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El tema, intocable por su impacto presupuestal, sostienen líderes parlamentarios

Habrá ley sobre consulta popular, pero sin aplicarla a la reforma energética: AN

En el próximo periodo también se aprobarán el derecho de réplica y la reforma política del DF

 
Periódico La Jornada
Domingo 19 de enero de 2014, p. 8

Los coordinadores del PAN en las cámaras de Senadores y de Diputados, Jorge Luis Preciado y Luis Alberto Villarreal, respectivamente, afirmaron que el próximo mes habrá ley reglamentaria de la consulta popular, pero dejará fuera la posibilidad de que los ciudadanos expresen su sentir acerca de la reforma energética, debido a que se trata de un tema de alto impacto presupuestal.

Preciado recalcó que cumplirá el compromiso que adquirió con el PRD en el Senado de que también se aprobará la ley de derecho de réplica, la reforma política del Distrito Federal y la legislación sobre la consulta popular, pero no para el tema petrolero.

No podríamos arriesgarnos a que en este momento le digamos al mundo que tenemos una reforma energética para que vengan a invertir y en dos años decirles que sus inversiones estarán sujetas a la decisión de una consulta de un partido político, que además la va a aprovechar para tratar de sacar rentabilidad política en las elecciones de 2015, recalcó el coordinador de los senadores panistas.

El PRD está jugando para la tribuna, porque la propia Constitución establece que asuntos que tengan impacto presupuestal no pueden llevarse a consulta nacional y es el caso de la reforma que abrió las industrias petrolera y eléctrica a la inversión privada, dijo a su vez Villarreal.

Entrevistados por separado, en el contexto de la reunión del Consejo Nacional del PAN, ambos legisladores coincidieron en que la ley de consulta popular se aprobará en las primeras sesiones del periodo ordinario de sesiones que se inicia el primero de febrero.

El senador Preciado agregó que no puede sujetarse la política a la economía, porque de lo contrario tendríamos un problema económico muy grave y por ese motivo realizarán un análisis muy detenido antes de definir hacia dónde se dirigirá la ley de consulta popular. Lo que tiene claro, resaltó, es que la legislación no dará pie a que se someta a discusión pública la reforma a los artículos 25, 27 y 28 constitucionales en materia petrolera.

Estamos en favor y no debe ser una simulación

El diputado Villarreal reiteró que la reforma energética tiene un profundo impacto en el presupuesto, y consideramos que ni siquiera jurídicamente se podría llamar a una consulta sobre ese tema, de ahí que la ley secundaria debe partir de esa base.

Sostuvo que la ley de consulta popular es un tema prioritario para el PAN. Estamos en favor de la consulta y consideramos que no debe ser una simulación. Lo que sí creemos, y por eso nos hemos opuesto al dictamen original, es que el presidente de la República pueda tener espacio en medios de comunicación, porque eso hace inequitativo el proceso.

En tanto, Preciado agregó que cumplirán lo comprometido con el PRD de legislar en el próximo periodo de sesiones la ley de derecho de réplica y aprobar la reforma política del Distrito Federal. En el caso de la primera, detalló, vamos a ir a fondo con el propósito de que los medios de comunicación realmente rectifiquen informaciones falsas o equivocadas.

Explicó que esos tres temas, junto con las leyes secundarias en materia energética, política y de telecomunicaciones, conforman la agenda del PAN para el próximo periodo de sesiones.

Agregó que aún no deciden dónde se llevará a cabo la reunión plenaria del grupo parlamentario panista.

Al respecto, el presidente nacional del PAN, Gustavo Madero, resaltó que su partido estará atento a que las leyes secundarias de las recientes reformas constitucionales, entre ellas la energética y la política, cumplan el objetivo para el que fueron aprobadas.

Durante su discurso para inau-gurar la reunión del Consejo Nacional del PAN, Madero Muñoz agregó que no permitirá que las leyes reglamentarias se desvirtúen y perviertan, y acaben sirviendo a un enano propósito de fortalecer a una administración federal sustentada en un gobierno soberbio y autoritario.