Sociedad y Justicia
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Monitoreo de ONG revela que hubo anuncios en horarios restringidos

Incumplen 12 productos reglas de publicidad infantil en televisión

Normatividad 300% más permisiva que en otros países, denuncian El Poder del Consumidor y la Alianza por la Salud Alimentaria

No se regula radio, Internet o mensajes de celular, destacan

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Un grupo de niños se divierte bajo la fuente de la plaza Tlaxcoaque en el centro histórico de la ciudad de MéxicoFoto Roberto García Ortiz
 
Periódico La Jornada
Miércoles 23 de julio de 2014, p. 33

Doce productos incumplieron los lineamientos que la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) emitió la semana pasada, al anunciarse en horarios infantiles de televisión durante cuatro días, esto de acuerdo con un monitoreo de El Poder del Consumidor (EPC) y la Alianza por la Salud Alimentaria. La restricción en publicidad de alimentos y bebidas es débil y limitada, concluyeron en su análisis.

El pasado martes 15 de julio entró en vigor la prohibición para que refrescos, botanas, confitería y chocolates se anuncien en televisión abierta y cable de las 14:30 a las 19:30 horas, de lunes a viernes, y de 7 a 19:30 sábados y domingos.

Sin embargo, estas organizaciones civiles observaron que en el canal 5 de Televisa y en Nickelodeon de televisión de paga se publicitaron los productos Zucaritas y Froot Loops de Kellogs; Trix y Nesquick de Nestlé; Takis y papas Chips, Panditas, chocolate Hersheys, Pelón Pelo Rico y Danonino.

En conferencia de prensa, Katia García, investigadora en salud alimentaria de EPC, señaló que las normas mexicanas son 300 por ciento más permisivas que en países como Reino Unido o Perú, por lo que exigió que estos criterios sean revisados por institutos de salud pública y nutrición.

Es un desaseo profundo de un Estado donde las normatividades se pueden hacer con las empresas, haciendo a un lado a la academia y a la sociedad civil, señaló Alejandro Calvillo, quien dirige esta asociación.

Aunque reconocieron el paso que ha dado la Secretaría de Salud (Ssa) en materia de publicidad infantil, subrayaron que ésta aún tiene limitaciones en cuanto a los medios que regula, pues no contempla radio, Internet, redes sociales, mensajes de celular y telenovelas. La epidemia de sobrepeso, obesidad y diabetes ha sido ocasionada por la ausencia de regulación que ha propiciado el deterioro de los hábitos alimenticios, indicó Katia García.

Calvillo alertó que la difusión de estos alimentos está migrando a la web, pues, desde 2010, 40 por ciento de los productos que se anunciaban en televisión tenían una liga a Internet. A escala mundial, los gastos de las empresas alimenticias para redes sociales pasaron de más de 5 mil millones de dólares en 2011 a 10 mil millones en 2013.

Insistieron en que los horarios que indica el reciente precepto no protege a los niños de nivel prescolar, pues salen al mediodía, lo que les deja dos horas en las que podrían ver comerciales de comida chatarra. Además, durante las vacaciones los niños ven televisión por las mañanas, aunado a que el viernes último de cada mes no acuden a clases.

Xaviera Cabada, coordinadora del sector alimentario de EPC, señaló que el sello que otorga la Ssa a los alimentos con alto valor nutrimental es un engaño no sólo para niños y niñas, sino para los padres de familia, porque creerán que hay menor riesgo en su consumo.

En Chile, Perú y Ecuador implementaron una etiqueta que advierte sobre el alto contenido de azúcar, mientras en México hay un sello avalándolos.

Calvillo explicó que, como la misma Ssa ha reconocido, los principios de regulación se basaron en el “pledge europeo”, una iniciativa de las compañías líderes en alimentos y bebidas para fijar reglas de publicidad de alimentos altamente calóricos. El sueño de las empresas se han cumplido, porque la autorregulación es ahora la regulación, sostuvo.

Ante esta situación, las reglas de la Cofepris tienen una vertiente inconstitucional por contravenir el artículo cuarto constitucional, que establece el derecho a la salud y a la alimentación nutritiva, consideró Alma Meneses, de la Red por los Derechos de la Infancia. El Estado, en lugar de proteger a los niños de estos mensajes erróneos, saca unos lineamientos mínimamente restrictivos, por lo que violenta de manera directa el derecho a la información de niñas y niños.