Opinión
Ver día anteriorLunes 7 de julio de 2014Ver día siguienteEdiciones anteriores
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Poder judicial: vicios a prueba de reformas
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e acuerdo con un reportaje publicado hoy en estas páginas, el nepotismo, el compadrazgo, el amiguismo y el influyentismo siguen siendo determinantes en la conformación de los organismos que constituyen el Poder Judicial: gran parte de los ministros, magistrados, jueces y consejeros colocan hijos, hermanos, primos, sobrinos, cuñados y otros familiares en alguna de las instituciones judiciales de la Federación; muchos de los cargos del organigrama de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) –por ejemplo, los puestos administrativos de confianza– se otorgan sin concurso de oposición de por medio, es decir, en forma discrecional y arbitraria y sin más criterio que el favoritismo. Persiste así una suerte de hermandad o de mafia a todas luces indeseable y perturbadora del funcionamiento correcto de los organismos de impartición de justicia.

Para poner el fenómeno en perspectiva, cabe recordar que la administración zedillista invirtió buena parte de su impulso inicial en una ambiciosa reforma judicial que fue promulgada el 31 de diciembre de 1994 –hace casi 20 años– que implicó cambios a 27 artículos constitucionales, modificó la forma de integración del máximo tribunal del país, estableció nuevos requisitos para la designación de los ministros, acotó la duración en sus cargos, creó el Consejo de la Judicatura Federal, dio a la SCJN carácter de tribunal constitucional y redefinió el Ministerio Público y el Sistema Nacional de Seguridad, entre otras cosas.

Aunque en la exposición de motivos de esa reforma no se señalaba en forma explícita, era claro que se buscaba erradicar los cotos de poder construidos alrededor de algunos ministros que por entonces integraban la SCJN y superar los vicios y distorsiones en el sistema de ingreso, selección y promoción de los jueces y magistrados federales, pues hasta entonces eran los ministros del máximo tribunal quienes designaban a dedo a los titulares de los juzgados. En cambio, se afirmaba que la modificación tenía como propósito garantizar la eficacia y transparencia en la administración de justicia y profesionalizar y capacitar al personal del Poder Judicial.

A la luz de los ejemplos del reportaje citado, los vicios y las distorsiones están de vuelta, los cotos de poder han sido restablecidos y los compadrazgos, el amiguismo y el nepotismo siguen desempeñando un papel importante en las instancias federales de impartición de justicia.

La persistencia de tales deformaciones es incompatible con un sistema de justicia institucional, republicano y transparente, y es razonable suponer que induce anomalías y aberraciones en las resoluciones judiciales.

A lo que puede verse, el Poder Judicial de la Federación –la instancia del Estado que otorga a sus funcionarios altos y medios las remuneraciones más desmesuradas y las más desproporcionadas con la pobreza y las penurias que afectan al grueso de la población– requiere de una nueva reforma, acaso más profunda que la anterior, y de una moralización urgente.