El titular de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Chihuahua, Jorge González, ofreció disculpas públicamente a la familia de Esperanza Manuela Chaparro, de 19 años de edad, por haber declarado que la joven asesinada podría haberse suicidado.

Colima, Col., Más de mil personas, la mayoría jornaleros agrícolas de los municipios de Tecomán y Armería, quienes solicitaron créditos a la empresa Soluciones Financieras (Finsol), interpusieron un juicio de amparo para evitar que los embarguen, y aseguran que pretenden cobrarles a pesar de que ya pagaron. Una de las afectadas, Irma Sandoval, madre de familia y jornalera de Tecomán, dijo que solicitó un préstamo de 4 mil pesos y lo pagó oportunamente, pero le llegó una notificación de embargo de bienes. Pedí 4 mil pesos, pero todo pagamos, y ahora se nos cobra otra vez. Ya fue un licenciado a querer hacer un convenio, pero nosotros ya pagamos y no estamos dispuestos a volver a pagar, señaló. Rita Ledezma Hernández, también jornalera de Tecomán, detalló que obtuvo un crédito de 3 mil pesos y ahora la empresa le exige 105 mil pesos por intereses generados. Me mandan avisos diciendo que si no pago me van a embargar. Soy ama de casa, pedí lo que podía pagar, pero ahora ¿cómo pago 105 mil?, dijo. Mariano Trillo Quiroz, diputado del Partido Verde Ecologista de México que ha dado seguimiento al caso, mencionó que la empresa, de origen hondureño, ha tenido problemas similares en Minatitlán, Veracruz –donde se denunció un presunto fraude–, y en otras ciudades. Detalló que los créditos, por los cuales se cobran intereses hasta de 105 por ciento anual, se siguen cobrando a pesar de que los campesinos poseen documentos firmados que demuestran que ya pagaron sus deudas.

La empresa canadiense Great Panther Silver Ltd dio a conocer que un grupo de mineros irrumpió en su yacimiento de plata ubicado en la capital del estado de Guanajuato, lo que resultó en la muerte de uno de los invasores. La firma, con sede en Vancouver, informó en un comunicado que sus guardias se enfrentaron contra mineros irregulares la noche del martes y sostuvo que estos últimos han estado entrando a la mina por la fuerza y con armas, al grado que nosotros hemos tenido que contratar equipo de seguridad armado. Añadió que ladrones y mineros ilegales han robado pequeñas cantidades de material y han puesto en riesgo a los empleados.

La segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ratificó la legalidad de los resultados definitivos del Censo de Población y Vivienda 2010 de Quintana Roo, expedidos por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), cuya validez impugnó el gobierno de esa entidad. Los ministros desecharon los argumentos de la administración de Quintana Roo, el cual planteó que como el Inegi contó menos habitantes de los que tiene la entidad se reducirán los montos que recibe el estado por concepto de participaciones y aportaciones federales a partir de 2011.