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Sin mayor trámite, la Casa Blanca responde que no está de acuerdo con tal conclusión

Una comisión especial pide a Obama terminar con el programa de espionaje electrónico

La junta de supervisión solicita además destruir millones de registros telefónicos almacenados

Ap, Dpa y Reuters
 
Periódico La Jornada
Viernes 24 de enero de 2014, p. 27

Washington, 23 de enero.

Una comisión especial del gobierno estadunidense pidió hoy al presidente Barack Obama que abandone el programa de espionaje electrónico y destruya millones de registros telefónicos que ha recabado durante años, porque se trata de una actividad ilegal, pero la Casa Blanca respondió este mismo jueves: sencillamente no estamos de acuerdo con el análisis, y eludió un debate mayor del contenido.

La Junta de Supervisión de Privacidad y Libertades Civiles –establecida por el Congreso en 2004, pero adscrita al Ejecutivo en calidad de consejería independiente– hizo público un informe de 234 páginas en el cual destacó que “no hemos identificado un solo caso que implicara una amenaza para Estados Unidos en el que el programa haya marcado una diferencia concreta en el resultado de una investigación dentro de la lucha contra el terrorismo.

No estamos al tanto de ningún caso en que el programa haya contribuido directamente al descubrimiento de un complot terrorista previamente desconocido o la interrupción de un ataque, puntualizó la comisión.

Recomendó específicamente que en casos de terrorismo, la Agencia Seguridad Nacional (NSA por sus siglas en inglés) busque registros individuales relevantes con los proveedores de servicios de telefonía, con base en las leyes existentes.

Teniendo en cuenta los limitados resultados, concluimos que el programa debe terminar, dijo James Dempsey, miembro de la comisión, quien también es miembro del Centro para la Democracia y la Tecnología, un grupo defensor de los derechos civiles.

La magistrada Patricia Wald, integrante de la comisión y ex titular de la Corte Federal de Apelaciones, apuntó a su vez que la compilación de registros telefónicos no tiene un claro sustento en la Ley Patriota, que regula las actividades de vigilancia del gobierno desde octubre de 2001, un mes después de los ataques contra Nueva York y Washington.

En breve respuesta al informe, el vocero de la Casa Blanca, Jay Carney, rebatió sólo las conclusiones relativas a la legalidad, pero evitó entrar en un debate acerca de si la administración debe cancelar el programa de espionaje electrónico denunciado por el ex contratista de la NSA, Edward Snowden, en junio del año pasado.

Carney informó que Obama consultó a la comisión antes de pronunciar la semana pasada un discurso en el que anunció que había ordenado al Departamento de Justicia y a las autoridades de inteligencia que encontraran formas de poner fin al control del gobierno sobre la información telefónica. El mandatario propuso mayor protección a la privacidad de los estadunidenses al destacar el papel de una corte federal secreta de inteligencia en la supervisión de los actos de gobierno.

Según la portavoz de Seguridad Nacional, Catlin Hayden, Obama sólo considera necesario efectuar cambios al programa que le reditúen mayor confianza de los ciudadanos.

En tanto, en Estados Unidos continúa el debate acerca de si Snowden debe ir a juicio o no por haber difundido información secreta del gobierno, y en este ambiente el Departamento de Justicia acusó de estafa a la empresa privada United States Investigations Services, responsable de la contratación del técnico en informática.

La administración de la compañía concibió y ejecutó un plan para soslayar deliberadamente revisiones de calidad requeridas contractualmente para completar las investigaciones de antecedentes, con la finalidad de aumentar ingresos y utilidades de la empresa, señaló el Departamento de Justicia, sin referirse concretamente a Snowden, quien vive refugiado en Rusia desde julio pasado.

Enlaces:

Los cables sobre México en WikiLeaks

Sitio especial de La Jornada sobre WikiLeaks