os integrantes del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) emitieron ayer un comunicado en el que afirman que la modificación a la Ley Orgánica de la referida autoridad jurisdiccional, aprobada la víspera en la Cámara de Diputados, no contempla la entrega de una pensión vitalicia, sino de un haber de retiro previsto en el artículo 94 de la Constitución. La afirmación del máximo organismo de justicia electoral contraviene la planteada por los legisladores de oposición en San Lázaro, quienes afirmaron que la discusión de la referida modificación legal fue introducida de manera subrepticia por la Presidencia de la República como parte de un intercambio en el contexto de la aprobación de la reforma político-electoral.

Más allá de esa colisión declarativa y de los tecnicismos sobre la naturaleza de la prestación comentada, es evidente que en la sesión de anteayer tuvo lugar una alteración mayúscula a la operación de los procesos legislativos y, lo más grave, se trastocó la credibilidad de una institucionalidad electoral que supuestamente está siendo sometida a un proceso de reconfiguración con el fin de dotarla de lo que carece hoy en día: imparcialidad y confianza de la ciudadanía.

En ese sentido, la afirmación de los integrantes del TEPJF de que el haber de retiro estaba previsto en la Constitución –de lo que se podría inferir que los legisladores se limitaron a dar cumplimiento a un mandato de la Carta Magna– denota un exceso de candidez que no es compatible con la importancia de la actividad que ese organismo desempeña, en tanto pasa por alto la coyuntura en que dicha prestación fue aprobada: la discusión de una reforma que regulará las contiendas electorales venideras, que coincide, además, con la responsabilidad del propio órgano, de pronunciarse sobre asuntos como el caso Monex. Esos factores, quiérase o no, dan sustento a la percepción –y para el caso, la forma es fondo– de que la prestación comentada constituye en los hechos un pago de facturas políticas pasadas o futuras.

Por otra parte, la aceptación de los legisladores de que la luz verde legislativa al haber de retiro fue parte de una trampa operada por el Poder Ejecutivo, particularmente por el consejero jurídico de la Presidencia, Humberto Castillejos, deja mal parado al propio Legislativo: flaco favor se hacen sus integrantes al admitir que la Presidencia de la República puede incidir en los procesos legislativos sin que sus integrantes puedan impedirlo o, peor aún, advertirlo. Si esto es así, habrá que preguntarse cuántas de las reformas aprobadas o por aprobar en el curso de las semanas y meses que corren han sido objeto de maniobras similares. Es particularmente preocupante el caso de reformas que han concitado amplios rechazos entre la ciudadanía, como la energética y las leyes secundarias en materia de telecomunicaciones.

El episodio exhibe, en suma, una institucionalidad que en su conjunto ha perdido el sentido del decoro. Bien harían los involucrados en utilizar los recursos a su alcance para revertir una determinación que, además de excesiva e inmoral –a la luz de las condiciones materiales ruinosas que enfrenta el grueso de la población–, resultará sumamente costosa para la frágil credibilidad de las instituciones.