or desgracia el de José Manuel Herrera Lerma no es el único caso de un pastor evangélico que ha cometido abusos sexuales de infantes. Para consumar la pederastia el líder religioso siguió la ruta de otros ministros de culto que han perpetrado continuamente ataques sexuales a niños y niñas. Pareciera que por distintas vías y en distintos momentos los abusadores descubren los mecanismos que les permiten atrapar en sus redes a las víctimas.

Herrera Lerma pastoreaba la iglesia Senda de Luz en Delicias, Chihuahua. A dicha población llegaron dos niñas, de cinco y seis años de edad, junto con su madre. La progenitora se había divorciado de su esposo, también pastor, a consecuencia de padecer reiteradamente violencia sicológica y física. La madre creyó encontrar un lugar para ella y las niñas cuando decidió refugiarse con José Manuel Herrera, quien ofrecía lugar para mujeres solas y con hijo(a)s. Como tantos otros que primero parecen ser un asidero seguro en medio de las tormentas de la vida, el pastor se ganó a las mujeres por su inicial acto generoso y desinteresado. Después vendría el uso ventajoso de quienes estando en vulnerabilidad fueron sus víctimas.

Quince años después de haber comenzado a sufrir el infierno a que las sometió el pastor, la menor de las dos niñas venció todo lo que encadenaba su silencio y denunció que quien aparentaba ser un benefactor en realidad era un abusador sexual. Ella hizo del conocimiento judicial y público que por ocho largos años, junto con su hermana mayor, fue obligada por el ministro evangélico a realizar actos sexuales para los que aquél decía tener respaldo divino.

Para justificar sus agresiones Herrera Lerma lo mismo repetía textos bíblicos que tenía trances extáticos en los cuales declaraba ser un mensajero de Dios. Las niñas fueron chantajeadas y amedrentadas para guardar silencio, lo que por década y media logró el pastor. Cuando el silencio fue roto, las niñas encontraron personas comprensivas y solidarias que las ayudaron a llevar el caso ante las autoridades judiciales. La semana pasada su victimario, ahora de 63 años, fue condenado a 26 años de cárcel y a pagar 96 mil pesos como reparación del daño que infligió. No hay dinero que repare el atroz suplicio a que sometió por años a las niñas.

Desde que en 1997 algunas de sus víctimas denunciaron a Marcial Maciel Degollado, fundador de los legionarios de Cristo, en México han llegado al conocimiento público bastantes casos de pederastia clerical. La misma ha tenido lugar más en el seno de la institución religiosa predominante en el país, la Iglesia católica; por lo menos así lo demuestra la información periodística acumulada, pero sería un error pensar que los abusos sexuales de infantes están ausentes en otras asociaciones religiosas. Este flagelo también se está presentando en asociaciones religiosas protestantes/evangélicas y, seguramente, en varias otras del abanico confesional existente en el país.

Corresponde a la sociedad civil crear y fortalecer más mecanismos de control que robustezcan la vigilancia sobre quienes usan su ministerio religioso ventajosamente para cometer actos pederastas. Hay que estar alerta cognitivamente contra cualquiera que hace uso del lenguaje mesiánico para presentarse como superior a todos los demás. A un mesianismo tal por regla lo acompaña el trato verticalista y autoritario hacia la feligresía, con la consecuente demanda a ésta de que obedezca a rajatabla las exigencias del líder. No falta, en dicha óptica, la demonización de todo lo externo, ante lo que resulta indispensable protegerse, y quien decide cuál es la mejor protección es el defensor por antonomasia: el autócrata religioso que lanza admoniciones contra los reacios a dejarse guiar.

Las asociaciones religiosas tienen que dar cabida en su declaración de principios al tema de la obligación de respetar la integridad emocional y física de sus congregantes. Tal integridad humana no debe ser vulnerada por los liderazgos y, en casos como los abusos sexuales, además de tomar medidas sancionadoras internas las asociaciones religiosas tendrían que denunciar penalmente a los infractores. El encubrimiento daña irremediablemente a las víctimas, y pone en grave peligro de padecer los mismos abusos a otros por haber dejado en la impunidad al atacante.

Por parte del gobierno federal, mediante la Subsecretaría de Población, Migración y Asuntos Religiosos, es necesario intensificar la vigilancia de las asociaciones religiosas, prestando mayor atención a los perfiles de sus liderazgos, dejándoles en claro que la libertad de culto y creencias está muy lejos de significar licencia para vulnerar los derechos humanos.

Las víctimas de pederastia clerical que se han organizado para denunciar a quienes las ultrajaron han visibilizado una realidad ominosa que muchos se negaron a reconocer que existía entre nosotros. Su aportación fortalece a la ciudadanía, que ya no acepta la existencia de intocables en nuestra sociedad, y por mucho, muchísimo tiempo, los ministros religiosos lo fueron.