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Piden facultades coercitivas para operar

Entrevistan senadores a otros 21 aspirantes al Ifai
Víctor Ballinas
 
Periódico La Jornada
Martes 8 de abril de 2014, p. 12

Al concluir ayer por la noche la octava jornada de comparecencias de los aspirantes a ocupar una de los siete plazas en el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (Ifai), fueron examinados 21 candidatos, con lo cual suman ya 153, de un total de 158. Este día asistirán al Senado los últimos cinco candidatos.

Los aspirantes examinados ayer se pronunciaron en favor del combate a la corrupción en todos los niveles de gobierno, contra la discrecionalidad en el uso de recursos públicos, por la protección de datos personales y porque el organismo garante de la transparencia cuente con medidas de apremio para los sujetos obligados.

Los aspirantes, entre los que hubo funcionarios públicos, académicos e investigadores, subrayaron la necesidad de que se capacite a servidores públicos en materia de derechos humanos y que se dote de facultades de carácter coercitivo al Ifai, al tiempo de que se manifestaron en favor de dar la máxima publicidad a los casos con prueba de daño.

Además, en la larga jornada de participaciones, los candidatos refirieron la importancia de que exista equilibrio e igualdad de género en la integración del nuevo órgano, y subrayaron la necesidad de vigilar que el objetivo de la reforma constitucional en la materia no se diluya o se acote en la legislación secundaria.

Ayer, entre los 21 aspirantes fue examinado el quinto visitador de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Fernando Batista, quien fue cuestionado por los senadores Alejandro Encinas e Isidro Pedraza, del PRD.

Encinas le inquirió al visitador sobre su responsabilidad en la investigación de la matanza de San Fernando, ya que, dijo, hemos recibido información de organizaciones defensoras de derechos humanos de migrantes, que lo acusan de omisiones.

El funcionario explicó que la CNDH emitió una recomendación que se investigó, y resaltó que la Procuraduría General de la República le ha negado información al organismo.