Directora General: Carmen Lira Saade
Director Fundador: Carlos Payán Velver
Suplemento Mensual  Director: Iván Restrepo
Edición: Laura Angulo   27 de enero de 2014
Número Especial

Portada

Presentación

Una aproximación a los problemas metropolitanos:
los desafíos del II Seminario

Roberto Eibenschutz

Planeación metropolitana sustentable para la zona metropolitana del valle
de México

José Luis Benítez Gil

Instrumentos para transitar hacia la sostenibilidad territorial en la metrópoli
Natalie Rosales Pérez

Criterios para el diseño de
una ciudad sustentable

Benjamín Fidel Alva Fuentes y Guadalupe Giselle Zavala Ojeda

La metrópoli ante el
cambio climático: retos
y oportunidades de
la adaptación urbana

Rafael Calderón-Contreras

El pago por servicios ambientales en el suelo
de conservación del
Distrito Federal

Enrique Pérez-Campuzano y María Perevochtchikova

Plan Nacional de Desarrollo 2012-2018: el discurso
perdido sobre el
desarrollo metropolitano

José Antonio Rosique Cañas


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Plan Nacional de Desarrollo 2012-2018:
El discurso perdido sobre el desarrollo metropolitano

José Antonio Rosique Cañas
Sociólogo y doctor en Ciencias Política y Sociales por la UNAM
Posdoctorado en Government and Public Affairs por The University of New Mexico
Profesor-investigador de la UAM-Xochimilco y miembro del SNI-Conacyt

El desarrollo metropolitano bajo el gobierno de Enrique Peña Nieto

Hubo varios eventos de la campaña electoral de 2012 relacionados con el tema metropolitano donde se expusieron los resultados de trabajos de investigación muy importantes impulsados desde las diferentes universidades del país, centros de investigación científica. Pero nos interesa destacar el esfuerzo realizado desde la Comisión de Desarrollo Metropolitano de la Cámara de Diputados, presidida por la diputada Carolina Viggiano, y la Comisión de Desarrollo Urbano, siendo presidenta la senadora Yeidckol Polevnsky, de la Cámara de Senadores. Quedaron integrados en un documento impreso en varios tomos denominado Mesa interparlamentaria para la reforma metropolitana.

En ellos queda claramente expuesta la conceptualización y problemática del fenómeno metropolitano, con propuestas para realizar los ajustes a la legislación secundaria incluyendo la Ley de Planeación y la Ley General de Asentamientos Humanos. Además de presentar el estado de avances legislativos, tanto federales como estatales en la materia, incluyendo orientaciones generales (Iracheta et al., 2010).

Cito este último documento porque es la voz y voluntad del Congreso de la Unión, que ha venido trabajando durante varias legislaturas el tema del desarrollo metropolitano con apoyo de asesores, consultores y expertos de la comunidad académica nacional e internacional, que ha dedicado muchos años y recursos al estudio e investigación sobre los problemas de las ciudades y las formas de gestión más exitosas del mundo. Y porque los candidatos a la Presidencia de la República y otros candidatos a gobernadores, senadores y diputados conocieron durante 2012 de los planteamientos y de lo prioritario que es gobernar el país con visión metropolitana y a través de organismos democráticos y altamente calificados para desarrollar estrategias que recuperen la competitividad, productividad, calidad de vida y sustentabilidad de las metrópolis.

Lo curioso es que en el primer año de gobierno lo que hemos visto son episodios repetidos en otros sexenios; el presidente hablando de un tren para comunicar la Ciudad de México con Toluca, la necesidad de un aeropuerto para la región centro, un plan de vivienda para densificar la zona metropolitana del valle de México, o crear la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, a donde fue a parar la Comisión Metropolitana de Asentamientos Humanos. Un plan nacional de desarrollo donde el tema metropolitano brilla por su ausencia y, recientemente, la creación de la Comisión para el Desarrollo Sustentable de la Megalópolis con discursos del jefe de gobierno del Distrito Federal y el gobernador del estado de Morelos, teniendo además como firmantes de un convenio intergubernamental, a los gobernadores de los estados de México, Hidalgo, Tlaxcala y Puebla.

Sobre el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 tenemos que decir que sus prioridades son económicas, lo urbano y metropolitano no se menciona; textualmente se expone lo siguiente:
“El documento del PND está integrado por cinco capítulos que corresponden a igual número de ejes de política pública, sobre los que está basada la estrategia integral que propone el plan.

Los ejes de política pública están constituidos por un conjunto de acciones en los ámbitos económico, social, político y ambiental, que permiten avanzar hacia el Desarrollo Humano Sustentable. Los ejes establecidos son:

  • Estado de derecho y seguridad.

  • Economía competitiva y generadora de empleos.

  • Igualdad de oportunidades.

  • Sustentabilidad ambiental.

  • Democracia efectiva y política exterior responsable.

Los programas sectoriales, elaborados a partir de los ejes de política pública y los objetivos nacionales propuestos en el PND 2007-2012, corresponden a los sectores administrativos con base en lo dispuesto en los Artículos 48 y 49 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (LOAPF) y el Artículo 23, fracción III, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH).”

Al revisar los apartados del PND 2013-2018, no encontramos nada que enunciara el tema urbano o metropolitano y menos como principio estratégico de organización territorial para hacer posible lo fundamental del PND. Es sintomático que no hay indicador alguno que sospeche que la fuente de la mayoría de problemas de competitividad, productividad y sustentabilidad del país, tiene su origen en el desorden organizativo espacial y territorial, producido desde los centros metropolitanos del país.

