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Defensoras y defensores en riesgo
Miguel Concha
L

o que se quiere visibilizar mediante el documento El derecho a defender los derechos humanos en México: informe sobre la situación de las personas defensoras 2011-2013, elaborado por la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (RedTDT), es la falta de cumplimiento del Estado mexicano de sus obligaciones en materia de derechos humanos, en particular el derecho a defenderlos. Es también la falta de interés y compromiso por el respeto a la labor de las personas defensoras. Un contexto nacional de militarización de la seguridad pública; un proyecto de economía neoliberal contrario a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, y un sistema de impunidad e injusticia han favorecido las continuas y crecientes agresiones contra quienes ejercen la legítima labor de defender los derechos humanos.

En los dos últimos años de la administración de Felipe Calderón y el primero de la administración federal actual, la RedTDT registró 104 casos de agresiones a defensoras y defensores de derechos humanos, que se traducen en 208 personas o colectivos agredidos. De éstos, 171 son personas víctimas de agresiones y 37 son colectivos. De los 171 agredidos, 115 son hombres y 56 mujeres. Las siete entidades con mayor número de casos son: Oaxaca, Guerrero, Chihuahua, Chiapas, Distrito Federal, Coahuila y Puebla. El informe señala que las y los defensores agredidos realizan su trabajo en torno a temas como los derechos de los pueblos originarios o indígenas y de la tierra y el territorio, así como de los recursos naturales y el medio ambiente. La denuncia de violaciones a derechos humanos a causa de proyectos de privatización y los abusos cometidos por empresas, ya sean locales, nacionales, paraestatales o trasnacionales –además de las violencias relacionadas con la delincuencia organizada y la militarización como estrategia de seguridad del gobierno– también les generan riesgos. Defensores y defensoras son también agredidos en su labor por causa de temas como las violaciones a los derechos de las mujeres y de los grupos de la diversidad sexual, feminicidios y trata de personas.

La exigencia de justicia ante actos de represión, operativos, criminalización de la protesta social, tortura, desapariciones forzadas y privaciones de la libertad por motivos políticos o de conciencia, son igualmente parte de los temas que generan agresión contra las y los defensores. Los siete tipos de agresiones más utilizadas por los perpetradores son: amenazas de muerte, amagos, detenciones arbitrarias, agresiones físicas, intimidaciones, muerte violenta y violaciones al derecho a la honra y la reputación. Sin embargo, el tipo de agresión más utilizado son las amenazas de muerte, tanto en referencia a los defensores (29 casos) como a las defensoras (20). Las violaciones al derecho a la honra y a la reputación, en cambio, son muy utilizadas para deslegitimar el trabajo de los defensoras y de las organizaciones de derechos humanos. Aunque todas las agresiones son de gran preocupación, la cifra que más duele y alarma corresponde a los asesinatos de defensores; 27 muertes fueron registradas en el periodo: 16 eran hombres y 11 mujeres. El estado con el mayor número de casos de asesinatos es Guerrero con 10, le siguen Michoacán con cinco y Chihuahua con tres. Además, en 110 de los casos las víctimas no pudieron identificar a sus victimarios más frecuentemente denunciados. Las fuerzas de seguridad pública federales, estatales y municipales y el Ejército Mexicano son las autoridades registradas en los primeros lugares como perpetradoras de las agresiones o violaciones a los derechos humanos. El informe mencionado destaca de nuevo algo que no debemos perder de vista, y es que todos los agresores han sido denunciados públicamente, pero en muy pocos casos existen procesos de investigación y sanción. La creación del Mecanismo de Protección de Defensores de Derechos Humanos y Periodistas no ha significado un cambio sustancial en materia de prevención, medidas de seguridad y sanción a los agresores.

La RedTDT concluye que la falta de políticas públicas adecuadas, pertinentes y efectivas para garantizar los derechos de toda la población, así como la impunidad sistemática, son los factores determinantes que permiten que se realicen las agresiones contra las personas defensoras, y se violente así el derecho a defender los derechos humanos. Entre los temas que aborda el documento cabe destacar que los peligros que hoy enfrentan las y los defensores de migrantes se incrementan por la falta de acción de las autoridades y por los intereses que el crimen organizado tiene en asuntos tan graves como el tráfico de sustancias ilícitas y el secuestro para fines de trata y explotación laboral y sexual. Otro tema a resaltar, y que en el momento actual debe ser claramente visibilizado, es la tendencia a generar legislaciones que restringen la libertad de expresión y el derecho a la protesta social, asunto que se ha visto reforzado en los pasados meses con leyes que criminalizan a quienes se manifiestan en la defensa de sus derechos, como han sido los casos de Quintana Roo y Puebla. No hay que dejar de reconocer el esfuerzo de la RedTDT por elaborar esta nueva investigación, que desde luego contribuye al análisis y reflexión de un tema de tan gran relevancia para el país.

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