Política
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Migración: marginación, miseria, corrupción e impunidad
Simón Vargas Aguilar*
E

l pasado mes de mayo las autoridades migratorias estadunidenses alertaron sobre la llegada masiva de menores migrantes a su frontera sur. Los gobiernos de los países involucrados –Estados Unidos, México, Guatemala, El Salvador y Honduras– promovieron reuniones urgentes para presentar propuestas y acciones para resolver esta crisis humanitaria. También organizaciones civiles como Las Patronas, Vía Migrante, Amnistía Internacional y la Iglesia católica han mostrado su preocupación.

Por ejemplo en México el pasado 14 de julio se realizó el Coloquio México-Santa Sede sobre Migración y Desarrollo. Representando al papa Francisco asistió el secretario de Estado del Vaticano, cardenal Pietro Parolin, quien reiteró la urgencia de respetar la dignidad humana de los migrantes indocumentados y de fortalecer las instituciones gubernamentales para que sean auténticamente democráticas, participativas y al servicio del pueblo.

La política es el arte de lo posible. Hagamos posible lo que parece imposible. Seamos ambiciosos al plantearnos los retos. No nos desanimemos por aquello que no son sino aparentes fracasos, expresó el cardenal Parolin, al tiempo que exhortaba a defender y proteger a los migrantes, y más si son menores de edad, ya que están más expuestos e indefensos.

Por su parte el canciller de México, José Antonio Meade Kuribreña, dijo que es necesario llevar a cabo en los países de origen una reflexión profunda que lleve a políticas públicas orientadas a la creación de oportunidades de empleo y de educación.

Sin embargo, en nuestro país aún falta mucho por hacer; según el Reporte 2014 de Tráfico de Personas, elaborado por el Departamento de Estado de Estados Unidos, en México no se cumplen los estándares mínimos para la eliminación del delito de trata de personas y, más grave aún, se presentan casos de complicidad entre algunas autoridades y organizaciones dedicadas a este delito (http://1.usa.gov/1lQI5CU).

Asimismo, señala el reporte de referencia que el gobierno mexicano ha demostrado su incapacidad para investigar y concluir juicios e imponer condenas en contra de bandas o personas que se dedican a la trata de personas, no hay estadísticas sobre las víctimas de este delito y hace falta la plena identificación de las personas vulnerables a este crimen como los migrantes.

En esto coincide la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), ya que aseguró que el Estado mexicano tiene todavía mucho camino por recorrer, por el grado de impunidad que prevalece, ya que en los últimos cuatro años, de 2009 a 2013, documentó mil 545 averiguaciones previas por el delito de trata de personas en todo el país y solamente 127 casos –cuatro del fuero federal y 123 del local–, equivalentes a 8.2 por ciento del total, terminaron en una sentencia condenatoria.

Los migrantes se exponen a muchos peligros en su paso por México hacia Estados Unidos, ya que son víctimas de robos y violaciones por parte de los delincuentes, pero además deben enfrentar otra pesadilla: las autoridades migratorias mexicanas, que son quienes en muchas ocasiones los extorsionan y amedrentan, y también se les ha denunciado por ser ellos quienes los entregan a los grupos del crimen organizado. Sobre este tema es importante destacar que no hay reportadas operaciones relevantes respecto de detenciones o desarticulaciones de organizaciones criminales de trata de personas por parte de las autoridades competentes.

El comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), Ardelio Vargas Fosado, despidió de enero a noviembre de 2013 a mil dos funcionarios por actos de corrupción, sobornos, extorsiones e inclusive ataques sexuales en contra de migrantes centroamericanos, informó durante su participación en el Senado en la Semana del Migrante (http://bit.ly/1qH2O5n).

Con la finalidad de retomar el control en México, el presidente Enrique Peña Nieto nombró a Humberto Mayans Canabal titular de la Coordinación de Atención Integral de la Migración en la Frontera Sur, pero la acción ha sido criticada por activistas y promotores de albergues para migrantes ya que aseguran que hasta que no se erradique la corrupción estas dependencias sólo se convertirán en aparatos burocráticos, tal como ha pasado con otros entes establecidos para la misma causa.

Carlos Aguiar Retes, arzobispo de Tlalnepantla y presidente del Consejo Episcopal Latinoamericano (Celam), afirmó que la inequidad es el factor determinante que detona y multiplica la migración. El crecimiento en equidad exige más que el crecimiento económico, dijo durante el pánel Hominis dignitate: seguridad humana, derechos humanos de los migrantes y vulnerabilidad.

Agregó que Latinoamérica es la región más inequitativa del planeta y que la carencia de caminos para abatirla es un factor de la migración, ya que las personas se mueven por el deseo de encontrar empleo y un salario digno, y así mejorar su condición, entorno que no encuentran en su país de origen.

El problema es complejo y es resultado de décadas de indiferencia y falta de políticas enfocadas en mejorar sus condiciones de vida. Después de que esta crisis se hizo evidente, los gobiernos han comenzado a actuar, pero las medidas no deben estar enfocadas solamente al corto plazo. Todos tenemos responsabilidad en esta problemática y todos debemos participar en la solución.

*Analista en temas de seguridad, educación y justicia. Si deseas recibir mis columnas en tu correo electrónico, te puedes suscribir a mi lista en el siguiente vínculo: http://eepurl.com/Ufj3n

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