Los pueblos saben mejor

Raíces de nuestra justicia: largometraje del Centro Prodh

México vive una situación de violencia social generalizada sin precedentes. Mientras el Estado emprende una verdadera guerra contra sectores de la delincuencia organizada, empleando para tal fin la militarización y la suspensión de derechos civiles en todo el país, es fundamental investigar y difundir experiencias que, desde contextos sociales y culturales diferentes al sistema dominante, buscan modificar el entramado de la violencia y desactivarla sin recurrir a una respuesta igualmente violenta.

Esto es el propósito del largometraje Raíces de nuestra justicia (2014), producido por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez. Durante dos años, un equipo de comunicadores, defensores de derechos humanos y antropólogos documentamos diversas trayectorias y prácticas de justicia en comunidades indígenas y no indígenas de la Zona Norte de Chiapas, la Montaña y Costa Chica de Guerrero, el sur de Durango y el Istmo de Oaxaca.


Ñuhú de Veracruz. Foto: Enrique Carrasco

Históricamente, los pueblos indígenas han vivido en situaciones de violencia: violencia de Estado y represión, caciquismo, racismo, violencia inter e intraétnica, delincuencia común, crimen organizado, violencia política y estructural. Los procesos de organización y construcción de autonomía, y los sistemas de justicia como expresión de ella, representan una respuesta positiva a estas situaciones.

El documental adquiere particular relevancia en el debate actual sobre el fenómeno social de las autodefensas, que se han expandido en el territorio mexicano y que, si bien pueden representar —en el mejor de los casos— una respuesta colectiva y espontánea frente a situaciones de violencia insostenibles, han tenido el efecto de restar legitimidad a otros procesos de organización comunitaria. Mientras las autodefensas surgen de manera coyuntural para responder al problema específico de la seguridad comunitaria, que no es sino la punta del iceberg del profundo entramado de violencia actual e histórica, las experiencias que se relatan en el largometraje develan las diversas formas en que los pueblos resuelven situaciones de violencia desde la raíz, antes de que se vuelvan un problema de seguridad comunitaria o pública.

Si nos remontamos hacia atrás en las respuestas a la violencia, encontramos la resolución de los conflictos y la administración de la justicia. La resolución de los conflictos es clave, pues busca desactivarlos de forma pacífica, a través del acuerdo, la conciliación y la concientización de las partes involucradas. Es una constante en todas las experiencias de justicia indígena e intercultural, el corazón mismo de éstas. Hay experiencias que se abocan principalmente a la resolución de los conflictos comunitarios, como los jmeltsa’anwanej —arregladores de conflictos— de Bachajón (Chiapas), influidos por el profundo trabajo cumplido en tal sentido por la Diócesis de San Cristóbal y organizaciones civiles como CORECO. En otras experiencias, la conciliación es parte de un sistema de administración de justicia más complejo que incluye el juicio de los que cometieron algún error, y su reeducación por medio del trabajo comunitario, como en la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias en Guerrero o en las Juntas de Buen Gobierno en Chiapas.

Estos sistemas de justicia y resolución de conflictos, vigentes en las regiones indígenas e interculturales, están en el otro extremo de lo coyuntural de las autodefensas: hunden profundas raíces en las estructuras organizativas de los pueblos, en los sistemas de cargos, en las comisiones que articulan la vida comunitaria, como lo explican las autoridades ayuuk (mixes), pueblo con una larga tradición comunal y autonómica. Las justicias “autónomas” no necesariamente vienen de una herencia ancestral, son incluso muy innovadoras, pero lo que las caracteriza es el arraigo en las estructuras asamblearias y en la toma colectiva de las decisiones, y el ser una justicia ejercida por autoridades colegiadas que responden a la comunidad que las ha elegido.

Se trata entonces de una justicia cercana a la gente, que refleja valores y normas que las personas entienden y comparten porque son los que ordenan la vida diaria en las comunidades. Esto es otro elemento que todas las experiencias destacan en el largometraje: la abismal diferencia de la justicia propia, basada en la búsqueda de la conciliación y en normas entendibles y compartidas, y la justicia oficial o del Estado, que viene invariablemente definida como corrupta, injusta, inaccesible e incomprensible.

La denuncia de la corrupción, la lejanía y la falta de atención hacia los indígenas por parte de las autoridades estatales encargadas de impartir justicia me parece un dato importante que emerge del largometraje. Aun mostrando una situación preocupante, esta denuncia demuestra también un profundo conocimiento de los derechos propios y una fuerte determinación a reivindicarlos, luchar por ellos y construirlos en la práctica cotidiana.

Lo que se expresa y se denuncia en Raíces de nuestra justicia debería ocupar a las autoridades como una llamada de atención sobre la urgencia no solamente de respetar, por fin, los Acuerdos de San Andrés, sino también de combatir la corrupción, la ignorancia y el racismo que caracterizan al sistema judicial en todo el país y significan la más concreta y contundente barrera para el ejercicio del derecho de los pueblos a la justicia.

Giovanna Gasparello

Ver el documental