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El menor fue detenido y luego apareció ahogado y con señales de tortura en una presa

Pide ombudsman de Zacatecas indagar presunto asesinato de un adolescente a manos de policías
Corresponsal
Periódico La Jornada
Martes 1º de abril de 2014, p. 26

Zacatecas, Zac., 31 de marzo.

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (Cdhez) emitió una recomendación al presidente municipal de Guadalupe, el priísta Roberto Luévano Ruiz, por atropellos atribuidos a elementos locales de seguridad pública.

La noche del 27 de octubre de 2013 policías de Guadalupe detuvieron a dos adolescentes por presuntas faltas administrativas y los recluyeron en la cárcel municipal. Uno de los menores, de 17 años de edad, fue hallado con signos de tortura y ahogado en una presa al sur de la cabecera municipal, sin que se haya aclarado quién lo asesinó.

La Cdhez dio a conocer que los policías municipales no informaron a los padres de la detención del menor, como era su obligación. Según los gendarmes, lo liberaron tras pagar una multa de 200 pesos, versión que el ombudsman estatal considera poco creíble.

La recomendación 02/2014, dirigida al edil, se originó de la denuncia que los padres del menor interpusieron el 30 de octubre de 2013.

El otro adolescente detenido dijo que lo liberaron cuando sus padres acudieron a buscarlo, pero su compañero se quedó.

El 5 de noviembre pasado policías ministeriales localizaron flotando en una represa el cadáver del joven.

La Cdhez también destacó que hay discrepancias entre las versiones de los policías que detuvieron a los adolescentes y la de la juez comunitaria.

Además, debido a deficiencias en el sistema de circuito cerrado de la policía municipal de Guadalupe no fue posible verificar cuál fue el trato que se dio a los menores.

Las autoridades dieron al detenido trato de adulto sin serlo. Si bien la juez dijo que se declaró mayor de edad, no se identificó como tal, y en la certificación médica dijo tener 17 años, añadió el organismo, que pidió iniciar procedimiento de responsabilidad contra la juez calificadora y contra los elementos de seguridad pública involucrados.