Por otra parte, vemos a los gobernadores de vez en cuando, anunciando obras o inaugurándolas dentro de las zonas metropolitanas de sus entidades, liderando los proyectos más vistosos de los municipios metropolitanos, pero sin conceder facultades a los gobiernos municipales para asociarse con sus municipios conurbados, allí donde la ciudad ya es una sola y requiere de una gestión intergubernamental con la participación de las instancias locales.
Si se entienden bien los principios constitucionales de coordinación, concurrencia y subsidiaridad de acuerdo con nuestro sistema federal, el gobernador tiene que ver por el desarrollo de toda la entidad, de acuerdo con las facultades que su propia Constitución le consigna. Y el municipio que es libre, autónomo y soberano, resuelve junto con sus vecinos, los problemas de seguridad, agua, drenaje, desechos sólidos y tratamiento de aguas, etc. Los ciudadanos, que votaron por ellos esperan que, al vivir en la misma ciudad, obtengan los servicios e infraestructuras locales que les garanticen el mejoramiento de su calidad de vida y la sustentabilidad del territorio bajo su jurisdicción.

Entendemos que mientras las reformas legislativas sobre el tema metropolitano no avancen en el Congreso de la Unión, los funcionarios tienen que gobernar bajo el marco legal vigente que sigue contemplando a las metrópolis como si se tratara de las ciudades de antes. Sólo que ahora están más grandes y como los municipios se han mantenido bajo un sistema de subordinación a sus gobiernos estatales, pues su bajo perfil no les deja mucho por hacer y menos por decidir sobre la gestión metropolitana.

No es que pensemos que con un baño de democracia y de equilibrio de poderes entre gobierno federal, estados y municipios el asunto metropolitano se va a resolver. Pero sí que el presidente y los gobernadores podrían hacer mejor su trabajo en los niveles en que ellos se mueven. Y que los municipios, incluso las delegaciones del Distrito Federal, podrían resolver mejor los problemas si tuvieran descentralizados los recursos y las facultades, sólo por el hecho de que se trata de gobiernos de cercanía. No veo al presidente de Estados Unidos o de Francia, metiéndose a resolver los asuntos metropolitanos particulares de las grandes ciudades de sus países. Ellos son jefes de Estado y por lo tanto se preocupan por lo temas de ese nivel de gobierno.

Si bien el Fondo Metropolitano surgió para apoyar con recursos federales combinados con los estatales, en una coyuntura en la que los conflictos por la Presidencia de la República entre el gobernador del Estado de México y el jefe de gobierno del Distrito Federal, estaban en sus más altos niveles, lo cierto es que no está clara la legalidad de ese organismo, al convertirse en dictaminador de los proyectos que se tratan de impulsar desde las zonas metropolitanas.

El otro asunto es que los 8.7 mil millones de pesos que se reparten para el 2013 entre los proyectos presentados por parte de 47 zonas metropolitanas, no significan ningún avance sustantivo por parte del gobierno federal para resolver el tamaño de los problemas de las metrópolis. Más bien, tanto al presidente como a los gobernadores, les gusta más gestionar desde su gabinete los asuntos metropolitanos, aún sin tener un plan con visión metropolitana.

De esa manera, son sus secretarías y organismos descentralizados las que manejan las grandes bolsas para realizar obras de infraestructura y generar cierto tipo de servicios para las zonas metropolitanas.

El otro asunto es que la actual coyuntura, en la que el gobierno tiene como prioritario las reformas educativa, energética y fiscal y que luego se concreten en la legislación secundaria, el tema metropolitano, aún siendo prioritario y estratégico para el desarrollo nacional, al no ser tan visible y menos comprensible para la ciudadanía, entonces el panorama no se ve muy halagüeño para quienes nos mantenemos a la expectativa del futuro de nuestra ciudades.

Conclusiones

Después de cuatro décadas de leyes, creación de organismos, planes, programas nacionales, estatales y municipales, más los miles de millones de pesos que anualmente se destinan para obras de infraestructura destinadas al desarrollo urbano y metropolitanos de todo el país, los malos resultados en la ejecución de todos esos planes y programas muestran claramente que el gobierno está mal organizado, que sus políticas de regulación en materia urbana y metropolitana han fracasado y que si partidos, legisladores, gobernadores y el presidente de la República no quieren darse cuenta de su responsabilidad en la baja productividad, competitividad internacional, calidad de vida y sustentabilidad, difícilmente el país saldrá de la crisis generalizada en que se encuentra.

Si bien el problema de las principales ciudades de México pasa por la deficiente movilidad y obras de transporte masivo enfocadas al automóvil privado en territorios con comunicaciones mal planeadas, el problema es la parálisis institucional en materia de reformas de fondo en materia metropolitana; por todos los medios, académicos, expertos y científicos en temas ambientales, sociales, de movilidad, de infraestructuras, vivienda y desarrollo local, han puesto sobre la mesa una diversidad de estudios y posiciones en las que hay consenso de lo que se tiene que hacer en materia de cambios institucionales. Sin embargo, las decisiones de parte de los legisladores no se toman, aun y cuando han gastado muchos millones de pesos en foros, congresos y deliberaciones.

El régimen institucional que domina las formas de gestión en las principales zonas metropolitanas del país se encuentra en punto muerto, esperando que las reformas que la clase política considera estratégicas, sean aprobadas primero por el Congreso de la Unión.