La fracción parlamentaria del PRD en la Cámara de Diputados presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navi Pillay, denuncias por el homicidio del niño José Luis Alberto Tehuatlie, en Chalchihuapan, Puebla.

Los legisladores pretenden que la CIDH adopte medidas cautelares y ordene a las autoridades judiciales del país el deslinde de responsabilidades en torno al citado homicidio, y que la alta comisionada envíe un investigador a Puebla, elabore un informe y emita recomendaciones al gobierno de México.

Roxana Luna, Roberto López Suárez, Elena Tapia, José Luis Muñoz Soria, por el PRD, y la petista Loretta Ortiz demandaron al gobierno de esa entidad que se atienda el origen del conflicto que propició la muerte del menor, se castigue a los responsables materiales e intelectuales y se libere a los habitantes del estado que sin justificación están encarcelados por participar en manifestaciones sociales.

Sobre el particular, el profesor de la Universidad Complutense de Madrid Pedro Pablo Mirralles Sandro, especialista en derecho a la manifestación, consideró un hecho tremendo el deceso del joven y conminó a los mexicanos a impulsar su desarrollo democrático bajo tres ejes: derecho de opinión, derecho de expresión y derecho de manifestación.

Los legisladores, entre ellos Roxana Luna, a quien las autoridades de Puebla se adelantaron a señalar como instigadora de los hechos violentos en Chalchihuapan, reclamaron al gobierno poblano, encabezado por Rafael Moreno Valle, que presente elementos de prueba, porque la ley lo obliga.

La diputada Luna informó que la procuraduría del estado levantó peritajes, pero no los ha dado a conocer a la opinión pública. Todos estamos obligados a aportar pruebas, repuso.

Su correligionario Roberto López reprochó la postura de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que empezó una investigación en torno al homicidio. Hace tiempo que el titular de la CNDH ha dejado de cumplir sus tareas. Aquí en la Cámara de Diputados se aprobó su comparecencia desde hace varios meses, y se ha negado a venir. En dos ocasiones nos dejó plantados.

Así, los legisladores del partido del sol azteca concluyeron que el uso de la fuerza con armas potencialmente letales contra los manifestantes se ha vuelto una práctica en el estado de Puebla. A pesar de que se han documentado el uso de esos proyectiles, tanto en la Comisión Estatal de Derechos Humanos como en organizaciones civiles y testigos en Chalchihuapan, la policía sigue sosteniendo que no posee esos artefactos.

Las inconsistencias en la investigación y las declaraciones contradictorias de Moreno Valle son evidentes. A pesar de que el certificado de defunción, firmado por un forense profesional, sostiene que el menor murió a causa de un hematoma, de edema y hemorragia por trauma craneoencefálico, la autoridad estatal insiste en que falleció por un trauma cardiorrespiratorio, y posteriormente dijo que por los efectos de un cohetón.

Los diputados que se suman al rechazo contra Moreno Valle refirieron que además de los esfuerzos de éste por acallar y alinear a la prensa local, a escala federal la Secretaría de Gobernación, en conjunto con la Comisión Nacional de Seguridad y la Policía Federal, emprendió una campaña en YouTube para difundir los resultados de la autopsia realizada a José Luis, lo que constituye un despliegue sin precedente de recursos para apoyar y difundir las indagaciones, que por el momento sólo son oficiales a escala estatal.

Los diputados también remitieron el texto al relator especial de ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, Christof Heyns; al relator sobre el derecho a la libertad de reunión y asociación pacífica, Maina Kiai, al relator especial sobre promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y expresión, Frank La Rue, y al representante en México de la Alta Comisionada, Javier Hernández Valencia.