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Organizan caravana y recaban firmas

Repudian el proyecto minero Los Cardones
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Manifestantes que se oponen a la operación de una mina de oro a cielo abierto en la reserva de la biosfera Sierra de La Laguna, en Baja California Sur, recolectaron firmas en el municipio de La Paz para exigir que se revoque la autorización otorgada por la SemarnatFoto Raymundo León
Corresponsal
Periódico La Jornada
Lunes 4 de agosto de 2014, p. 30

La Paz, BCS, 3 de agosto.

Integrantes del Frente Ciudadano en Defensa del Agua y la Vida, formado por más de 30 organizaciones civiles, realizaron una caravana vehicular en rechazo a la resolución de la Dirección General de Riesgo e Impacto Ambiental de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), que autorizó el proyecto Los Cardones para la explotación de una mina de oro a cielo abierto en un predio de la reserva de la biosfera Sierra de La Laguna, en este municipio.

La caravana partió del palacio municipal y concluyó en el kiosco del malecón, donde los manifestantes realizaron un festival artístico y se instalaron dos mesas para recabar firmas contra del proyecto.

Según el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), el proyecto Los Cardones, promovido por Desarrollos Zapal, del grupo Invecture, propiedad de Ricardo Salinas Pliego, pretende ocupar 543 hectáreas en un emplazamiento minero consistente en dos tajos, tepetateras, presa de jales, planta de procesos y obras de protección pluvial.

Además, se prevé construir un acueducto de 36 kilómetros que conectará con una planta desalinizadora en la costa del Pacífico y abrir un camino de acceso, entre otras obras dentro de la reserva de la biósfera.

La organización advirtió que la mina contaminará de manera irreversible la única fuente de agua de medio millón de personas en los municipios de La Paz y Los Cabos. Agregó que la resolución de la Semarnat viola la Constitución, así como tratados y convenios internacionales y el decreto de creación de la rerserva.

Explicó que la minera no puede iniciar actividades porque carece de otros permisos, entre ellos cambio de uso de suelo y licencias de construcción.

El frente anunció que presentará demandas penales y administrativas contra los funcionarios que avalaron el proyecto y los empresarios.