17 de mayo de 2014     Número 80

Directora General: CARMEN LIRA SAADE
Director Fundador: CARLOS PAYAN VELVER

Suplemento Informativo de La Jornada

Los retos: ordenar el uso de aguas subterráneas e inversiones

Nuevos conflictos en
Aguas Transfronterizas

Lourdes Rudiño

El rezago en la entrega de aguas a Estados Unidos, por casi 400 millones de metros cúbicos, que presenta hoy México en el marco del Tratado de aguas transfronterizas de 1944, hace avizorar un conflicto inminente con ese país y, en su caso –tal como ocurrió al inicio de este siglo-, la toma de aguas de fuentes ajenas al Tratado, con la afectación social que ello supone.

El “Tratado de distribución de aguas internacionales de los ríos Colorado y Tijuana y Bravo desde Fort Quitman, Texas, Estados Unidos de América hasta el Golfo de México”, suscrito por ambos países el 3 de febrero de 1944, regula el uso y aprovechamiento de las aguas internacionales de los ríos Bravo, Colorado y Tijuana y establece que México debe asignar como mínimo a su vecino del norte 431 millones 721 mil metros cúbicos anuales de los afluentes del Río Bravo (esto representa una tercera parte del agua que llegue a la corriente principal de ese Río procedente de los ríos Conchos, San Diego, San Rodrigo, Escondido, Salado y Arroyo las Vacas). Por su parte, EU debe asignar a México entre mil 850 millones 234 mil metros cúbicos y dos mil 96 millones 931 mil metros cúbicos al año de los afluentes del Río Colorado, por medio de la presa Imperial, ubicada en California.

El Tratado considera ciclos quinquenales, lo cual quiere decir que si en un año hay faltantes de agua en las entregas entre países, los pendientes pueden cumplirse en los años posteriores dentro de cada ciclo. El ciclo actual es el 34, cuya conclusión ocurrirá el 25 de octubre de 2015.

Así, dado el rezago que muestra México, de 389 millones de metros cúbicos (al mes de abril de 2014, de acuerdo con la Comisión Internacional de Límites y Aguas, CILA), en los 17 meses que restan al ciclo 34 el país estaría obligado a entregar a su vecino del norte poco más de mil millones de metros cúbicos con la tercera parte que llegue al Río Bravo de los afluentes aforados, lo que implicaría la necesidad de que se presente un escurrimiento promedio anual de casi dos mil millones de metros cúbicos de tales afluentes. Pero las condiciones actuales de la cuenca son de un escurrimiento promedio anual de apenas 982 millones de metros cúbicos, señala un reporte elaborado por Consejo Regional Agropecuario de Tamaulipas (CRAT).

¿Cuál es el motivo del rezago? El comisionado de la Sección Mexicana de la CILA (la instancia que administra el Tratado), Roberto Fernando Salmón Castelo, afirmó en una reunión en el Senado el 23 de abril que el problema tiene su raíz en la “sobreexplotación derivada de un sobre-concesionamiento”, además de un uso anárquico del líquido en las unidades de riego, derivaciones no autorizadas de agua y falta de medición y control.

En efecto, señala Jorge Luis López Martínez, presidente del CRAT, el inminente riesgo de caer en incumplimiento en el Tratado es resultado de una sobreexplotación de acuíferos, esto es de aguas subterráneas, que ocurre en la agricultura, en particular en la cuenca del Río Conchos, en Chihuahua, lo cual ha generado crónicamente, desde 1995, un déficit que llegó a alcanzar los 600 millones de metros cúbicos anuales.

