Política
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Michoacán y el monopolio de la fuerza
Carlos Fazio /III
E

n los contextos de conflictos armados, como los que se vivieron en México tras la militarización del combate a las drogas iniciada en diciembre de 2006 por el régimen de Felipe Calderón, las estructuras paramilitares (grupos de limpieza social, escuadrones de la muerte, sicariato, etcétera) son particularmente explotadas para la protección extorsiva, extralegal, de intereses económicos. Esas agrupaciones pueden ser activadas como dispositivos para la producción de riqueza y la acumulación violenta del capital y en tanto tales, son consustanciales al capitalismo criminal de nuestros días, como contraparte simbiótica, ineludible, del capitalismo formal y/o legalmente existente.

Con Benjamin y Agamben podría afirmarse que la crisis sistémica del capitalismo de comienzos del siglo XXI ha hecho de la guerra un modo de vida en el marco de un estado de excepción permanente. En su actual fase de reconstrucción catastrófica (Ana Esther Ceceña dixit) el sistema genera situaciones de guerra por doquier. México no es la excepción. Y en las guerras, en cualquiera de sus variables, las reglas de la economía se transforman radicalmente y las transacciones mercantiles se desarrollan en campos o mercados de violencia, en los que se establecen sistemas económicos basados en el uso y la generación de una violencia reguladora, a la manera de una mano visible que regula la resolución de los conflictos y −cuando no produce un desorden irremediable− la continuidad del círculo vicioso de la ilegalidad.

En esas circunstancias, la economía y el ejercicio coercitivo de una violencia disuasiva, represiva o aniquiladora se reproducen mutuamente, y pueden conducir a situaciones de autoestabilización de un régimen u orden definido por intereses económicos, sean lícitos o ilícitos. La provisión de seguridad extralegal (de tipo caciquil, paramilitar o mafioso) a las diversas operaciones ilegales que tienen lugar en zonas de im­portancia geopolítica o de bonanza económica sirve de mecanismo para asegurar resultados ventajosos en transacciones riesgosas, en particular, en contextos en los cuales la confianza y la seguridad son casi inexistentes. Por esas razones, el elemento económico resulta crucial en la producción y reproducción de las estructuras criminales del narcoparamilitarismo y la manipulación mediática de lo militar, como ha venido ocurriendo en Colombia y México.

Otro elemento clave, íntimamente ligado a los dos anteriores, es el territorial. El control económico y social (capacidad de orden y dominación) mediante la violencia tiene un fundamento geográfico, territorial. Los actores armados pueden garantizar la protección extorsiva o amenazar con sanciones creíbles −pensemos en los descuartizamientos de personas y los colgados de los puentes practicados o atribuidos oficialmente a Los Zetas y La familia michoacana− sólo en aquellos lugares en los cuales son capaces de sostener una presencia de tipo militar, ya que su ausencia es una invitación abierta a la intervención de sus rivales.

Es en virtud de ese postulado que los grupos de limpieza social, los escuadrones clandestinos y otras formaciones armadas ofrecen su particular tipo de efectividad brutal. Para lograr el control territorial en zonas rurales apartadas o urbanas marginales, en el contexto de economías ilícitas, la oferta de seguridad irregular que hacen los paramilitares es utilizada porque su presencia se puede desplegar de manera subrepticia, usando métodos de inteligencia y de coerción, extralegales o ilícitos, y facilitando todos los mecanismos de negación (oficiales). En ese campo, la delegación (de las funciones militares) del monopolio de la fuerza del Estado se da por conveniencia y efectividad, sin descartar que esa cohabitación encubierta conlleve formas de cooperación y competencia y una presumible complicidad.

Cabe enfatizar que la naturaleza paralela e irregular de los paramilitares −las estructuras invisibles presentan la ventaja de ser mucho más sólidas, en determinadas coyunturas, al estar menos expuestas desde el punto de vista político, empresarial, judicial y mediático− facilitó su inserción como defensores o garantes de un régimen económico y sociopolítico en diferentes regiones de México, donde confluyeron intereses de seguridad nacional (por delegación) con los intereses de las élites y el aparato estatal locales, tanto lícitos como ilícitos.

Por otra parte, a diferencia de las estructuras regulares del Estado, el arreglo jerárquico de los grupos irregulares armados no tiene por qué ser rígido y piramidal. De manera transitoria, la fluidez de su estructura les permite pasar de un modelo rígido de jerarquía a formar parte de una red basada en alianzas volubles; a lo que se suma una cierta capacidad de innovación táctica. Asimismo, en el plano espacial, el grupo puede asumir distintas formas, y su éxito dependerá, en parte, del nivel de mutabilidad y adaptación que desarrolle.

En ese contexto, existen ejemplos en México de un involucramiento dinámico de la actividad paramilitar con la política local, en una lógica relacional que fluye en ambos sentidos; es decir, más allá de si fue lo paramilitar lo que copó lo político o viceversa. En el fondo no se trata de una penetración de los grupos armados en la política ni de una politización de los grupos criminales o de autodefensa civil, sino de algo más estructural: la implantación de formas violentas en el ejercicio de lo público; lo que en algunos escenarios incluye la utilización de la violencia como parte de la contención electoral.

Encarar ese fenómeno puede ser más difícil que combatir a un régimen abiertamente autoritario que mantiene formas democráticas. Como señala Charles Tilly, la información, los códigos y los recursos utilizados en el ejercicio político mantienen apariencias democráticas, pero son calificados por las formas subrepticias de la violencia coercitiva.

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