l gobierno federal anunció ayer la interposición de cuatro controversias constitucionales ante la Suprema Corte de Justica de la Nación (SCJN) en contra de los estados de Oaxaca, Michoacán, Chiapas y Sonora, por supuestas faltas en la armonización de sus legislaciones locales respecto de la reforma educativa, cuya ley secundaria fue aprobada el año pasado. En el caso de las tres últimas entidades, de acuerdo con los voceros de la administración encabezada por Enrique Peña Nieto, las legislaciones estatales invadieron atribuciones exclusivas de la Federación o violaron contenidos de la reforma educativa. Por lo que corresponde a Oaxaca, el Ejecutivo señaló que hay una omisión total, pues esa entidad no hizo adecuación alguna para alinear sus leyes educativas con la referida reforma.

Con independencia de la valoración que realicen los ministros de la SCJN, y sin desconocer la preminencia que debe tener el orden constitucional y el federal sobre las legislaciones locales, el recurso judicial presentado por el Ejecutivo obliga a recordar la forma inconsulta y autoritaria en que fue aprobada la referida modificación legal: a contrapelo de las observaciones formuladas por especialistas en los foros organizados por el propio gobierno y sin tomar en cuenta al principal actor encargado de ejecutarla: el magisterio. Adicionalmente, a pesar de que sus promotores han señalado que el objetivo de la reforma es mejorar la calidad de la educación en el país, no puede escapar al análisis el hecho de que se trata, en realidad, de una modificación al régimen laboral de los docentes.

Con esos elementos de contexto, la controversia interpuesta ayer resulta por lo menos cuestionable desde el punto de vista político, en la medida en que podría reactivar un conflicto magisterial que se vivió el año pasado durante la discusión de la reforma educativa. No sobra recordar que tres de los estados impugnados –Chiapas, Michoacán y Oaxaca– se caracterizan por tener una intensa participación del magisterio disidente.

Más allá de lo anterior, el hecho mismo de que el gobierno federal haya decidido controvertir las legislaciones locales parece dar la razón a las voces que en su momento señalaron que la reforma educativa constituía un retroceso en cuanto a la descentralización educativa y federalismo. A fin de cuentas, la existencia de legislaciones locales en la materia responde a las diferencias socioeconómicas, culturales políticas que prevalecen en los distintas entidades y regiones del país; en todo caso, la legislación federal debería considerar esas diferencias y enfocarse en cuestiones de carácter general que no trastoquen las legislaciones estatales.

En suma, con la controversia emprendida ayer, la institucionalidad del país enfrenta una perspectiva poco alentadora: alimentar un factor de conflicto indeseable y consolidar un centralismo educativo que no necesariamente producirá mejoras en los niveles de enseñanza del país.

Estas consideraciones subrayan la necesidad de que el gobierno rectifique el camino y emprenda un proceso de reformas legales en materia educativa distintas de las que se han aprobado; que tengan como fin mejorar efectivamente la calidad de la educación y no solamente someter al magisterio a una lógica corporativa, autoritaria y caduca.