Por ello, al inicio de los años 2000, con Vicente Fox estrenándose en la Presidencia de la República, México presentaba un rezago de unos 400 millones de metros cúbicos de un ciclo vencido y respondió a las presiones de EU “pagando” con agua que se tomó de afluentes no comprometidos en el Tratado, lo cual afectó el abasto para la irrigación agrícola de los distritos de riego 025 del Bajo Río Bravo y 026 del Bajo Río San Juan, de Tamaulipas. Más de 15 mil familias productoras de sorgo, maíz y hortalizas fueron  afectadas. “Quedaron sin una gota”, comenta López Martínez. El hecho derivó en demandas judiciales emprendidas por los productores y el gobierno tamaulipeco que concluyeron con el pago de indemnizaciones con dinero del erario público.

El hecho también propició algo positivo: un trabajo de autoridades y usuarios de agua –agrícolas y urbanos- de Tamaulipas, Chihuahua, Coahuila y Nuevo León para generar un reglamento que ordene y distribuya el uso del agua de la cuenca del Río Bravo, el cual “lamentablemente, ha avanzado muy poco”, dice López Martínez.

Alfonso Cortez Lara, profesor-investigador del Colegio de la Frontera Norte (Colef), precisa que las aguas subterráneas no están consideradas en el Tratado; sólo lo están las superficiales, pero es claro que hay una interconectividad entre los flujos de ambas aguas. Y las subterráneas, que son las más cuantiosas e importantes a futuro, se están aprovechando de forma inadecuada. “Los problemas que se han detectado en los años recientes son de sobreexplotación en Mexicali, Baja California; en Yuma, Arizona; en San Luis Río Colorado, Sonora; en ambos Nogales…”.

El académico comenta que el asunto tiene que resolverse internamente en el país, así como del lado de EU deben enfrentar sus propias ineficiencias, pero “he escuchado con cada vez más intensidad, y sobre todo en EU, el interés de estudiar las aguas subterráneas conjuntamente e implementar mecanismos binacionales para su gestión y manejo, para derivar luego en un tratado específico sobre esas aguas. La prioridad es alta, por las condiciones que tenemos de cambio climático”. Esto es un reto para gobiernos e instituciones académicas, pues no hay aún estudios amplios, integrales, sobre los volúmenes y ubicaciones de estas aguas. Estos estudios son más costosos y difíciles que los de aguas superficiales.

Al respecto, el presidente de la Comisión de Recursos Hidráulicos del Senado, Aarón Irízar, considera que el tema de las aguas subterráneas –si bien es crucial, pues de los 653 acuíferos de México, 101 presentan sobreexplotación-, debería continuar manejándose al margen del Tratado de 1944, como un asunto interno. Aunque, explica, en agosto de 1973, en su acta 242, el CILA estableció pautas para estas aguas en las zonas transfronterizas., “y si la condición obliga a que se hagan más actas para proteger el tema de aguas subterráneas, no deben limitarse”.

Textualmente, esa acta 242 dice que “Mientras se llega a la celebración por los Gobiernos de México y los Estados Unidos de un convenio de alcance general sobre aguas subterráneas en las áreas fronterizas, cada país limitará el bombeo de las aguas subterráneas en su propio territorio dentro de los ocho kilómetros (cinco millas) de la línea divisoria entre Sonora y Arizona y cerca de San Luis a 197 millones 358 mil metros cúbicos anuales (…) A fin de evitar problemas futuros, México y los Estados Unidos se consultarán recíprocamente antes de emprender cualquier nuevo desarrollo de aguas superficiales o de aguas subterráneas, o de emprender modificaciones substanciales a sus desarrollos actuales, que pudieran afectar adversamente al otro país”.

De acuerdo con Jorge Luis López, la tarea de poner orden en las aguas subterráneas implica: 1.- establecer el reglamento de la cuenca, “que no hemos concluido aunque tenemos años trabajando en esto, y que es tan sencillo como decir cuando haya poca agua, repartámosla y que nos falte agua a todos, y cuando haya mucha, tomemos toda la que necesitemos”; 2.- la compra de derechos de concesiones por parte del gobierno federal (de la Comisión Nacional del Agua, Conagua); 3.- la reducción del consumo agrícola, vía obras de modernización de la infraestructura de aprovechamiento, y 4.- el cambio de uso de suelo en zonas agrícolas de la frontera norte hacia la urbanización. Esto es, son acciones de política interna. Sobre este último punto Cortez comenta que en esta zona el agua se destina entre 76 y 86 por ciento a la agricultura, y si bien hay ineficiencias tanto en el uso urbano como en el agrícola, en este último se nota más.

