Reformas como la nueva ley de telecomunicaciones obligan a la sociedad a crear mecanismos contra aquello que pone en riesgo sus derechos humanos, señalaron Sandra Salcedo y José Antonio Ibáñez, investigadores del programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana (Uia).

Para Salcedo es preocupante la falta de seriedad de los legisladores en el análisis de esta norma, evidente en la poca profundidad que dedicaron al estudio de los temas que incluye y su relación con los derechos humanos, así como en los tiempos elegidos para su discusión en el pleno.

Al referirse a la geolocalización, la retención de datos o el bloqueo de contenidos, incluidos en las leyes reglamentarias, subrayó que es erróneo decir a la población que para proteger sus derechos será necesario violar otras garantías individuales.

Los mecanismos que ya se tienen para vigilancia deberían ser suficientes, de modo que las autoridades encargadas de investigar no necesitarían de más privilegios arbitrarios para ofrecer seguridad.

José Antonio Ibáñez, coordinador del programa de Derechos Humanos de la Uia, planteó que el sistema jurídico mexicano se encuentra muy colonizado por el proyecto de nación del actual gobierno, por lo que se puede prever que la reforma será avalada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación sin mayor contratiempo.

Indicó que en la discusión de esta reforma no se tocó el tema de la presencia de monopolios, duopolios y oligopolios, mientras que figuras como la del defensor de las audiencias quedaron plasmadas de forma muy decorativa.

Añadió que en lugar de impulsar la pluralidad de los medios de comunicación y las radios comunitarias e indígenas, la reforma de ley las limita.

En tanto, en el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (Ifai) se dio a conocer que esta semana (a más tardar el miércoles) los comisionados presentarán su posición respecto de las leyes secundarias de la reforma en telecomunicaciones, en particular en lo referente a la posible invasión a la privacidad de los ciudadanos.

Lo anterior, luego que la semana pasada el instituto emitió un comunicado en el que destacó que en la legislación secundaria se prevén supuestos en los cuales es posible que las instancias encargadas de la procuración de justicia y la seguridad nacional pueden requerir la localización geográfica en tiempo real de equipos de comunicación móvil.