Sonora

Degradación de la pesca
ribereña de los Cucapá

Berenice Morales Aguilar y Silvia Yee

Los cucapá han habitado la región del bajo delta del Río Colorado aproximadamente desde el año 1000 aC. Hoy los principales asentamientos cucapá están en Somerton –próximo a Yuma, Arizona–; en El Mayor, Baja California, y en Pozas de Arvizu, Sonora.

Los cucapá contemporáneos se dedican a la pesca artesanal comercial, a la producción de artesanías y a trabajar en el sector de servicios en los campamentos turísticos de la región. También venden su mano de obra para la agroindustria, la reparación de caminos o la maquila.

Pescador cucapá extrayendo mojarra del río Hardy

Desde épocas ancestrales, los cucapá han utilizado los cauces y humedales que cruzaban el delta del Río Colorado, sobre todo en su principal afluente en el noroeste de México: el Río Hardy. Con la construcción de la presa Hoover hacia la década de 1930, se redujo el flujo del agua del Río Colorado, lo cual afectó no sólo la pesca cucapá, sino todo el ecosistema del delta. Sumado a ello, los volúmenes de agua dulce que llegaban a los ríos y humedales del Alto Golfo de California en México fueron disminuidos tras la firma del Tratado de Distribución de Aguas Internacionales entre México y Estados Unidos, en 1944.

La sequía se dejó sentir entre 1964 y 1981; sin embargo, en 1983 la hoy extinta Laguna Salada, a espaldas de la Sierra Cucapá, fue rellenada con excedentes de agua en las presas norteamericanas. En la Salada, los cucapá desarrollaron intensamente la pesca ribereña de lisa, mojarra, robalo, lobina, bagre, carpa y camarón. Esta etapa es recordada por los pescadores como la de mayor productividad en las actividades pesqueras del bajo delta. La bonanza terminó al desaparecer la Salada, a fines de la década de 1980.

Los cucapá que decidieron continuar con la pesca de lisa y mojarra tuvieron que hacerlo en las cercanías de los campos turísticos que se encuentran a lo largo del Río Hardy. Hoy en día algunos cucapá siguen pescando en el bajo río durante todo el año; no obstante, esta actividad también se ha visto afectada por la planta de tratamiento de aguas residuales Las Arenitas, que fue construida en 2006: “Estas aguas llegan al río y contaminan nuestro pescado, aunque las autoridades nos lo nieguen”.

Hacia 1992, la curvina golfina (Cynoscion othonopterus), especie endémica que se consideraba extinta, regresó a reproducirse a la zona del delta. Al reactivarse la pesquería, algunos cucapá se incorporaron a la actividad, junto con otros pescadores mestizos de la región. La entrada de los indígenas a la curvina coincidió con el establecimiento de la Reserva de la Biosfera del Alto Golfo de California y delta del Río Colorado en 1993, cuya zona núcleo abarca parte del territorio cucapá. Desde que se expidió dicho decreto, han devenido innumerables problemas sociales, económicos y políticos en la región. Para muchos pescadores indígenas, la creación de la Reserva es el origen del llamado “conflicto cucapá”.

La pesquería de curvina golfina se norma por medio de la veda temporal (desde 2005), la cuota anual de captura (establecida por primera vez para la temporada 2011-2012 y actualizada para las siguientes dos temporadas) y el permiso específico de curvina golfina (obligatorio desde 2013; en 2014 los permisos de curvina cucapá sumaban 109).

La veda temporal prohíbe la extracción de curvina golfina del primero de mayo al 31 de agosto de cada año, dentro de los límites de la Reserva, mientras que la cuota anual determina una captura máxima por región y por unidad pesquera. Paralelo a ello, la Norma Oficial Mexicana NOM-063-2005, publicada en 2007, establece artes de pesca específicos para la captura, tallas mínimas y sitios de arribo permitidos. Esta norma prohíbe la pesca de curvina golfina dentro de la zona núcleo de la Reserva, reforzando así la restricción a cualquier actividad extractiva en dicha área definida en el programa de manejo de la Reserva.

El establecimiento de la Reserva –igual que la veda y la cuota de captura- no tuvo un buen recibimiento por parte de los pescadores, quienes denuncian no haber sido consultados en la planeación de los acuerdos. Durante 20 años de lucha, los cucapá de la cooperativa Pueblo Indígena Cucapá Chapay Seisjhiurrar Cucapá han invocado ese derecho a la consulta establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y aún más, en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Además existe el estatus preferencial de los pueblos al acceso, uso y disfrute de los recursos pesqueros, así como del otorgamiento de concesiones y permisos de pesca, según reglamenta la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, publicada en 2007.

