Guanajuato, Gto., 20 de mayo.

De 2006 a 2012 fueron denunciadas en el estado 2 mil 96 violaciones sexuales, delito que se incrementó 137 por ciento en siete años, de acuerdo con estadísticas de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE).

Al final de la administración del panista Juan Carlos Romero Hicks (2000-2006) e inicios de la gestión de su correligionario Juan Manuel Oliva Ramírez (2006-2012) hubo 195 casos.

El Ministerio Público recibió 463 querellas por ataques sexuales al final de la gestión de Oliva Ramírez y al principio de la actual, a cargo del también panista Miguel Márquez Márquez.

En 2006 fueron denunciadas 195 violaciones; en 2007, 177; en 2008, 239; en 2009, 311; en 2010, 325; en 2011, 386, en 2012, 463, y de enero al 15 de septiembre del 2013, 418, según cifras obtenidas mediante el recurso de revocación 15595.

Los municipios industriales de León, Irapuato, Celaya y las ciudades patrimonio cultural de la humanidad de San Miguel de Allende y Guanajuato están entre las cinco localidades con el mayor número de acusaciones por ataques sexuales.

En 2012, León, Celaya y Guanajuato registraron la mayor cantidad de de imputaciones, con 140, 50 y 20, respectivamente.

Resistencia a informar

Hace un año La Jornada solicitó datos a la PGJE sobre el número de denuncias por delitos sexuales. La dependencia rehusó entregar las estadísticas, por lo cual fue necesario interponer una querella. Finalmente, el Instituto de Acceso a la Información Pública del Estado de Guanajuato (IACIP) obligó al fiscal a entregar los datos solicitados.

En entrevista, el procurador Carlos Zamarripa Aguirre reconoció que las denuncias por violación se incrementaron en Guanajuato, pero afirmó que no todos los casos cumplen con el tipo penal o no se comprobó el ataque.

Después de que el Ministerio Público recibe las quejas, muchas son reclasificadas como abusos eróticos-sexuales, corrupción de menores o estupro, precisó el funcionario sin dar cifras.

En algunos casos no hay violación, pues hay consentimiento. Como la muchacha sale embarazada, denuncia que fue violada para no tener problemas con los papás, sostuvo el fiscal.

El Centro de Derechos Humanos Victoria Diez acusó a funcionarios de la PGJE y de la Secretaría de Educación de Guanajuato de descalificar las acusaciones de una niña de 12 años presuntamente violada por Antonio de Jesús Aguirre Zúñiga, maestro de español de la secundaria general Insurgentes 8, en León.

Un año antes de la agresión, la directora del plantel, Laura Aranda Moreno, supo que la estudiante era acosada y hostigada sexualmente por Aguirre Zúñiga y no intervino, acusó la agrupación.

La agente del Ministerio Público especializada en delitos sexuales, Blanca Isabel Gasca Curiel, alteró la declaración de la víctima y no permitió la presencia de su madre durante la diligencia.

Sicólogos de la PGJE revictimizaron a la menor al hacerla relatar una y otra vez los hechos; le gritaron, la acusaron de mentir y de acusar a un hombre inocente, aseveró la organización no gubernamental.

El 28 de abril, el maestro de educación física de la secundaria Centro Educacional Piloto, en la capital del estado, Víctor Manuel Anguiano Hernández, violó a una estudiante de 13 años, denunció su padre ante la PGJE y ante la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado.

En este caso, el director, Néstor Saucedo Valtierra; el subdirector, Sergio Rosas, y la asesora educativa, Emma Gómez, hostigaron a la menor para que no acusara al docente y la tacharon de mentirosa.

Instan a tipificar pederastia

La coordinadora de los diputados locales del PRD, Guadalupe Torres Rea, pidió al gobernador Miguel Márquez que instruya a Zamarripa Aguirre a que procure justicia para las víctimas y castigue a los funcionarios responsables de solapar las agresiones.

Estos hechos exhiben la ineficiencia de la alerta naranja promovida por el gobierno estatal y la falta de políticas con perspectiva de género, lamentó. Instó al Congreso a aprobar la iniciativa para tipificar el delito de pederastia y castigarlo con penas hasta de 22 años de cárcel.

La iniciativa prevé incorporar en el Código Penal el artículo 184-a , que sancionaría con pena de ocho a 15 años de prisión a quien, con consentimiento o sin él, tenga cópula o introduzca cualquier otra parte del cuerpo distinta al miembro viril o cualquier artefacto en el cuerpo de una persona menor de 14 años.

El artículo 184-b señala que hay pederastia calificada cuando el abusador sexual de niños tenga parentesco con la víctima, sea responsable de su cuidado o desempeñe un ministerio religioso o un cargo público.

Agrega que también se configura el delito de pederastia calificada cuando el agresor sexual utilice medios obtenidos mediante una profesión o empleo para ejercer presión sobre la víctima o cuando use Internet o cualquier otro medio tecnológico para contactar al menor..

En estos casos la punibilidad se incrementará de 50 por ciento de la mínima a 50 por ciento de la máxima señalada en el artículo 184-a, lo cual incrementaría la pena a 22 años de prisión.