Si Atenco pierde, Atenco desaparece

Los proyectos de la mancha urbana peñanietista
Avanzan sobre sus tierras

Carla Zamora, San Salvador Atenco, Estado de México.

La compra de terrenos, la “recuperación” de predios ocupados de manera irregular y el ejercicio del control político autoritario por el Partido Revolucionario Institucional en sus niveles federal, estatal y municipal, han generado un ambiente de tensión social constante.

Un niño pasea junto a su abuelo en bicicleta y se detiene al paso de una marcha en Atenco para decir: “Yo quiero progreso, no quiero tierra”, a lo que Trinidad Ramírez, del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) le responde: “Sin tierra no hay futuro”. En esta comunidad, se debaten dos proyectos de futuro: el de la expansión de la mancha urbana y las inversiones millonarias en infraestructura por parte de élites empresariales y gubernamentales, y el de la defensa de la tierra y el territorio bajo una identidad campesina que encabeza el FPDT.

Desde la derogación del decreto expropiatorio para la construcción del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México en los terrenos ejidales de los municipios de Atenco y doce ejidos de Texcoco y Chimalhuacán, que tuvo lugar en julio del 2002, los proyectos que afectan dichos terrenos han sido una constante. En agosto del mismo año, se dio a conocer el proyecto “México Ciudad Futura”, el cual tuvo como objetivo inicial la recuperación del lago de Texcoco a fin de prever la futura ausencia de agua en el Distrito Federal, y que fue encabezado por el despacho Futura Desarrollo Urbano, con el arquitecto Teodoro González de León a la cabeza (Proceso, 11 de agosto de 2002).

A lo largo del tiempo, esta idea se homologó con el proyecto Zona de Mitigación y Rescate Ecológico en el Lago de Texcoco, promovido por la Comisión Nacional del Agua (Conagua), que desde el 2009 ha pretendido la compra de más de 2 mil hectáreas de uso común y agrícola, propiedad de al menos seis núcleos ejidales en los mismos municipios, ofreciendo un pago de entre 150 pesos por metro cuadrado, y donde algunos ejidos como Santa Isabel Ixtapa y Nexquipayac, que en 2001 participaron en la defensa de la tierra,  han vendido más de 600 hectáreas.

Paulatinamente, la compra de terrenos, la “recuperación” de predios ocupados de manera irregular y el ejercicio del control político autoritario por el Partido Revolucionario Institucional en sus niveles federal, estatal y municipal, han generado un ambiente de tensión social constante en San Salvador Atenco, enmarcado por la intención de los proyectos de “resguardo territorial” con trasfondo ecológico y de “desarrollo urbano” al oriente del Distrito Federal, que comprende no solo áreas para la inundación de zonas lacustres, sino también espacios para la construcción de viviendas multifamiliares de 75 metros cuadrados, vialidades de alta velocidad e incluso, un espacio para un “campo experimental”, según detalló Bernardino Cruz Cardona, integrante del FPDT, durante una asamblea popular realizada en la plaza de San Salvador Atenco el 8 de junio de 2014, ocho días después de que tuvo lugar una asamblea ejidal amañada e irregular donde se decidió el cambio de las parcelas de uso común a dominio pleno, lo cual abre la posibilidad para que los ejidatarios decidan la venta de la tierra. 


Karla en el hotel Chinesca, Mexicali, 2004.
Foto: William T. Vollman

De acuerdo con el abogado Ricardo Lagunes, la reforma para la adopción del dominio pleno sobre parcelas ejidales deriva de la reforma al artículo 27 Constitucional que tuvo lugar en 1992, como una vía para la privatización de la tierra, lo que se refleja este municipio desde el 2007 según datos del  Censo Agrícola levantado por INEGI, donde el 88 por ciento de la superficie de ejidos y comunidades en este municipio reportaban operaciones de compraventa, de las cuales el 73 por ciento fue vendida a persona ajenas al ejido en una superficie enajenada de 13,635.53 hectáreas.

Con todo, a partir de la adopción del dominio pleno en la tierra comunal de Atenco, se abre la vía para que la venta de la tierra llegue a su totalidad. En el fondo, la construcción de aeropuerto en esta zona es un tema que no ha dejado de estar latente para el gobierno federal. En enero de 2008 se anunció la construcción del aeropuerto en la misma zona, pero en las tierras que posee el gobierno federal en los linderos con Atenco (El Universal, 21 de enero de 2008), y en marzo de este año, el FPDT denunció la reactivación de este proyecto por el gobierno de Enrique Peña Nieto, a partir de la realización de asambleas con los representantes ejidales para negociar la venta de la tierra (La Jornada, 29 de marzo de 2014).

De manera similar al escenario previo a la expropiación en 2001, la falta de transparencia en los procesos de toma de decisión ejidal en Atenco, así como la opacidad en la información en torno a los proyectos de desarrollo urbano para la zona, abren paso a la especulación sobre el destino del pueblo de San Salvador Atenco, que, según Bernardino Cruz, quedará reducido al casco central bajo el argumento de que las construcciones que han sido levantadas por los pobladores a lo largo del tiempo, son irregulares. Además, la lectura del proyecto ahora nombrado “Nuevo Oriente Mexiquense”, permite visualizar el desplazamiento de la población en comunidades como Francisco I. Madero y La Pastoría, para las cuales, siguiendo la misma interpretación, se prevé la reubicación de los pobladores en complejos multifamiliares.

Por lo demás, la expansión de la mancha urbana al oriente de la Ciudad de México, acentúa las desigualdades sociales y las contradicciones espaciales donde se encuentran centros comerciales, conjuntos residenciales de interés social y cada vez se extienden más los circuitos y puentes carreteros que enlazan los caminos que rodean el Distrito Federal. Todo esto indica que la urbanización tiende a dominar y expandirse apresuradamente hacia dicho rumbo y, en un plazo no muy lejano, podría absorber a las comunidades atenquenses, si antes no se impone la defensa territorial como eje de la identidad comunitaria en Atenco, y se logra la misma por la vía jurídica y de la movilización social, como hace 14 años.