El modelo de fiscalización de los recursos públicos en México necesita reforzarse, porque para nadie es un secreto “la delicada situación del Estado, al encontrarse afligido por un velo de corrupción en el ejercicio del dinero público, sostiene el contralor general del Instituto Federal Electoral (IFE), Gregorio Guerrero, quien reconoce que la ruta a seguir no es sencilla.

Esta postura la expone en su libro Modelo de una contraloría general en un órgano constitucional autónomo, que presentará este mediodía en la sede del IFE. “Nunca como ahora resulta tan necesaria la discusión sobre el agotamiento y las limitaciones del diseño institucional que rige la fiscalización de los recursos. Guerrero considera que uno de los factores que ha limitado esta función es el modelo discrecional con que se han nombrado a los contralores en los años recientes.

Primer contralor del IFE en ser designado por la Cámara de Diputados, Guerrero reivindica el modelo para consolidar la autonomía de la contraloría. Sin embargo, advierte la necesidad de que ante casos graves que involucren a los altos mandos (secretaría ejecutiva y directores ejecutivos del instituto), la contraloría general no sólo someta los expedientes ante el Consejo General, sino que rinda un informe al Poder Legislativo, cuando el primero “resuelva la improcedencia de la sanción impuesta.

Aunque el texto no alude a casos concretos, aún se recuerda la experiencia frustrada cuando la contraloría pretendió sancionar al ex director ejecutivo de administración, Fernando Santos, por un quebranto patrimonial al IFE superior a 124 millones de pesos, pues se le encontró responsabilidad en un sobreprecio del inmueble. Los consejeros cerraron filas y rechazaron la sanción ordenada por el contralor.

La propuesta va en consonancia con la postura de Guerrero, respecto de preservar el esquema de designación del contralor, pues durante esta primera experiencia disipó las sospechas de que el involucramiento de la Cámara de Diputados en el procedimiento de selección no era una acción en detrimento de la autonomía de la autoridad electoral, ni sirvió para una manipulación de este órgano por parte de los legisladores.