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Hay una iniciativa para modificar la Ley Agraria, sostienen

Ahora se pretende facilitar el despojo de predios, advierten especialistas
Fernando Camacho Servín
 
Periódico La Jornada
Viernes 8 de agosto de 2014, p. 7

Las reformas estructurales impulsadas por el gobierno de Enrique Peña Nieto y aprobadas por el Congreso, así como otras que están pendientes, son un riesgo para los campesinos al facilitar que sean despojados de sus tierras con sólo declarar que ahí se desarrollará un proyecto económico de utilidad pública, aunque en realidad se trate de un negocio de empresas particulares.

Así lo denunciaron los participantes en el Foro Nacional de Derecho Agrario para la Defensa de la Tierra y el Territorio, quienes lamentaron que de esta forma las instituciones del país se vuelven agencias de colocación para compañías trasnacionales.

Francisco Cravioto, del Centro de Análisis e Investigación Fundar, señaló que la reforma energética y las leyes secundarias aprobadas tienen como propósito permitir la entrada de grandes empresas petroleras a sectores fundamentales que antes estaban protegidos por la Constitución.

Un tema particularmente riesgoso, enfatizó, es que se generalice en varias regiones del país la utilización de la fractura hidráulica o fracking para explotar los yacimientos de gas shale.

En vez de detener las prácticas contaminantes de ese tipo, deploró el analista, el gobierno de Peña Nieto creó un cuerpo de leyes para facilitar a las grandes empresas del sector energético que accedan a estos recursos, aun contra la voluntad de las comunidades que serían afectadas.

Santiago Aguirre, abogado del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, advirtió que existe una iniciativa para reformar la Ley Agraria, cuya finalidad es facilitar la expropiación de tierras por las autoridades.

Según un documento presentado por el senador priísta Raúl Cervantes Andrade –que se encuentra en comisiones–, gran cantidad de obras para el campo incluidas en el Proyecto de Egresos de la Federación no pueden ejecutarse porque las comunidades las frenan mediante amparos y otros recursos legales.

Por esa razón el legislador propone modificar las leyes de expropiación, de bienes generales y agraria, para que las tierras donde el gobierno declare proyectos de utilidad pública puedan pasar de inmediato al Estado y de éste a empresas particulares, lo cual deja a las instituciones en el papel de agencias de colocación para las trasnacionales, dijo Aguirre.

Claudia Gómez, abogada especialista en derechos de los pueblos indígenas, alertó que aunque aún no se hace pública la propuesta del gobierno para reformar la Ley Agraria, se prefigura que su intención es seguir desmantelando la propiedad social de la tierra y privatizar este recurso.

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