La asamblea plenaria de la Cumbre Judicial Iberoamericana aprobó la aplicación de un protocolo, propuesto por México, para proteger a los jueces que atienden casos del crimen organizado.

El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) informó que este instrumento busca garantizar y proteger la seguridad de jueces, colaboradores y familiares, contiene principios, mecanismos y buenas prácticas propuestos por 12 países de la región.

El documento fue presentado por el presidente del CJF, Juan Silva Meza, también presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. A la redacción final se incorporaron aportaciones de representantes de Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Paraguay.

Entre las medidas propuestas destacan construir sedes adecuadas y seguras, y crear o fortalecer un órgano interno especializado encargado de elaborar diagnósticos y protocolos de seguridad, el cual deberá detectar posibles puntos de riesgo, diseñar e implementar planes estratégicos de seguridad institucional y programas de protección permanentes y emergentes.