El más reciente intento por atender el conflicto cucapá ocurrió el 20 de mayo de este año, cuando líderes cucapá se reunieron con representantes de las secretarías de Medio Ambiente (Semarnat) y de Agricultura (Sagarpa), así como de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca), del Instituto Nacional de Pesca (Inapesca), de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) y de la Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas en la Ciudad de México. Se negoció la reorganización de la cuota de captura de curvina golfina a favor de los pescadores cucapá; la revisión de los tiempos de la veda, y la conformación de una mesa técnica para proponer los temas de la consulta, donde el establecimiento de la Reserva es el punto principal.

El cumplimiento de estos acuerdos es sólo la punta del iceberg debido a que la pesca cucapá involucra dos cooperativas más enfocadas a esta actividad: la Juañak Jah Kajuath y El Mayor Cucapá. Su inclusión en las negociaciones representaría un diálogo de saberes más amplio.

Oaxaca y Guerrero

Soluciones locales en vez de trasvases

Aurora Moctezuma y Catarina Illsley

En Oaxaca y Guerrero se están sentando las bases para la gestión integral de cuencas por medio de obras locales con beneficios múltiples, cuyo costo es una fracción del costo de las megaobras que están actualmente absorbiendo los presupuestos públicos y sirviendo como estrategia para la privatización.

En Oaxaca y sus valles centrales la contaminación y la falta de agua son un problema constante. Actualmente 50 pozos profundos y 40 mil pozos noria están extrayendo de aguas fósiles, contaminados con manganeso. Mientras tanto, se pierden cantidades significativas en fugas por el mal estado de la red hidráulica, y las lluvias y descargas de aguas negras se mezclan en los arroyos y ríos sin aprovechamiento.

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el gobierno del estado proponen resolver el problema del agua de Oaxaca con la construcción de la mega presa Paso Ancho, para enviar agua por un ducto de cien kilómetros vía bombeo a la capital, con un costo inicial de tres mil millones de pesos. Al acopiar 40 millones de metros cúbicos, esta mega obra causaría un desequilibrio tanto en la cuenca aportadora como en la receptora. El Colectivo de Organizaciones Ambientalistas de Oaxaca (COAO) exigió una consulta pública sobre este proyecto, y el 9 de abril de 2013 la obra fue clausurada por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente.

El COAO propone la construcción de diez represas en cada uno de los cien municipios de la región, las cuales podrían captar 20 millones de metros cúbicos en cada lluvia caudalosa. Se generaría agua limpia, se recuperaría la humedad superficial, se restauraría la flora y fauna nativa, y se recargaría los acuíferos.

Con una lógica similar, en la Montaña y Centro de Guerrero, el proyecto Agua Compartida para Todos es impulsado por una treintena de comunidades asesoradas por el Grupo de Estudios Ambientales y Sociales, AC (GEA), que buscan proteger y recuperar manantiales y garantizar acceso a agua y baños dignos en las escuelas y hogares, a partir de planes consensados por comunidad. Acompaña la toma de decisiones a favor de la distribución equitativa del agua, y asesora procesos intercomunitarios para resolver problemas de contaminación.

Las comunidades cuentan con formas propias de organización, donde la máxima autoridad y el espacio de toma de decisiones es la asamblea ejidal o, en algunos casos, la asamblea de ciudadanos. Desde ahí se regulan, por medio de acuerdos y normas, el acceso, el uso y la distribución de los recursos naturales incluida el agua.

El abasto de agua y el cuidado de las fuentes se gestiona de diversas maneras: en la mayoría de los casos, la asamblea nombra a un comité de agua, de carácter rotativo, o se forma un comité por cada manantial aprovechado. Cada comité está encargado de la instalación y el mantenimiento de las mangueras que conducen el agua, así como de recabar y administrar fondos. Entre la asamblea y los comités deciden la cantidad de agua a repartir a cada familia e instancia que la requiera, como son las escuelas. La dotación se ajusta a la disponibilidad en cada microcuenca.

Se deciden las pequeñas obras a priorizar y así se ha podido recuperar manantiales; separar agua de uso humano y animal, establecer huertos con base en manantiales nuevos o recuperados, trabajar para la conservación de bosques en zonas de recarga, etcétera.

En las comunidades con zona de riego, existe el comité de riego y un juez de agua, que distribuyen el agua entre los regantes. Los mayordomos se encargan de las fiestas de petición de lluvia, agradecimiento de cosechas y otros rituales. Promueven el trabajo colectivo para alcanzar estrategias de ayuda mutua, de tal modo que en una comunidad de dos mil habitantes GEA contabilizó 60 voluntarios en torno al agua, su abasto, distribución, riego y rituales.

Estas prácticas comunitarias son un ejemplo de cómo la solución a los problemas hídricos a nivel local y en el conjunto de las cuencas del país puede potenciarse con pequeñas soluciones autogestivas “de abajo” que incorporen el saber y el trabajo comunitarios.

