e acuerdo con información difundida ayer por el medio internético español El Confidencial, Pemex ha puesto en venta las acciones que posee de la empresa energética Repsol, operación que le representaría para la todavía paraestatal mexicana un ingreso de unos 43 mil 200 millones de pesos. La razón de esta medida, dice el portal, es que aunque la petrolera mexicana es el segundo socio accionista de la española –posee casi 10 por ciento de sus acciones–, sus intentos por tener alguna influencia en las decisiones de Repsol han sido bloqueados por la directiva de la empresa.
Es pertinente recordar que durante el sexenio pasado el entonces director de Pemex, Juan José Suárez Coppel, decidió invertir cerca de 20 mil millones de pesos en la adquisición de 4.4 por ciento de la propiedad de Repsol, en lo que constituyó una operación opaca e incongruente con el discurso oficial, que ya desde entonces argumentaba, como parte de los esfuerzos por privatizar Pemex, que la paraestatal padecía una aguda carencia de recursos necesarios para invertir en la modernización de su propia planta productiva. Por lo demás, tal inversión resultaba a todas luces disparatada si se tomaba en cuenta que Repsol era ya en ese entonces –y sigue siendo– administrada en forma cuestionable y hasta mafiosa por Antonio Brufau, individuo que acumula imputaciones judiciales por malos manejos financieros y se asigna salarios que en moneda nacional equivalen a entre 80 y 170 millones de pesos anuales, dependiendo del periodo.
Para colmo, la parte mexicana fue sistemáticamente ignorada y marginada del consejo de administración de la trasnacional española y, cuando el gobierno argentino decidió expropiar la participación de ésta en Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), Pemex se vio involucrada en una confrontación entre Madrid y Buenos Aires, y su participación en ese diferendo le valió ya mayor animadversión de los socios españoles de Repsol.
Ciertamente, a la luz de esos antecedentes, lo más adecuado parece ser que la actual administración de Pemex se retire por completo de la trasnacional española. Pero ello debe hacerse con plena transparencia y aportando a la opinión pública nacional información puntual y precisa de operaciones que implican cuantiosos recursos pertenecientes –todavía– a la nación.
Es demandable asimismo que se esclarezca si en esa aventura ha habido una afectación patrimonial para México y que, en caso afirmativo, se proceda a una investigación exhaustiva y a un deslinde de responsabilidades de los funcionarios y ex funcionarios que participaron en una toma de decisiones que, de acuerdo con la versión de la pobreza
de recursos de Pemex –sostenida tanto por el gobierno de Felipe Calderón como por el de Enrique Peña Nieto–, resultaba palmariamente disparatada.
En esa misma lógica, es necesario que Pemex ofrezca a la sociedad un panorama claro y transparente de otro de sus negocios
extraños: el rescate de los astilleros gallegos Barreras (en virtual quiebra) y Navantia, con el propósito de construir en Vigo dos hoteles flotantes y otras embarcaciones. La explicación resulta particularmente ineludible en una circunstancia en la que dos importantes contratistas de la aún paraestatal, Oceanografía y Evya –esta última contratada también para fabricar hoteles flotantes–, se encuentran bajo investigación judicial por posibles desviaciones de recursos.
Es imprescindible, en suma, una señal de deslinde clara e inequívoca del actual gobierno respecto de la exasperante opacidad con que las dos administraciones precedentes manejaron las finanzas públicas, es decir, el dinero de todos.