Comenta López Martínez: en el pasado “hubo todo un desorden en las concesiones (de la Conagua)”; en el marco del trabajo que realizan usuarios y autoridades “sí hubo un programa de gobierno, que compró del orden de 200 millones de metros cúbicos de las sobre-concesiones que tenemos en la cuenca, y eso sin duda ayuda, pero estábamos hablando de un déficit de unos 600 millones de metros cúbicos anuales y hoy ese déficit está arriba de los 300 millones. La sobre-concesión sigue siendo un problema crítico a la fecha.

“Estamos condenados a que si no hacemos más de lo que hemos hecho, vamos a entrar en una encrucijada tremenda otra vez con Estados Unidos”.

Un punto clave y donde está el reto principal para dar un uso sustentable a las aguas subterráneas está en la modernización de la infraestructura agrícola, dice López Martínez. Se trata de nivelar tierras, modernizar la infraestructura propia de distribución y tecnificar el sistema de operación de los distritos de riego, pues allí es donde se dan las mayores pérdidas. “Pero son inversiones tan cuantiosas que no las pueden pagar sólo los agricultores, requieren apoyo de recurso público”.

“Por ejemplo en el Bajo Bravo, distrito 025, hemos hablado que en el corto plazo las necesidades son superiores a los siete mil millones de pesos, pero las previsiones de presupuesto público que vemos a mediano plazo son apenas de mil 600 millones”.

Todas las fuentes entrevistadas coinciden en que el Tratado de 1944 debe permanecer sin cambio; en términos de intercambio de volúmenes de agua resulta benéfico para México, pero las actas que genera la CILA, y que hasta hoy suman 319, sí deben verse como instrumento para adecuar el Tratado a las condiciones específicas de cada región. De acuerdo con Alfonso Cortez, de lado mexicano la CILA negocia sólo por medio de su comisionado y muchas veces en sigilo (si acaso en la década reciente ha involucrado a interlocutores interesados por el medio ambiente), mientras que del lado de EU el comisionado cuenta con la participación e interacción de representantes de la población usuaria del agua y hay mucha transparencia y oportunidad en la información (en ello tiene que ver el hecho de que en México el agua es propiedad de la nación y en nuestro vecino del norte son muchos los dueños privados y hay mecanismos de mercado bien definidos).

Cortez Lara precisa que hay ejemplos de la posibilidad de que las actas adapten el Tratado a las realidades actuales. Es el caso de la 319, la cual estableció la determinación de asignar agua al delta del Río Colorado. “Aquí durante 20 años el agua no había llegado al delta, e igual pasa en el Bajo Río Bravo; se atiende a las ciudades, luego al campo, y del delta todos se olvidan. Con el acta 319 estamos comenzando a pensar en la naturaleza, en proteger nuestro medio ambiente”. Asimismo, el acta 318 permitió negociar la posposición de entrega de aguas de EU debido al daño que sufrió la infraestructura hidroagrícola de Baja California por el sismo sufrido por este estado en 2010.


Un México con ríos limpios y libres

Omar Arellano-Aguilar
Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad, AC

México está caracterizado por 50 ríos principales que bajan de las grandes sierras con 337 mil millones de metros cúbicos de agua al año, y que presentan fuertes problemas de sobreexplotación y contaminación, en particular los ríos Grande de Santiago, Atoyac, Blanco, Tula, Coatzacoalcos, Lerma, Papagayos, Tecolutla, Bobos, Verde, Yaqui y Colorado.

