Opinión
Ver día anteriorJueves 20 de marzo de 2014Ver día siguienteEdiciones anteriores
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Instituto Nacional Electoral
Octavio Rodríguez Araujo
U

no de los avances contemplados en las reformas en materia electoral a la Constitución de la República es el referido a la nulidad de las elecciones (federales o locales) por el monto y el origen de los recursos utilizados por los partidos y los candidatos en sus respectivas campañas.

El extenso artículo 41 constitucional señala, en su fracción VI (nueva versión del 10 de febrero de este año), que la ley establecerá el sistema de nulidades de las elecciones federales o locales por violaciones graves, dolosas y determinantes en los siguientes casos: a) se exceda el gasto de campaña en un cinco por ciento del monto total autorizado; b) se compre cobertura informativa o tiempos en radio y televisión, fuera de los supuestos previstos en la ley; c) se reciban o utilicen recursos de procedencia ilícita o recursos públicos en las campañas. Antes, para las elecciones de 2012, no había nulidad posible por estas razones, salvo en el caso de las precampañas, lo cual dejaba un gran agujero en la legislación. Para las campañas sólo se contemplaban multas, como mencioné en mi entrega de la semana pasada.

Falta por ver lo que diga la posible (y necesaria) nueva legislación electoral que, esperamos, sea mejor elaborada que la actual y todavía vigente. Si se trata de garantizar elecciones equitativas, limpias, libres y auténticas, el origen y los montos de los recursos tanto de precampañas como de campañas deberán ser controlados por la autoridad electoral; y para que el control sea efectivo deben existir sanciones suficientes para que de verdad les duela a partidos y candidatos. La nulidad de una elección parece ser la mejor de las posibles sanciones, mucho más efectiva que las multas. Como bien señalara el consejero electoral Lorenzo Córdova, en la magnífica selección de textos de Alonso Urrutia en estas páginas (18/03/14), el uso de dinero como eje del acceso al poder, las denuncias de compra y coacción del voto y un cuestionamiento a la fiscalización del IFE concentraron las críticas opositoras y sus demandas de cambios en la nueva legislación. Si las reformas referidas hubieran existido antes de las elecciones de 2012 es muy probable que Peña Nieto no hubiera sido el presidente del país y que se hubiera convocado a una elección extraordinaria en la que, por cierto, no hubiera podido participar de nueva cuenta el candidato sancionado. Pero los hubiera no existen. Es el ahora presidente, pero que se cuiden los próximos que aspiren a sustituirlo, y también los que quieran ser dipu­tados, senadores e incluso gobernadores (si interpreto bien la reforma).

Al parecer la idea original de convertir el Instituto Federal Electoral en un nuevo organismo no fue sólo para salvar, en una especie de borrón y cuenta nueva, el desprestigio que acarreó el IFE desde el tiempo de Ugalde (elección de 2006), sino para evitar que los gobernadores pudieran seguir manipulando los procesos electorales según su propia conveniencia. Sin embargo, la presión de algunos gobernadores hizo que dicha idea se diluyera un poco, hasta quedar un modelo híbrido o, si se prefiere, semicentralizado, en el que persistirán los institutos locales, con la salvedad de que sus consejeros electorales serán nombrados por el Consejo General del nuevo Instituto Nacional Electoral (INE).

Se entiende que a partir de esta reforma que crea el INE no sólo habrá nuevos consejeros elegidos por los diputados de todos los partidos, sino que tanto el instituto como el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) serán las autoridades respectivas para los comicios tanto federales como estatales. En principio suena positivo este cambio, pues dichos órganos contarán con profesionales no temporales, como es el caso del órgano federal y el del Distrito Federal en la actualidad. El INE, con las reformas en la materia, podrá ser mejor que el IFE, pero nadie garantiza que el TEPJF también mejore, por más que pueda ser menos parcial que los tribunales locales. Ya vimos su triste y lamentable papel en la elección presidencial de 2006.

Que los procesos electorales sean garantizados por órganos nacionales y no más por los locales, más débiles que los nacionales ante los gobernadores, tampoco es garantía absoluta de que las elecciones sean libres, auténticas y transparentes. Ninguna ley, y que me corrijan los abogados, es perfecta y sin lagunas suficientes como para no ser violada o usada por el poder según su conveniencia. El poder, debe recordarse, cuenta con abogados y contadores que pueden justificar, como ya lo han hecho, triquiñuelas de diverso tipo en los procesos comiciales, sobre todo locales. Pero algo se puede mejorar si existe la voluntad para hacerlo. Así es la política, una práctica para sacarle raja según la correlación de fuerzas. No debemos olvidar que la idea del INE y de las reformas correspondientes salió del discutido y debilitado Pacto por México, más que de la opinión autorizada de ciudadanos responsables especializados en el tema. Pero aun así le podemos dar la bienvenida a las reformas que, esperamos, se correspondan con la misma seriedad en la nueva legislación electoral que habrá de ofrecernos las reglas del juego en los próximos comicios locales y federales.

El tema está en el debate al mismo tiempo en que ha comenzado la decantación de candidatos a formar parte del nuevo Consejo General del INE. Quiero ser optimista, aunque más adelante quizá no lo sea tanto. Me esperaré a ver qué pasa en las elecciones locales de este año y en la federal intermedia de 2015. Ésta será la primera prueba de fuego de las reformas que, en México, han sido muchas sin lograr lo que quisiéramos todos. ¿Cuántas reformas electorales han sufrido las leyes de Francia o de Gran Bretaña para garantizar de verdad el voto ciudadano? ¿Es problema de leyes o de intereses de quienes tienen el poder?

www.rodriguezaraujo.unam.mx

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