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Plantean fortalecer la actual norma 26 y poner candados contra abusos de inmobiliarias

Rechazan organizaciones vecinales nuevos ordenamientos para construir viviendas

Autoridades y legisladores cierran la puerta a la opinión de ciudadanos: Patronato de San Ángel

 
Periódico La Jornada
Domingo 29 de junio de 2014, p. 30

En lugar de crear nuevos ordenamientos para la construcción de vivienda en el Distrito Federal se debe fortalecer la norma 26 y añadir los candados que impidan el abuso de los desarrolladores inmobiliarios, expresó Josefina Mac Gregor, vicepresidenta del Patronato de San Ángel, una de las organizaciones más combativas en contra de los cambios de uso de suelo.

En entrevista, la representante vecinal indicó que desde principios del año pasado diversas agrupaciones vecinales hicieron distintos planteamientos para ordenar el desarrollo urbano en la ciudad a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi) y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), a raíz de las anomalías con la norma 26, pero fueron ignorados.

Ignorados

Mac Gregor señaló que a pesar de contar con el respaldo de 15 mil firmas de habitantes de 50 colonias, sólo lograron dos reuniones con las autoridades capitalinas y del ámbito legislativo. Después nos enteramos que decidieron suspender la aplicación de la norma 26, que en la práctica continúa, porque son cientos los edificios que se construyen bajo ese ordenamiento.

Ahora empiezan con las normas 30 y 31, cuando sólo se deben hacer adecuaciones a la 26, que promueve la construcción de vivienda de interés social y popular, refirió al señalar que en este caso una de las propuestas es que sólo sea aplicable en las zonas donde el precio del terreno haga posible y sustentable el proyecto.

En el documento, elaborado por especialistas, el patronato recomendó no permitir la valuación ni la presentación del aviso de terminación de obra, cuando no esté totalmente concluida la construcción.

Además, propusieron que en en toda la publicidad, promoción o actos de venta, se obligue a los promotores a que den a conocer a los compradores que los departamentos fueron construidos con el beneficio de la norma 26 por lo que su precio no puede exceder de 30 veces el salario mínimo anualizado.

También plantearon que las obras a las que se les aplica la norma 26 se tramiten bajo la figura de licencia especial, pero hasta ahora las autoridades han mantenido las puertas cerradas a la opinión de los vecinos, apuntó.