Un juez de distrito con sede en Acapulco emitió una sentencia histórica al señalar que los derechos de la comunidad indígena de San Miguel del Progreso, en el estado de Guerrero, fueron violados por el gobierno federal, luego de que éste entregó concesiones mineras a compañías trasnacionales sin que primero consultara a sus habitantes, lo que abre la puerta a que otros pueblos logren obtener amparos en contra de megaproyectos de este tipo.

En rueda de prensa, autoridades comunitarias de San Miguel e integrantes del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan saludaron este fallo, pero advirtieron que el juez no se pronunció sobre la posible inconstitucionalidad de diversos artículos de la Ley Minera que violan los derechos de los pueblos al territorio y el uso de sus recursos naturales, por lo que ya solicitaron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que conozca del tema y resuelva este punto.

Los abogados Armando Campos e Isidoro Vicario, de Tlachinollan, explicaron que luego de haberse enterado del otorgamiento de concesiones mineras a la empresa de capital británico Hochschild Mining –primero por rumores y luego mediante una solicitud de información–, los habitantes de la comunidad me’phaa interpusieron una solicitud de amparo, el 15 de julio de 2013.

Después de una espera de varios meses, finalmente el 12 de febrero de este año un juez de distrito determinó que los derechos de los pobladores habían sido violados por el gobierno federal al haber entregado las concesiones mineras sin realizar antes un proceso de consulta, como lo establece el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.

Aunque dicho fallo no implica la cancelación de los permisos de trabajo otorgados a la compañía minera, como exigen los habitantes del pueblo, sí representa un logro inédito que por el momento impide a los trabajadores de la empresa ingresar a la comunidad, señalaron.

No obstante, añadió la litigante Maribel Gutiérrez, el juez encargado del tema no analizó de forma exhaustiva ni se pronunció sobre la inconstitucionalidad de varios artículos de la Ley Minera vigente, los cuales contravienen el derecho de las comunidades a la protección de su territorio y el disfrute de sus recursos naturales, con el argumento de que la minería es una actividad preferente.

Por tal razón, las autoridades de San Miguel del Progreso y Tlachinollan presentaron el miércoles anterior una solicitud ante la SCJN para que conozca el tema y lo resuelva, sin necesidad de que antes pase por un tribunal colegiado de circuito, como espera la Secretaría de Economía.