Baja California Sur El debate entre el agua y el oro en Sierra La Laguna Sociedad de Historia Natural Niparajá, AC La mega minería tóxica se ha convertido en una de las amenazas más inminentes para las fuentes de agua dulce en Baja California Sur (BCS), el estado más árido de México. La Reserva de la Biosfera Sierra La Laguna (RBSL) es un área protegida creada en 1994. Una de sus principales funciones es proteger las zonas de recarga de los acuíferos del municipio de Los Cabos y del sur del municipio de La Paz. Ambos municipios albergan cerca de 80 por ciento de la población estatal y también son su motor económico. Las comunidades aledañas a la Sierra enfrentan fuertes retos en términos de desarrollo social y económico, pero también existe una floreciente actividad agrícola orgánica, y siendo BCS un estado turístico, la Sierra tiene un gran potencial para el turismo de aventura. Lo cierto es que la minería metalúrgica a cielo abierto, o mega minería tóxica, no es compatible con ambientes biodiversos como Sierra La Laguna, ni con los ecosistemas áridos del resto del estado. Sin embargo, en octubre de 2013 la empresa Desarrollos Zapal, SA de CV sometió su Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) para obtener uno de los permisos necesarios para operar el proyecto minero de oro a cielo abierto Los Cardones. Esta es la cuarta ocasión en que los promotores intentan que se apruebe el mismo proyecto bajo distintos nombres (antes Paredones Amarillos y Concordia). Con ello, la empresa pretende extraer oro dentro de la reserva. Somos muchos los actores que hemos alzado la voz para expresar nuestra oposición a este proyecto. Destacan: el Consejo Consultivo para el Desarrollo Sustentable de BCS de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), los Colegios de Médicos y de Ingenieros de BCS y el Consejo Asesor de la RBSL, además de decenas de organizaciones de la sociedad civil, celebridades, académicos, políticos, y lo más importante, miles de ciudadanos. También se han manifestado en contra el gobierno municipal de La Paz y el estatal. Estas posturas han sido respaldadas por análisis minuciosos de la MIA, en donde hemos dejado evidenciado, con argumentos legales y técnicos contundentes, que el proyecto Los Cardones violaría leyes, normas y reglamentos, así como el Plan de Manejo y Decreto de Creación de la Reserva. Es fácil y aterrador imaginar las consecuencias que enfrentaremos cuando una de nuestras pocas fuentes de agua conviva tan cerca con la mega minería tóxica, identificada como la mayor amenaza a los ecosistemas después del calentamiento global. Entre los principales argumentos contra Los Cardones se encuentra la contaminación del agua y aire que sin duda ocurrirá al ser liberado el arsénico que permanece de manera inerte en el subsuelo. Esto sin mencionar los riesgos latentes de trabajar con toneladas de materiales tóxicos y transportarlos por ferry hasta nuestra ciudad, los cambios irreversibles al paisaje de la Sierra, el ruido y el consumo de agua que requiere esta actividad. Existen argumentos suficientes para que la autoridad rechace este proyecto por las serias implicaciones que tendría en la salud de los ecosistemas y las personas, y por el grave impacto que tendría en las actividades productivas de la región como la agricultura orgánica y el turismo, con las cuales competiría directamente por el agua. De acuerdo con un estudio realizado por la Universidad de Queensland, este tipo de proyectos de extracción de recursos no renovables sólo duran unos 10 años, mientras que las actividades económicas que actualmente dan empleo a cerca de 73 por ciento de la población estatal (sector terciario, incluido turismo) tienen un ciclo de vida mucho más largo y emplean decenas de miles de personas. Los Cardones tan sólo generaría cerca de 300 empleos directos. Además, esta mina no es la única del tipo que amenaza la región. En la zona serrana que cruza el sur del estado se han otorgado más de 30 concesiones mineras, por lo que en el centro de este debate está el futuro de nuestro estado. La mega minería tóxica se contrapone directamente con el turismo y otras actividades tradicionales de la Sierra. El agua es nuestro recurso más preciado y puede sufrir daños irreversibles si se autorizan estos proyectos. Desarrollo sí, pero ¿cómo? Nuestro estado necesita modelos donde el capital natural sea el detonante de comunidades prósperas y no de conflictos por el medio ambiente. La Sierra tiene este potencial. Aunque las autoridades locales se han expresado en contra, necesitan transformar sus declaraciones en acciones contundentes de política pública y mecanismos legales para cerrarle el paso a este tipo de proyectos. Ejemplo de ello sería la aprobación del Programa de Ordenamiento Ecológico Local (POEL) de La Paz, el cual tiene más de seis años detenido, o la negación de permisos locales que necesitarían este tipo de minas para operar. Para asegurarse de ello, recientemente se constituyó el Frente en Defensa del Agua y la Vida, formado por más de 35 organizaciones de distinta índole, que desde hace un mes han organizado un plantón en el Gobierno Municipal de La Paz, y han organizado allí eventos informativos y recaudado más de 20 mil firmas. Todos podemos jugar un papel en este debate. Es fundamental que los ciudadanos nos mantengamos informados y participemos activamente en un clima de diálogo y respeto. Para más información, visita la página.

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