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Tiene en total abandono las demandas de mejoras laborales, acusan empleados

Cuestionan gestión del dirigente gremial de los trabajadores en el Poder Judicial

Lo señalan de permitir que las vacantes sean ocupadas por protegidos de líderes sindicales

 
Periódico La Jornada
Lunes 28 de julio de 2014, p. 17

Con 14 años al frente del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación (STPJF) y a unos meses de concluir su gestión como secretario general de la organización, Juan Bautista Reséndiz es cuestionado por tener en total abandono las demandas de mejoras laborales y sindicales de los casi 40 mil empleados que integran la institución y por haber avalado el incremento de las cargas de trabajo y el establecimiento de horarios para el personal administrativo.

Además, trabajadores consultados señalaron que bajo la administración de Bautista Reséndiz en el sindicato se repiten hechos como la llamada familia judicial (en la que ministros, magistrados y jueces se ponen de acuerdo para colocar a sus hijos, esposas, familiares y recomendados en puestos de mando, tanto en la Suprema Corte de Justicia de la Nación como en el Consejo de la Judicatura Federal), toda vez que los primeros en obtener la plaza o base en ambas instituciones son protegidos de los líderes del STPJF, en su mayoría conocidos y apoyados por empleados que ya laboran ahí.

Trabajadores entrevistados, que solicitaron el anonimato para evitar represalias, señalaron que la diferencia entre tener o no base en el Poder Judicial de la Federación es abismal, toda vez que los concursos de oposición para acceder a ascensos están prácticamente limitados a los empleados de base, mientras los que no la tienen –hay quienes tienen más de 15 años laborando sin poder conseguirla– deben cumplir con la condición de que su jefe apruebe su participación en el concurso, de lo contrario la posibilidad de ascender es mínima.

Doble labor

Cuestionaron algunos que su líder sindical se desempeñe desde el 2 de mayo de 2011 como magistrado en la segunda sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, ya que –afirmaron– eso ha dado lugar a que descuide sus funciones como representante de los trabajadores de la SCJN y del CJF.

De acuerdo con información que posee La Jornada, las recurrentes quejas por la falta de aumento salarial y el malestar generado por la decisión del Consejo de la Judicatura de imponer horarios de trabajo en juzgados y tribunales, de nueve a 15 horas, con 60 minutos para comer, y otro de seis a ocho de la noche, además de controlar y limitar las horas extras que antes eran fuente de ingresos adicionales para los trabajadores, llevaron al sindicato a demandar al CJF incremento salarial.

Presiones

Ante el descontento y la proximidad de la elección de la nueva dirigencia, a la que podría postularse otra vez Bautista Reséndiz, afirmaron algunos funcionarios que el sindicato presionó al consejo para conseguir incrementos salariales.

Así, en abril pasado, el CJF autorizó un aumento de seis por ciento al salario básico (aplicable a aguinaldo y vacaciones) al personal operativo de los niveles salariales 26 al 33, efectivo a partir del próximo primero de julio.

En el oficio STPJF/SG/ 1300/2014, el sindicato agradeció el aumento a la SCJN y al CJF, pero señaló que conscientes de que dicho incremento no sería suficiente, con prudencia apelamos a su sensibilidad para que se otorgue un incremento significativo al sueldo básico que fuera extensivo además a algunos empleados de los niveles 13 hasta el 25.

El CJF cedió y posteriormente resolvió aumentar cuatro por ciento al sueldo a todo el personal de mandos medios.

Además, el sindicato demandó al CJF (encargado de la relación laboral con todos los trabajadores administrativos de juzgados, tribunales y del propio Consejo) que prevea en su presupuesto para 2015 un incremento adicional al que generalmente se otorga por cuestiones inflacionarias, de tal forma que se recupere a la brevedad posible el poder adquisitivo de todos nuestros agremiados.

Estos aumentos a los empleados sindicalizados contrastan con los beneficios económicos autorizados a los magistrados de circuito en abril pasado, quienes recibieron compensaciones –por las que no pagan impuestos– por concepto de vales de gasolina y gastos de alimentación por 3 mil y hasta 5 mil pesos, respectivamente, al mes.