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Entregan documentos y más de 10 mil firmas en contra de esa técnica extractiva

ONG demanda al Senado prohibir el fracking por destrozos que ocasiona

Benjamín Robles y Layda Sansores se comprometen a dar entrada a la iniciativa en el pleno

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Miembros de la Alianza Mexicana Contra el Fracking se manifestaron frente a la sede del Senado y exigieron una legislación que prohíba esa prácticaFoto Pablo Ramos
 
Periódico La Jornada
Viernes 18 de julio de 2014, p. 14

Integrantes de la Alianza Mexicana Contra el Fracking (AMCF) entregaron ayer en el Senado una exigencia acompañada con más de 10 mil firmas para que los legisladores aprueben la ley para prohibir de la fractura hidráulica como método de extracción de hidrocarburos en el país.

Lo anterior, dijeron, debido a que el fracking es una técnica altamente perjudicial para el medio ambiente y la sociedad. Agregaron que países como Francia y Bulgaria han prohibido este medio extractor no convencional por los impactos negativos en el medio ambiente.

Los activistas señalaron que la fractura hidráulica o fracking es un proceso en el que se hacen perforaciones profundas (de dos a cinco kilómetros) en la tierra, una vez hecho esto se inyectan a gran presión grandes cantidades de agua, de 9 a 29 millones de litros por pozo, mezclada con arena y cientos de químicos. Esto hace que la roca se fracture y el gas que se libera asciende a la superficie.

En las afueras de la sede del Senado, Claudia Campero, integrante de la AMCF, resaltó que esta técnica tiene una afectación en el medio ambiente, en los mantos acuíferos, en las tierras de cultivo y el aire; además de que dañaría la salud de las personas, violentaría sus derechos humanos, perjudicaría muchas viviendas y tendría impacto en la salud de animales y el entorno cercano a los pozos.

Agregó que el agua que es usada para la extracción de gas y petróleo se le agregan 700 químicos, de los cuales se ha comprobado que la mitad son dañinos para la salud, y la radiactividad de esos elementos es mil veces mayor a la permitida. Asimismo, equipos internacionales de científicos han demostrado que existe 68 por ciento de probabilidad de que las personas que viven cerca de estos pozos (800 metros) puedan presentar cáncer.

Las sustancias utilizadas afectan directamente piel, ojos, riñones, así como los sistemas respiratorio, gastrointestinal, nervioso, inmunológico, endócrino y cardiovascular, también pueden provocar cáncer y mutaciones, añadieron los activistas.

Dijeron además que en varias ciudades de otros países se ha podido comprobar la relación de este proceso de extracción con sismos constantes.

Por ello, esta organización demandó tanto al Senado como a la Cámara de Diputados –donde también se entregará la exigencia– aprueben la Ley General para la Prohibición de la Fractura Hidráulica, que se presentó el pasado mes de abril y que fue turnada a las comisiones unidas de Medio Ambiente y de Recursos Naturales y de Estudios Legislativos.

Los senadores Benjamín Robles y Layda Sansores recibieron el documento, acompañado de 10 mil 280 firmas, y se comprometieron a dar entrada a esa exigencia ciudadana en el pleno del recinto legislativo.

Los activistas de la AMCF informaron que continuarán recabando firmas contra esta técnica, a las que la ciudadanía se puede sumar en la página de Internet.

Posteriormente, en entrevista, ambos legisladores se refirieron a las discusiones sobre las leyes reglamentarias en materia energética. Señalaron que el despojo de tierras a ejidatarios y pobladores de comunidades indígenas que se acepta en esas normas es sumamente agresivo y generará un incendio social.