Cuatro años después de que Javier Francisco Arredondo y Jorge Antonio Mercado, alumnos del Tecnológico de Monterrey, fueron abatidos por soldados durante un enfrentamiento con un grupo armado, es escandaloso que las autoridades continúen fallando en su obligación de hacer rendir cuentas a los responsables y de llevar la verdad a las familias de las víctimas, acusó Perseo Quiroz, director ejecutivo de Amnistía Internacional (AI) en México.

A su vez, alumnos y ex alumnos del Tec organizaron actos en memoria de sus compañeros en Monterrey, Nuevo León, Saltillo, Coahuila, y la ciudad de México.

Javier Francisco y Jorge Antonio perdieron la vida el 19 de marzo de 2010 cuando salían del campus de ese instituto en Monterrey. Fueron agredidos por soldados y golpeados. Recibieron disparos de armas cuya munición es de uso exclusivo del Ejército. Militares alteraron luego la escena del crimen y se empeñaron en ocultar los hechos.

En un comunicado, AI instó a la Procuraduría General de la República (PGR) a que se investiguen pronto y de manera imparcial los asesinatos, que se hagan públicos los resultados de la investigación y que los responsables de esos crímenes rindan cuentas ante la justicia.

La directora de la organización Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, Consuelo Morales Elizondo, envió una carta al presidente Enrique Peña Nieto para pedirle que dé instrucciones al titular de la PGR, Jesús Murillo Karam, para que concluya la integración de la indagatoria y esclarezca la verdad de los hechos. En la misiva informó que la familia de Jorge Antonio y los abogados de la organización visitarán próximamente al fiscal encargado del caso con el propósito de impulsar la investigación y exigir justicia.

En la ciudad de México, estudiantes y ex alumnos de la institución realizaron un performance y leyeron un comunicado en el que exigieron que el gobierno, en especial la Secretaría de la Defensa Nacional, ofrezcan disculpas públicas a los padres de ambos jóvenes, que se reconozca oficialmente que éstos no tenían nexos con el crimen organizado y se provean las condiciones para un proceso de justicia adecuado y transparente.