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En el centro de las acciones del gobierno está la política de seguridad y justicia, dice

Destaca Osorio el papel del Estado en la defensa de garantías fundamentales

El uso legítimo de la fuerza no debe implicar la violación a los derechos humanos, advierte

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El procurador general de la República, Jesús Murillo Karam; el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong; la presidenta de la CIDH, Tracy Robinson; el canciller José Antonio Meade y el senador Raúl Cervantes, durante la inauguración del 152 periodo extraordinario de sesiones del organismo internacionalFoto Jesús Villaseca
Emir Olivares Alonso
 
Periódico La Jornada
Martes 12 de agosto de 2014, p. 13

El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, destacó el papel del Estado mexicano en favor de la defensa de las garantías fundamentales. ‘‘Muestra de ello es la política de seguridad y justicia que este gobierno tiene en el centro de sus acciones a los ciudadanos. Porque el uso legítimo de la fuerza no puede ni debe implicar la violación a los derechos humanos’’.

Al encabezar la inauguración del 152 periodo extraordinario de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) –cuyos trabajos se efectuarán durante esta semana en México–, donde se dijo que aun con los avances en materia legislativa todavía faltan grandes pasos para concretar la garantía de los derechos fundamentales, el funcionario federal indicó que en el actual gobierno se ha ampliado y robustecido el andamiaje legal e institucional a fin de salvaguardar estos derechos.

Para alcanzar esa meta, afirmó, se promulgó y fortaleció la Ley General de Víctimas y se instaló su sistema nacional de atención, ‘‘respondiendo con ello a una sentida demanda de la población’’. Otro paso fue la aprobación del Código Nacional de Procedimientos Penales, ‘‘que asegura la presunción de inocencia, el debido proceso y la protección de las víctimas del delito’’.

Osorio apuntó que la diversidad familiar que existe en México ‘‘tiene acceso a la seguridad social sin distingo alguno’’, además que el gobierno trabaja en la prevención y sanción de la trata de personas y en garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.

La presidenta de la CIDH, Tracy Robinson, celebró que el actual gobierno haya levantado la reserva a cinco tratados internacionales que impedían el pleno ejercicio de los derechos humanos. Reconoció que recientemente México haya adoptado criterios internacionales para la protección a víctimas y reparación de daños de desaparición forzada y aseveró que la reforma constitucional en la materia, aprobada en 2011, pone al país en el camino correcto.

Persisten pendientes: De la Peña

En tanto, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, Angélica de la Peña, dijo que si bien se han dado avances en la materia en el país, temas como la tortura, la trata de personas, la desaparición forzada, los derechos de los menores de edad, la migración y el reconocimiento a los derechos sociales, políticos, económicos y culturales de las mujeres son algunos de los pendientes en los que se debe seguir trabajando.

En su turno, el secretario de Relaciones Exteriores, José Antonio Meade Kuribreña, destacó los avances normativos en favor de estas garantías, aunque enfatizó que más allá de las normas el objetivo es ponerlas en práctica.

En años recientes México se ha sometido al escrutinio de diversos organismos internacionales y de 2001 a la fecha, dijo el secretario de Gobernación, 44 mecanismos han visitado el país, lo que se ha traducido en recomendaciones y observaciones. Refirió que uno de los retos para el sistema interamericano de derechos humanos debe ser su universalidad, pues de los 35 miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA), sólo 24 forman parte de la Convención Americana de Derechos Humanos.

En la ceremonia también participaron el procurador general de la República, Jesús Murillo Karam; el abogado general de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Luis Raúl González Pérez; el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Raúl Plascencia, y el presidente del Senado, Raúl Cervantes (PRI).

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