PUEBLOS INDÍGENAS DE LA CAPITAL MEXICANA
Extraños en su propia tierra
 Refugiados guatemaltecos en México, Frontera Echeverría (hoy Corozal), 1982 |
Adazahira Chávez
Milpa Alta, Distrito Federal
La Ciudad de México, la tercera más poblada del mundo, crece a costa de la destrucción de las tierras comunales de los pueblos originarios, acusan indígenas de la capital. Como arietes de este avance se preparan diversas leyes, como la de pueblos y barrios originarios y la de cementerios —que solamente reconoce a cuatro delegaciones como lugares donde existen pueblos originarios—, así como el cambio en la política ambiental, que dejará bajo control de gobierno los territorios de conservación ecológica pertenecientes a los pueblos, alertan desde la Coordinadora de Organizaciones del Anáhuac.
En 1987 se publicó el decreto que determinó la línea de conservación ecológica y la de desarrollo urbano. Dentro de la primera entraron cerca de 87 mil hectáreas, 97 por ciento de las cuales son propiedad comunal o ejidal dentro de las delegaciones Milpa Alta, Tlalpan, Xochimilco, Magdalena Conteras, Cuajimalpa y Gustavo A. Madero.
El segundo punto de quiebre fue el mismo que para los indígenas del resto del país: la modificación al artículo 27 constitucional, que “trajo consigo la posibilidad de que las tierras comunales de nuestros pueblos se convirtieran en mercancía”, apunta el comunero milpaltense José Cruz, integrante del Congreso Nacional Indígena (CNI).
El tercer ataque llegó con las administraciones capitalinas de izquierda, coinciden Juan Enrique Rodríguez Macario, de la Unión de Pueblos y Comunidades Purhépechas (residentes en la capital del país), y José Domínguez, representante de la Organización 5 de Mayo, de San Nicolás Totolapan: comenzaron las invasiones de territorios originarios con usos clientelares y la urbanización desmedida, además del desalojo de los indígenas que se dedican al comercio en el centro de la ciudad.
“Nuestras tierras, tanto cultivables como bosques, se llenaron de asentamientos irregulares y comenzó a escasear el agua. No es que no queramos que se dé el servicio a todos los capitalinos, pero tiene que hacerse de manera sustentable”, precisa Domínguez, quien recuerda que además, la Ley de Participación Ciudadana creada por Marcelo Ebrard borró como indígenas a los cuatro pueblos originarios de la Magdalena Contreras.
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Desde la Asamblea Autónoma de Santa Cruz Acalpixca —que ha librado recientes batallas contra la imposición de autoridades locales y el robo de agua— señalan que al despojo y exterminio que históricamente sufrieron los pueblos indios de la capital se unieron los gobiernos perredistas, reproduciendo también las mismas tácticas pero con la característica principal de lucrar con las necesidades de la gente.
Y para las nuevas leyes, señalan desde la Coordinadora de Organizaciones del Anáhuac, “el jefe de gobierno ya tiró línea, y hay supuestos compañeros ya trabajando en esa ley. A algunos los impusieron los partidos políticos”. Además, la nueva política ambiental tiene como objetivo controlar los territorios de los pueblos comprendidos dentro de la conservación ecológica, al pasar al control y administración del gobierno capitalino, advierten integrantes de los Bienes Comunales de Milpa Alta.
Existe otro elemento que pasa mucho más desapercibido pero también hace que los habitantes originarios abandonen sus tierras, señalan los indígenas: la subida del impuesto predial y los cambios de uso de suelo a conveniencia de las autoridades, sobre tierras que muchas veces son pulmones verdes, además de zonas sagradas, como el Cerro de la Estrella.
Los proyectos que se imponen en las tierras de los pueblos indios van desde gigantescas tiendas de autoservicio que destruyen su comercio local, como en Santiago Tepalcatlalpan, Xochimilco, la extracción de agua, como en San Pedro Atocpan, Milpa Alta, y Santa Cruz Acalpixca, en Xochimilco, los desarrollos turísticos (también en Xochimilco y Tláhuac), la construcción de multitud de viviendas para gente ajena a los pueblos (que trae ideas diferentes a las de los originarios, precisa Héctor Serralde, ejidatario de Tulyehualco) y las vialidades que destruirán áreas verdes y fragmentarán territorios, como el Arco Sur y la Autopista Urbana Oriente.
Por ejemplo, entre las amenazas más recientes están la proyección de un club hípico en Santa Cruz Xochitepec y la construcción de la Autopista Urbana Oriente. Este proyecto carretero afectará territorios de pueblos originarios en Xochimilco, Tláhuac e Iztapalapa; tendrá 14.5 kilómetros, y para desarrollarla se expropiarán terrenos donde hay humedales y pozos de agua, y donde la población que no tiene auto particular asciende al 80 por ciento.
Los otros indios de la ciudad
Además de los indígenas que tienen sus territorios asentados dentro de la capital, existen otros de distintos pueblos que llegaron emigrados al Distrito Federal, la mayoría en búsqueda de una mejor situación económica.
Juan Enrique Rodríguez Macario, de la Unión de Pueblos y Comunidades Purhépechas, señala que como indígenas emigrados a la ciudad, organizarse para construir comunidad es difícil pues están fuera de su territorio. Los purhépechas residentes en la ciudad desde la década de los cincuenta sufren desprecio, despojo, explotación y represión, señala el joven, pues son discriminados, no son dueños de sus medios de producción ni tienen tierras qué cultivar y son continuamente hostigados por los gobiernos.
Rodríguez abunda: “Por ejemplo, una compañerita de primaria que no entiende al cien por ciento el español fue enviada al sicólogo por los profesores ‘porque no podía aprender’”.
Pero la ofensiva actual que enfrentan los indígenas migrantes es el despojo de sus fuentes de trabajo, como sucede en el perímetro A del Centro Histórico. En este lugar, desde hace décadas los indígenas practican el comercio, pero ahora son expulsados de la zona por los proyectos de reordenamiento y limpieza de la zona “para dejarla lista para el turismo”. Los afectados, señala el joven purhépecha, sobreviven con dificultades, pero también construyen alternativas: montan sus talleres de artesanías en los predios donde viven y están creando redes autónomas de salud y educación.