Opinión
Ver día anteriorLunes 12 de mayo de 2014Ver día siguienteEdiciones anteriores
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Megaproyecto Dragon Mart
Iván Restrepo
E

n diversas ocasiones, el presidente Peña Nieto ha dicho que durante su administración habrá transparencia e información oportuna y veraz sobre los programas y tareas del gobierno federal. Un asunto relegado en los pasados sexenios y que tiene como recientes botones de muestra la insana relación entre Petróleos Mexicanos, la española Repsol y Oceanografía. Con miras a esa transparencia, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión pidió al gobierno federal la información relacionada con el megaproyecto Dragon Mart, ubicado en Puerto Morelos, Quintana Roo, a fin de conocer sus efectos económicos, sociales y ambientales.

Como asentaron en este diario los reporteros Enrique Méndez, Juan C. Miranda y Roberto Garduño, dependencias del gobierno federal respondieron que los permisos y las licencias requeridas los otorgó el gobierno estatal y el ayuntamiento de Benito Juárez, municipio en que se encuentra el área del proyecto. La Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) señaló que tal obra no tiene registro de evaluación de impacto ambiental. En pocas palabras, desconocen lo relacionado con Dragon Mart y los riesgos que representa en el ámbito del medio ambiente y los recursos naturales. Esto, pese a las denuncias elevadas por organizaciones sociales de la región en las que señalan afectaciones y daños en las más de 500 hectáreas que contempla el proyecto citado.

Por su parte, la Secretaría de Economía indicó a la Comisión Permanente que carecía de datos importantes sobre Dragon Mart, no tener elementos suficientes para identificar a las personas físicas y morales involucradas en dicho proyecto. Por tanto, desconoce el origen del dinero a invertir en el proyecto comercial más importante en la península de Yucatán. Pero aclaró que, como es de conocimiento público, se trata de un proyecto inmobiliario que incluye un centro de negocios para el comercio internacional y con la infraestructura necesaria para exhibir muestras de productos manufacturados en el exterior. Todo ello sujeto a las regulaciones que fijen los gobiernos federal, estatal y ­municipal.

Extraña que las instancias federales carezcan de información suficiente sobre el proyecto comercial más grande de China en el exterior. Sólo lo supera el de Dubái. Está ubicado estratégicamente entre los dos polos turísticos más importantes de América Latina y el Caribe: Cancún y la Riviera Maya. Prevé una inversión de 200 millones de dólares en su primera fase. Ese Centro de Distribución de Productos Chinos (MDCCC, por sus siglas en inglés) será la punta de lanza para movilizar mercancía de ese país por todo el continente.

Nadie cree que no sepan que a unos cuantos kilómetros del aeropuerto de Cancún, y a tres de la franja litoral, el área comercial del complejo ocupe 10 hectáreas, otras nueve para un hotel y edificios de departamentos y dos más para viviendas. Ni que en 4.5 hectáreas estarán los locales donde se almacenarán mercancías diversas. En fin, es un centro de población, negocios, servicios y viviendas en 100 hectáreas ubicadas en una zona ecológicamente frágil y que, a su vez, desatará un radical cambio de uso del suelo en las áreas vecinas. A lo que se añade lo referente a los servicios básicos: luz, agua, transporte, drenaje y variados desechos, entre otros, que demandarán los 2 mil 500 nuevos habitantes chinos y los miles de visitantes. Se suma la posible devastación del mangle y el arrecife al ampliar el muelle de Puerto Morelos para recibir cargueros multimodales.

La opinión pública sabe que los megaproyectos no se llevan a cabo si no cuentan con el apoyo político y gubernamental. Localmente lo ha tenido sin cortapisa desde el sexenio anterior. Pero, como en las entidades con frecuencia no se mueve una hoja sin el visto bueno del gobierno federal… Al respecto, varios columnistas de negocios denuncian que en todo ello hubo la participación de prominentes panistas con influencia durante el mandato del becario de Harvard.

Al igual que los habitantes de Quintana Roo y especialmente de Puerto Morelos, la opinión pública merece y exige en este caso la transparencia tantas veces prometida.

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