Estos ríos reciben 243 mil litros por segundo de aguas residuales municipales y 188.7 metros cúbicos por segundo de aguas residuales industriales, casi la mitad sin tratamiento, y la otra parte sin vigilancia continua para verificar el cumplimiento de normatividad, la cual, por cierto, data de 1996. En 2010 más del 20 por ciento de las cuencas hidrológicas del país presentaba serias alteraciones eco-hidrológicas; en algunos ríos de México se han detectado más de mil sustancias químicas tóxicas.

Sin reconocimiento oficial, la situación se agrava: los ecosistemas acuáticos se ven afectados, hay extinción de especies, se reduce la disponibilidad de agua limpia y se observan problemas de salud en las poblaciones colindantes.

La construcción de grandes presas hidroeléctricas y el trasvase de agua entre cuencas sólo sirven para empeorar la situación de los ríos. Al disminuir su flujo, se reduce su capacidad de autodepuración, se aumenta la evaporación, declina la biodiversidad acuícola y se impide el transporte de nutrientes a las zonas costeras.

¿Cómo podemos revertir el daño? Primero, reconocer que los ríos forman ecosistemas que definen la orografía y microclima de un sitio, así como la biodiversidad de una región y la productividad de los ecosistemas costeros. Los ríos son parte fundamental de la historia de los pueblos.

Segundo, crear una nueva forma de relacionarnos con el entorno a por medio de la conservación de los recursos. Las acciones comunitarias de autogestión y las redes de participación ciudadana están generando proyectos alternativos de manejo sustentable y de monitoreo desde Baja California hasta Quintana Roo.

Tercero, definir un periodo de transición para lograr, en 15 años, el fin a la contaminación del agua por actividades agrícolas o industriales, y en ese marco establecer una lista prioritaria de sustancias para su prohibición inmediata y ampliar los parámetros utilizados para detectar la presencia de contaminantes en descargas durante este periodo. El cobro de derechos por acceso a aguas nacionales para uso industrial debe cubrir el costo de inspecciones y análisis oficiales periódicos, así como para el monitoreo ciudadano. Los que contaminan deben perder sus concesiones. El público debe de tener acceso permanente a los puntos de descarga, y los datos sobre sustancias utilizadas por cada concesionario y los resultados de muestreos oficiales deben ser difundidos en línea.

Cuarto, promover un plan de desmantelamiento de presas y diques para restablecer el flujo y la dinámica natural de los ríos como lo están haciendo países como Estados Unidos y los de la Unión Europea.

Quinto, exigir que todo proyecto de infraestructura que pudiera causar algún impacto al sistema hídrico cuente con un Dictamen de Impacto Socio-Hídrico emitido por un comité científico-ciudadano independiente, el cual garantice que el proyecto no propiciará daños.

Sexto, organizarse y actuar. Existen alrededor de 300 organizaciones regionales que están respondiendo ante la crisis hídrica del país. En una acción sin precedente, la campaña Agua para Todos, Agua para la Vida reúne a cientos de académicos y estudiantes de las principales universidades de México y al menos 49 organizaciones civiles. Han consensado una propuesta para una nueva Ley General de Aguas con el objetivo de cambiar el modelo de extracción y manejo de los recursos hídricos. Esta propuesta prioriza la conservación de los ecosistemas, la soberanía alimentaria y la reducción significativa de la contaminación de los ríos.


El CIADI: “Derechos” de las corporaciones
contra los derechos humanos

Eduardo Monroy y Jessica Jiménez Centro para la Sustentabilidad Incalli Ixcahuicopa. Revista Xantico

El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) ha cobrado notoriedad por ser uno de los principales eslabones del sistema de protección de las inversiones del capital extranjero en el mundo. Este centro de arbitraje con funciones de tribunal, pertenece al Grupo del Banco Mundial (BM). En él se dirimen los conflictos de los inversionistas extranjeros con los Estados; sólo las corporaciones están facultadas para demandar. El proceso inicia cuando el país anfitrión implementa una política que podría afectar sus ganancias esperadas según lo estipulado en algún Tratado Bilateral de Inversión o de Libre Comercio, por ejemplo, en el caso de nuevas disposiciones de protección al medio ambiente.

