Política
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Los de abajo

Esterilización forzada

Gloria Muñoz Ramírez
H

ace más de 15 años que nos vacunan, para que supuestamente seamos más fértiles. El resultado es que en Piltepeco ya casi no hay niños, pero eso ni nosotras mismas lo podemos decidir, acusa Irma Martínez, defensora de las parteras de Huautla, en la Huasteca hidalguense, donde el trabajo ancestral de las parteras está siendo perseguido, al grado de que los niños que no nacen en un hospital no tienen derecho a ser registrados, es decir, no existen.

Esterilización forzada y hostigamiento a la labor de las parteras es parte de lo que Irma Martínez denuncia dentro del Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP), bajo el eje temático Violencia contra el maíz, la soberanía alimentaria y la autonomía, y el subtítulo Devastación de la vida comunitaria.

Sin consulta, indica la activista, los gobiernos federal y estatal llevan a cabo campañas de esterilización dirigidas a las mujeres indígenas de la región, motivo por el que los niños se están acabando. Hace 15 años, acusa, nos empezaron a vacunar, cuando nosotras éramos fértiles y no entendíamos por qué lo hacían. Hoy, en Piltepeco, Hidalgo, sólo hay dos niños en el kínder y como 10 en la primaria.

Al mismo tiempo, denuncian desde la Huasteca, el sector salud quiere desaparecer la partería nahua, violentando las costumbres de los pueblos. Si tú metiste la mano, ahora tú hazle ese papel, el certificado médico, para que saque su acta de nacimiento, porque aquí nada te vamos a dar, le gritó una enfermera del Hospital Regional a una partera que acompañaba a una madre, en un estado en el que se violenta la cultura de los pueblos al no reconocer sus propios sistemas de salud.

La agravante es que ni en los hospitales públicos ni en los privados las indígenas embarazadas reciben buen trato durante la gestación y el parto. Los médicos, cuando los hay en las comunidades, les faltan al respeto y las regañan como si fueran niñas.

Por esto, el TPP demanda que el ejercicio de la partería tradicional sea reconocido como una institución propia de los pueblos, dentro de un marco legal a la par de otras instituciones de salud gubernamental; que la elaboración y aplicación de políticas, programas y servicios de salud impulsados por los gobiernos se realicen junto con los pueblos beneficiarios, y que el elemento cultural sea el eje fundamental en su ejecución.

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