México ocupa el tercer lugar de la región, luego de Estados Unidos y Brasil, en cantidad de personas privadas de su libertad por el uso excesivo de la prisión preventiva, que ha llevado a que en los 400 centros penitenciarios del país haya 242 mil detenidos, de los cuales 100 mil son presos sin condena, aseveró el relator de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para las Personas Privadas de la Libertad, James L. Cavallaro.

Al presentar en el Senado el Informe sobre el uso de la prisión preventiva en las Américas 2013, destacó que hay 26 por ciento de hacinamiento, que en los últimos cinco años más de mil internos se han fugado de las prisiones mexicanas y 600 han perdido la vida en motines, violencia, homicidios; además de que imperan los autogobiernos.

El informe de la CIDH denuncia que el ex presidente Felipe Calderón tenía la práctica de criticar públicamente a los jueces que actuaban en determinados casos de alto perfil mediático.

El documento que se entregó al Senado destaca que en sus pronunciamientos el ex mandatario consideraba impunidad la excarcelación por orden de jueces estatales y federales de personas detenidas por autoridades federales, obviando deliberadamente el hecho de que tales decisiones judiciales no constituían una determinación definitiva en estos procesos.

La CIDH precisa que eso es claro ejemplo del tipo de mensaje político que contribuye a construir una percepción pública de impunidad, es decir, la policía detiene a delincuentes y los jueces los dejan en libertad.

Cavallaro subrayó ante los senadores que en México los medios de comunicación “suelen tratar a sospechosos y personas aprehendidas como ladrones, traficantes y asesinos, sin que aún hubiesen sido condenados.

Además de violar la reputación de las personas, esa práctica sirve para normar la criminalización de los ciudadanos por la policía, se ve como un proceso anticipado de condena.

El relator de la CIDH apuntó que es muy común en el continente americano que las personas eviten encuentros con la policía, porque saben que los pueden detener y acusar y es muy difícil salir de la cárcel.

Lo anterior produce niveles altos de inseguridad, lo que sirve como desincentivo para los cuerpos policiacos, ya que si pueden aprehender y meter a la cárcel sin pruebas, para qué profesionalizarse, agregó.

Refirió que la idea de que un mayor uso de la prisión preventiva es una solución al delito y a la violencia es una falacia muy común en América; sin embargo, no hay evidencia empírica para sustentarla.

Además, promover esa falacia es una actitud políticamente irresponsable que permite evadir la adopción de medidas reales y profundas, y además es fiscalmente insostenible.

Ejemplo de eso es que México, en 2006, cuando tenía 96 mil presos, se gastaban casi 500 millones de dólares anuales para mantenerlos, añadió.

En la presentación estuvo el tercer visitador de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos Guillermo Andrés Aguirre Aguilar, quien resaltó que persisten las violaciones a derechos humanos en las cárceles del país.

Aseveró que buena parte de las recomendaciones de este informe son atendidas en el nuevo Código Procesal Penal.

Luego corrigió al relator: no son 400, sino 389 los centros penitenciarios; son 246 mil 334 los internos y alrededor de 40 por ciento no han sido condenados. Falta personal técnico y penitenciario. La alimentación y la atención es muy deficiente, hay reos encerrados 23 horas al día, es decir, sólo salen una hora a tomar el sol.