Sudáfrica fue fuertemente demandada ante el CIADI en 2007 después de implementar políticas en pro de la población negra, que había sido marginada durante el apartheid. Argentina, tras la crisis financiera en 2001, se convirtió en el país más demandado ante el CIADI. México, pese a no ser firmante, es el cuarto país más demandado a nivel global debido a que reconoce a CIADI como árbitro en sus tratados bilaterales y de libre comercio.

En el CIADI los árbitros son al mismo tiempo juez y parte; generalmente provienen de las mismas empresas que demandan. En más de 95 por ciento de los casos, el fallo es a favor de la corporación demandante. Si los países deciden salir del CIADI, son obligados a seguir respetando los fallos del tribunal hasta por 15 años más.

Los laudos decretados por los árbitros del CIADI utilizan instrumentos como el embargo de los bienes del país en el extranjero, o de sus reservas internacionales en oro. La cesión de la soberanía de las naciones en el altar del libre comercio internacional es un tema altamente polémico, pero es práctica cotidiana en un escenario de extracción y mercantilización de los recursos naturales y de la propia vida.

En entrevista, Alberto Arroyo investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana, critica la firma de tratados y acuerdos que reconocen el CIADI. En primer lugar, cuestiona quiénes son los beneficiarios de la inversión extranjera que estos acuerdos buscan atraer. Segundo, señala el caso de Brasil, país que no ha firmado ningún TBI y es el principal captador de inversión extranjera directa de América Latina, por encima de México, que ha firmado y se ha subordinado a los intereses de los inversionistas extranjeros.

Arroyo, miembro de la Red Mexicana de Acción Frente al Libre Comercio, habló sobre algunas estrategias que se puede impulsar para recuperar la soberanía cedida: “Una estrategia es iniciar una campaña a nivel local, nacional e internacional para cuestionar el poder de las corporaciones e impulsar un código vinculante que dé a los pueblos y a los gobiernos la capacidad de demandar a las trasnacionales en un tribunal internacional por violación a los derechos humanos, así como por la deuda ecológica (daños irreversibles que han causado desde el pasado y hasta el futuro). “La violación de los derechos humanos debe ser causal de nulidad inmediata de un tratado”.

Por otro lado, se ha apelado a la defensa del territorio; los pueblos han defendido su derecho a la consulta previa, reconocido por el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). La comunidad es la última línea de defensa del territorio ante los embates de las transnacionales y tiene que pelear bajo el amparo de la propiedad colectiva de la tierra, señala Arroyo.

“No cabe duda que entrar a un TBI sin medir las severas consecuencias es lo peor que pueden hacer los gobiernos”, manifiesta Javier Echaide, catedrático de la Universidad de Buenos Aires. “Argentina, que privatizó sus sistemas de agua, una vez comenzada la crisis de 2001 recibió un alud de demandas multimillonarias ante el CIADI. De concretarse la privatización del agua en México se correría la misma suerte”.

En el mismo sentido, Arroyo agrega: “El agua como un derecho humano indispensable para garantizar la soberanía alimentaria de los países y la preservación de los ecosistemas debe quedar exenta de la lógica del libre mercado”. En el caso mexicano, la legislación permite concesiones con duración de hasta 30 años, garantizando el pago de utilidades esperadas en caso de la cancelación de la concesión por cualquier motivo, e incluyendo el incumplimiento por parte del concesionario.

Para lograr mayor control sobre las inversiones, Arroyo señala la importancia de presionar para evitar la firma de tratados, acuerdos y concesiones, especialmente los de largo plazo. También invita a participar en la campaña mundial a favor de un tratado internacional y mecanismos que obligarían a los Estados a responsabilizar a las empresas para sus acciones u omisiones que vulneren derechos humanos. Para más información de la campaña: rmalc@rmalc.org.mx.

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