Oswaldo Abustos Torres, elemento de Infantería de Marina, estuvo comisionado durante 14 años en el Estado Mayor Presidencial (EMP), hasta que le fue detectada una enfermedad ‘‘rara’’ identificada como hemoglobinuria paroxística nocturna; el servicio de Sanidad Naval determinó su baja por haber contraído el padecimiento en actos ‘‘fuera de servicio’’ y por estar incapacitado para continuar en el servicio activo.

Sin embargo, Abustos Torres sostiene que contrajo la enfermedad por estar en contacto constante con aparatos de rayos X, detectores de metales y rayos gamma, que se utilizan cotidianamente en el hangar presidencial para garantizar la seguridad del Ejecutivo federal.

Ante la decisión de darlo de baja, que califica de ‘‘injusta’’, el marino solicitó el apoyo del alto mando naval para recibir el tratamiento médico que le permita continuar con una vida normal e incluso seguir laborando en la Secretaría de Marina.

Sin derecho a recibir atención médica

Abustos Torres considera, en entrevista con La Jornada, que la razón principal por la cual el servicio médico naval lo da de baja es económica, porque el medicamento que necesita para seguir con vida y no sufrir una muerte fulminante por trombosis (monoclonal eculizumab-soliris) tiene un costo anual de 7 millones de pesos, aproximadamente.

Agrega que no es justo que el Estado Mayor Presidencial se haya desentendido de su situación, luego de que el año pasado, al hacerse los exámenes médicos de rigor, detectaron que tenía un problema en la sangre.

En caso de consumarse la baja, el infante de Marina recibirá una compensación económica equivalente a 14 años, un mes y 13 días por incapacidad, en una sola exhibición, sin derecho a recibir atención médica o algún tipo de pensión por parte del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas (Issfam).

Recuerda que los médicos encargados de la seguridad del comandante supremo de las fuerzas armadas se desentendieron de la situación y lo regresaron a la Secretaría de Marina; antes de ser trasladado se dirigió, infructuosamente, al comandante del EMP, general Roberto F. Miranda. Lamentablemente, dice, tampoco recibió una respuesta a su solicitud de ayuda.

De mirada franca, el tercer maestre, quien ingresó a la Infantería de Marina en 1999, a los 18 años de edad, comenta que por el tipo de enfermedad que tiene puede sufrir una trombosis y perder la vida en cualquier momento. A no ser por la palidez de su rostro sería difícil pensar que padece un mal de esas características que, según cifras extraoficiales, padecen únicamente unos 90 mexicanos actualmente.

El 21 de septiembre de 2013 el Hospital General de Alta Especialidad de la Secretaría de Marina emitió el dictamen médico de relación de causalidad número C-052/2013. En él concluyó que Asbustos Torres padece ‘‘hemoglobinuria paroxística nocturna tipo III, en granulocitos y monocitos’’, mal que se encuentra comprendido en las tablas incluidas en el artículo 226 de la ley del Issfam, por lo que ‘‘se considera con incapacidad para el servicio activo de la Armada de México’’.

Además, los médicos señalaron que ‘‘no existe relación de causalidad entre la incapacidad que presenta el militar y los actos de servicio desempeñados en las funciones inherentes a su cuerpo y escala’’.

El 7 de noviembre de 2013, la oficialía mayor de la Secretaría de Marina notificó a Abustos Torres sobre el inicio del trámite de su baja. Inconforme con la decisión y como último recurso, el afectado solicitó al almirante secretario de Marina, Vidal Francisco Soberón Sanz, que no lo deje en estado de indefensión y pidió su ayuda.

En un oficio entregado el 3 de abril pasado en la secretaría particular del funcionario, le pide que, en lo posible, ‘‘de manera inmediata, por estar de por medio la pérdida de la vida, así como el deterioro de mi salud’’, preste atención ‘‘a mi situación tanto del servicio activo de las armas, como de las prestaciones sociales que por derecho así me correspondan, principalmente prestaciones médicas’’.

Subraya que su padecimiento fue adquirido en actos del servicio activo, ‘‘como reacción adversa a los equipos usados para cumplir” con su labor, y sostiene que, de recibir el tratamiento adecuado, podría continuar en el lugar que la dependencia considere conveniente.