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Bajo la lupa, el contador que exigía dinero a padres que querían recuperar a sus hijos

Investigan a notario que daba a Mamá Rosa la patria potestad de niños tutelados
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Un momento en la casa hogar La Gran Familia, durante un recorrido del gobernador de Michoacán, Salvador Jara Guerrero, el juevesFoto Ignacio Juárez
Ernesto Martínez Elorriaga
Corresponsal
Periódico La Jornada
Sábado 19 de julio de 2014, p. 13

Morelia, Mich., 18 de julio.

La Procuraduría General de la República (PGR) investiga al notario público número dos de Zamora, Luis Fernando Alcocer, porque otorgaba a Rosa Verduzco la patria potestad de los niños que los padres dejaban bajo su tutela, informaron fuentes de esta dependencia federal.

Entre las 40 denuncias que los padres de familia presentaron ante la PGR en los últimos días, hay otra contra el contador de la casa hogar La Gran Familia, Felipe Serrano, quien se negaba entregar a los niños a sus padres si no pagaban entre ocho y 40 mil pesos, bajo la amenaza de que ellos habían firmado un documento en el que se comprometían a que sus hijos no serían devueltos hasta que cumplieran los 18 años.

Un padre, que omitió su nombre, aseguró que en abril pasado presentó una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos porque Fernando Alcocer se negaba a entregarle a su hija si no pagaba 20 mil pesos. Primero me pedía 8 mil, pero como no tenía el dinero tardé más de 15 días y cuando regresé me subió la cuota a 20 mil. Relata que le ofreció su carro, pero no aceptó y le dijo que presentara una carta al patronato de la casa hogar.

Señaló que su hija, de 13 años, cursa la secundaria, pero se volvió rebelde y hacía lo que quería, ya que él casi no estaba en la casa porque trabajaba de policía y tenía que salir a diferentes partes del país. Se dio cuenta de que algo no estaba bien, tenía cortadas en las manos y, cuando reclamó al contador, éste le dijo que ella sola se había lastimado. Cuando traté de hablar con la señora Rosa, me dijo en tres ocasiones que no podía ­recibirme.

La Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) atendió cuatro quejas contra la Subprocuraduría Regional de Justicia de Zamora por dilación en la procuración de justicia derivadas de las denuncias que padres de familia interpusieron en esa instancia y que reclamaban la entrega de sus hijos, que vivían en el albergue de La Gran Familia. Aunque relató que la queja se interpuso entre 2012 y 2013, en ese organismo aseguran que no la tienen registrada.

Mamá Rosa, de 81 años, sigue internada en el hospital San José, en la zona céntrica de Zamora. Aún no rinde declaración, pero ha trascendido que podría quedar libre en las próximas horas debido a que no hay denuncias contra ella y no se han podido confirmar las sospechas. Hay ocho empleados detenidos y cuatro han admitido delitos que cometían contra casi 500 niños de la casa hogar.

No debió pasar

El secretario de Gobierno michoacano, Jaime Darío Oseguera, justificó que intervinieran fuerzas federales en la revisión de La Gran Familia, tras sostener que lo ocurrido en ese lugar es una falla de todos. No sirve de nada alarmarnos, pero hay que corregirlo; es algo lamentable que no debió pasar.

Tras anunciar que este sábado se trasladará a Zamora para dar seguimiento a lo que desarrollan el DIF nacional, la Procuraduría General de la República (PGR) y la Secretaría de Desarrollo Social, dijo que coadyuvará con las acciones que encabeza la PGR para la reubicación de los niños y para que tengan mejores condiciones de vida. Lo importante en esto son los niños, afirmó.

–¿Por qué se solicitó la intervención de la PGR si el delito es del fuero común? –se le preguntó.

–Eso parece, pero pudiera haber delitos del fuero federal. Ahora sabemos que no había armas.

Oseguera afirmó que existe coordinación entre los gobiernos federal y estatal. Aquí el gobierno toma decisiones en conjunto y asumimos la responsabilidad de apoyar a las instancias federales. Dijo que así lo ha decidido el gobernador y ha dado buenos resultados. Agregó que nadie puede criticar que haya un servicio de competencia concurrente cuando se trata de proteger a los niños.

En cuanto a la posible omisión de autoridades estatales y municipales expresó que se tiene que investigar, pero lo más importante en este momento es la atención de los menores.

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