e consumó el gran atraco energético, y más allá de las ganancias directas e inmediatas para los legisladores (ya se denuncia la entrega de jugosos bonos) que se portaron bien, entre los principales beneficiarios de la reforma aparecen los barones de la minería, nacionales y foráneos, quienes ahora también clavarán sus colmillos al petróleo y al gas.

El nuevo negocio que el gobierno federal y los legisladores les han procurado es, ni duda cabe, súper multimillonario y accederán a él sin mayores trámites, pues están en los mismos terrenos que el propio gobierno federal les ha concesionado (una tercera parte del territorio nacional y a precios verdaderamente irrisorios, si es que en realidad los pagan) para la extracción de oro, plata, cobre y demás minerales.

El pastel aderezado, pues, les resulta exquisito y los payasitos muy simpáticos y serviciales, aunque para los barones la fiesta de tres pistas (petróleo, gas y minerales como oro, plata y cobre) tiene un solo inconveniente: la posibilidad, real y cada día más cercana, de que el dirigente del sindicato nacional minero, Napoleón Gómez Urrutia, regrese a México y les apeste la celebración. Y el recientemente avalado por Los Pinos y el Congreso es lo suficientemente apetitoso para que alguien pueda echárselos para abajo.

Y ese alguien es, precisamente, el dirigente nacional de los mineros, el único negro en su enorme plato de arroz blanco. Ocho años atrás, a raíz de Pasta de Conchos, en contubernio con el gobierno foxista, los barones de la minería lograron echarlo del país, utilizando el supuesto aparato de justicia con fines descaradamente políticos. Con el dócil Felipe Calderón instalado en Los Pinos, mantuvieron a Gómez Urrutia fuera de las fronteras nacionales, violando la Constitución de forma por demás grosera y acusándolo por el mismo supuesto delito en 11 ocasiones distintas, mismas que, una tras otra, les ganó limpiamente en tribunales mexicanos (no en los canadienses).

Se supuso que llegado el fin de la decena trágica panista y con el retorno del tricolor a la residencia oficial, el nuevo gobierno no compraría un pleito (a todas luces armado por los barones) que no le correspondía, pero en política las suposiciones suelen no ser efectivas. Así, con la misma actitud persecutoria y enfermiza de las dos administraciones previas, la de Peña Nieto no sólo asumió dicha causa como propia, sino que le echó más ganas, y en apenas 20 meses de estancia en Los Pinos son ya varias las intentonas –fallidas todas– de hacer efectiva la cacería política.

En esos ocho años los gobiernos panistas cometieron todo tipo de abusos y violaciones legales para quedar bien con los barones de la minería; intentaron comprometer al gobierno canadiense e involucrar a instancias internacionales (Interpol, por ejemplo) para alcanzar sus objetivos, y armaron tremenda cuan costosísima campaña mediática para convencer a propios y extraños, pero en tribunales de todas perdieron todas, mientras los cuerpos de los mineros muertos en Pasta de Conchos permanecen bajo toneladas de escombros y Larrea impune.

De hecho, como en su momento se comentó en este espacio, el gobierno canadiense los mandó a paseo y la Interpol desnudó a Vicente Fox y Felipe Calderón, porque esta institución, con sede en Lyon, Francia, ordenó borrar todo archivo relacionado con Napoleón Gómez Urrutia, en tanto que (la petición de ficha roja) fue alimentada con información falsa que envió Interpol-México en contravención a las reglas que rigen a este organismo internacional, es decir, mintieron descaradamente con el fin de entregar en bandeja de plata la cabeza de Napoleón Gómez Urrutia a los barones de la minería. De ese tamaño.

Poco más de un año atrás, cuando Interpol calificó de mentiroso al gobierno mexicano y lo acusó de seguir una causa con fines meramente políticos, los abogados del dirigente minero dejaron en claro (por si alguien tuviera dudas) que tanto Fox como Calderón se apartaron de sus obligaciones nacionales e internacionales a efecto de apoyar a Grupo México (de Germán Larrea) para que se intentara desprestigiar al Sindicato Minero y su dirigencia, en el marco de una persecución política sin precedentes y con el objeto de privilegiar intereses oscuros que motivaron un millonario plan gestado desde los escritorios de la empresa.

Así, Interpol canceló la ficha roja y mandó a paseo al gobierno mexicano, con lo que obligadamente debió cancelarse la persecución política en contra del dirigente minero. Pero, ¡sorpresa!, ocurrió exactamente lo contrario. De nueva cuenta, dos instituciones del Estado mexicano refrendaron su voluntad de servir a los barones de la minería, y la Secretaría del Trabajo (con el antecedente del nefasto Javier Lozano, gato de Larrea) y la Procuraduría General de la República enfocaron baterías en contra del dirigente minero y del propio sindicato nacional.

En reiteradas ocasiones, las mismas en las que corrió la versión de que la extradición de Gómez Urrutia era inminente, los abogados del dirigente minero explicaron que no puede existir una ejecución por parte de la Interpol respecto de órdenes de aprehensión mexicanas que ya fueron canceladas, y no de ayer, sino desde hace tiempo. Las órdenes de aprehensión que ilegalmente habían sido dictadas en su contra y que sustentaron (falsamente) aquella ficha roja se encuentran hoy completamente canceladas por inconstitucionales e ilegales.

Y han detallado que de las 11 órdenes de aprehensión en contra del dirigente minero todas, absolutamente todas se encuentran canceladas, y solamente estamos pendientes de que se resuelva (por el sexto tribunal unitario en materia penal y por el primer tribunal unitario en materia penal, este último como juez de amparo) cómo se le va a dar cumplimiento al último amparo respecto de la última orden de aprehensión que ya cancelaron, y que cabe la posibilidad de que: a) la vuelvan a expedir (lo cual no es posible, porque el amparo es muy claro), o b) que finalmente ya cumpla este magistrado del sexto tribunal unitario dejando sin efectos, en definitiva, todos y cada uno de los asuntos de Napoleón Gómez Urrutia y que él pueda regresar a México.

Las rebanadas del pastel

Más claro no puede ser, porque lo menos importante en el nuevo cuan suculento negocio que el gobierno federal y el Congreso les cocinaron a los barones de la minería es, precisamente, la legalidad. De allí que nuevamente enfoquen baterías en contra del dirigente sindical con el fin de mantenerlo lo más lejos posible para que su caja registradora tintinee permanentemente. Pero no canten victoria.

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