La Paz, 30 de enero.

Estados Unidos anunció hoy la suspensión de toda cooperación económica con Bolivia –alrededor de 40 millones de dólares para programas de salud, ambiente y desarrollo económico–, como consecuencia de la expulsión del país sudamericano de la Agencia Internacional para el Desarrollo (USAID, por sus siglas en inglés), el primero de mayo pasado.

La suspensión del flujo de financiamiento a Bolivia representa un nuevo punto de quiebre en la relación bilateral, que desde hace ocho años se ha deteriorado progresivamente por las denuncias de intervención estadunidense en asuntos internos del país andino, así como por el acercamiento del presidente Evo Morales a Venezuela y Cuba.

Nuestro apoyo económico siempre se ha entregado por medio de la USAID y a pedido del gobierno boliviano esa agencia ya no funciona aquí, así que el apoyo económico ya no es tema entre los dos países, afirmó Larry Memmott, encargado de negocios de la embajada de Estados Unidos.

La salida de la USAID se concretó el 30 de septiembre de 2013, casi cinco meses después de que Morales acusó a esa entidad de haber financiado a organizaciones no gubernamentales y protestas contra proyectos oficiales, como la realizada en 2011 para rechazar la construcción de un tramo de una nueva carretera que conectaría poblaciones aisladas en la región amazónica.

La Paz siempre ha pedido respeto en la relación bilateral

El 18 de marzo de 2012 Morales advirtió que cerraría la embajada de Estados Unidos en esta ciudad si persistía en acciones que molestaran a su administración, que en 2006 significó un cambio de dirección en las relaciones con Washington, supeditadas al gobierno estadunidense durante el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, en la década de los 90.

La USAID se estableció en 1964 en Bolivia y la mayoría de sus programas de cooperación desde que Morales asumió la presidencia estuvieron vinculados a zonas rurales, especialmente en las zonas de producción cocalera en Los Yungas de La Paz y Chapare en Cochabamba. El monto total del financiamiento provisto por Washington en casi 50 años fue de dos mil millones de dólares.

Antes de la expulsión de la agencia, Morales ordenó –el 10 de septiembre de 2008– la expulsión del embajador Philip Goldberg, acusado de haber financiado y conspirado un movimiento político opositor con base en la ciudad de Santa Cruz, en el oriente del territorio. El Departamento de Estado negó los señalamientos, pero respondió igualmente con la expulsión del representante boliviano en Estados Unidos.

En noviembre de ese mismo año, Morales también denunció la intromisión de la estadunidense Agencia Antidrogas (DEA), en respuesta a la decisión de Washington de descertificar la labor y la cooperación de Bolivia en acciones contra la producción y el tráfico de drogas. Estamos mejor sin la DEA, dijo el mandatario en julio pasado en una ceremonia con la fuerza especial antidrogas de su país.

Morales y otros funcionarios bolivianos han manifestado su interés por rehacer la relación oficial con Estados Unidos sobre la base del respeto a la soberanía de Bolivia y la comunicación entre pares y sin la tutela de uno sobre otro.