l aún vicepresidente panameño, Juan Carlos Varela, ubicado en la oposición por pugnas con el mandatario saliente, Ricardo Martinelli, ganó los comicios presidenciales realizados ayer en su país al obtener cerca de 40 por ciento de los sufragios. Detrás de él quedaron el oficialista José Domingo Arias (32 por ciento) y el aspirante del Partido Revolucionario Democrático (PRD), Juan Carlos Navarro (27.5). La elección se desarrolló en un ambiente pacífico y distendido, a pesar de los temores por una eventual compra masiva de votos y de las denuncias opositoras de una campaña sucia del oficialismo y de irregularidades en la documentación que, a la postre, resultaron ínfimas.

La única anomalía significativa fue, en todo caso, el abierto proselitismo realizado por Martinelli en favor de Arias, su favorito, hecho que está expresamente prohibido por la ley. Aunque hubo siete candidatos oficialmente registrados, sólo los tres referidos tenían posibilidades de triunfo; es decir, en los hechos se configuró un escenario tripartidista. Además de la renovación presidencial, los electores seleccionaron a 70 diputados, 73 alcaldes y casi 600 concejales.

La imagen podría redondearse por un contexto económico sumamente favorable para la nación istmeña, que en años recientes ha venido experimentando tasas de crecimiento cercanas a 10 por ciento, se ha convertido en un centro financiero, comercial y marítimo de creciente importancia en el mundo y ha llevado a cabo una ambiciosa expansión de su infraestructura y del sector de la construcción.

En este escenario, que podría considerarse idílico, la nota discordante corrió a cargo del presidente del Tribunal Electoral, Erasmo Pinilla, quien poco antes de los comicios advirtió que éstos tendrían lugar con el telón de fondo de un resquebrajamiento y debilitamiento institucional y de una lacerante desigualdad.

El primero de esos fenómenos es atribuible, principalmente, al autoritario y opaco ejercicio del poder del presidente Martinelli. En cuanto al segundo, resulta significativo que, entre todos los datos servidos para el optimismo, 28 por ciento de la población panameña sobrevive en condición de miseria o miseria extrema.

Sin embargo, ni Varela ni sus rivales reales presentaron a la ciudadanía una propuesta específica para armonizar crecimiento con justicia social. De hecho, las diferencias entre ellos se basaron más en pleitos personales y facciosos que en programas políticos y económicos de gobierno. Por ello, a pesar de la vistosa cobertura mediática de las elecciones, no hubo en ellas ninguna posibilidad de cambio significativo en la conducción de las prioridades económicas.

En esencia, persiste el modelo institucional, político y económico instaurado en Panamá tras la invasión estadunidense de 1989, en la cual los agresores devastaron barrios enteros de la capital y mataron a cientos o miles de civiles, dependiendo de las fuentes. Tanto el gobierno de Guillermo Endara –quien juró el cargo en la base militar estadunidense de Clayton– como sus sucesores, empezando por el ex torrijista Ernesto Pérez Balladares, se mantuvieron fieles al modelo neoliberal, y tanto las formaciones políticas de la oligarquía tradicional como el PRD, de supuesta orientación progresista, han sido inflexibles en la aplicación de las consignas de reducción del Estado, apertura comercial y desregulación, matizadas en el caso del segundo por ciertos programas de corte asistencialista.

Como resultado de lo anterior, hoy en día el país próspero y democrático coexiste con una nación golpeada por la desigualdad y la miseria. La deuda social sigue acumulándose. En ese contexto, ejercicios de formalidad democrática como el realizado ayer carecen de sustancia, porque en ellos no se pone en juego la permanencia o la alternancia del proyecto económico y social del país.