC que inició a principios de 2013. Manifestó que el movimiento plantea cambios no políticos, sino de actitud; las estructuras no funcionan, necesitamos cambiar la forma de actuar; pidió que el informe emitido por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en diciembre pasado en verdad se cumpla en las comunidades con mayor seguridad y acceso al desarrollo de los pueblos, que además piden ser tomados en cuenta para la conformación de la nueva ley de la policía rural, creada por decreto por el gobierno estatal a finales de 2013.